Esposas de policías se incorporarán a marcha indígena para dar seguridad física (Jornada 06/10/2011)
La Presidenta de la Federación de Mujeres de Esposas de Policías, Guadalupe Cárdenas, anunció ayer que un grupo de sus afiliadas viajarán hasta la marcha de los indígenas del TIPNIS para ofrecerles seguridad física, atención de salud y ayudar a las madres a cargar a sus hijos, rumbo a la ciudad de La Paz.
Las esposas de los policías que reprimieron la marcha indígena acusaron ayer al Presidente Evo Morales, y al Vicepresidente Álvaro García Linera y al entorno de Ministros, de haberlo ordenado y dijeron que sus maridos se amotinarán si alguno es castigado por ello, al tiempo que pidieron perdón a los marchistas.
Guadalupe Cárdenas, visitó a un grupo de mujeres indígenas para pedir perdón por la actuación de sus esposos, que el mismo Morales calificó de «imperdonable», pero también para subrayar que los agentes solo cumplieron órdenes del mandatario.
«Hemos venido a pedir que nos perdonen porque ha sido una orden y la Ley del sector dice que si no se acata la orden, es baja inmediata», declaró Cárdenas.
Los policías «están entre la espada y la pared» y han decidido que si alguno es castigado o echado de la institución, «habrá un motín a nivel nacional», aseguró a los medios.
«Tiene que investigarse quién ha dado la orden y para eso tiene que mirarse al espejo el señor Presidente», insistió Cárdenas.
Morales ha negado reiteradamente que haya sido él quien ordenó la represión del domingo 25 de septiembre, que fue condenada por la ONU y originó la dimisión de dos ministros y otros funcionarios, además de deteriorar su imagen de ecologista e indigenista.
El mandatario nacionalista culpa a la Policía de haberlo hecho, supuestamente para perjudicar su imagen, mientras que sus colaboradores también niegan cualquier responsabilidad.
Los indígenas, que marchan contra la carretera desde el 15 de agosto porque partirá en dos una reserva ecológica, le acusan de cambiar todos los días de versión y de culpables, ya que también ha acusado a numerosas personas e instituciones nacionales e internacionales en las últimas semanas.
Morales dice que hay otro complot en su contra y ha acusado a los amazónicos, a varias ONG que le ayudaron a llegar al poder en 2006, a exfuncionarios y exmilitantes del oficialismo, a la derecha, a periodistas y medios de comunicación, a la Embajada de Estados Unidos y a la agencia de cooperación de ese país, Usaid, entre otros.
Un millar de indígenas, de los 1.500 que salieron de la ciudad amazónica de Trinidad hace casi dos meses, siguen la marcha contra la carretera financiada por Brasil y construida por una empresa de esa potencia regional, parte de su plan geoestratégico para salir al Pacífico.
La marcha está a unos 200 kilómetros de La Paz, en la población de Entrerríos y, al ritmo que lleva, si no hay nuevos incidentes, llegará la semana próxima a esta ciudad, sede del Gobierno y del Parlamento.
Seguridad física
Por otra parte, Cárdenas sostuvo que «vamos a ir a dar encuentro a los compañeros, dándoles masajes en los pies, cargar a los niños para que las madres no tengan dolor en los brazos, en sus espaldas y vamos a ir con gases lacrimógenos por si algún colono quiere amenazar a los indígenas, asumir seguridad», manifestó sin precisar día y hora del viaje para dar encuentro a los marchistas.
Cárdenas dijo que en el caso Yucumo, el Gobierno desea que los policías de bajo rango paguen los «platos rotos», dejando libre de culpa al Comandante general de la Policía, Jorge Santiesteban, y al Subcomandante Gral. Oscar Muñoz que recibieron las órdenes de intervenir, cuando lo corrector era negarse a ejecutar porque existían niños y mujeres embarazadas.
Las esposas anunciaron también una movilización para que el MAS a través del Senado, apruebe la abrogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional por ser inconstitucional, amordazando a los policías para que no puedan reclamar ni salir a los medios de comunicación.
Según esa disposición legal, un policía encontrado responsable de alguna infracción disciplinaria es sancionado con la baja definitiva sin derecho a jubilación, y cuando está en fase de investigación es suspendido sin goce de haberes mientras dure la investigación por un hecho motivo del proceso interno, afectando a los ingresos económicos familiares.
