Desmienten mitos de inversión extranjera en hidrocarburos (El País, 3.4.16)

En este trabajo afirman: “la antigua YPFB sí tenía el capital suficiente para invertir en exploración y explotación de  hidrocarburos, sólo que los neoliberales la descapitalizaron al obligarle a transferir más del 65% de valor total de su producción al Tesoro General de la Nación (TGN); todo con el fin de financiar y cubrir los gastos que implicaban las reformas neoliberales”.
Según la información presentada por los autores, en el año 1954 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) había logrado el autoabastecimiento de combustibles (soberanía energética); años después había construido las refinerías Gualberto Villarroel, Guillermo Elder Bell y Carlos Montenegro.
También construyó una red de ductos que “garantizaba la distribución de combustibles a los centros poblados más importantes del país, y había proyectado su extensión para cubrir las regiones más lejanas del país”.
Junto a esto, había profesionalizado y permitido “la alta especialización en temas hidrocarburíferos de infinidad de bolivianos, que al realizar su trabajo en YPFB, habían también logrado apropiarse y traer al país los conocimientos y tecnologías más adelantadas de su época”.
Después de la privatización, las transnacionales sólo habrían realizado pequeños ajustes, sin ampliar ni extender el gasoducto a otras áreas. “Así sucedió también con otros gasoductos pequeños con los oleoductos y los poliductos que sirven para abastecer el mercado interno; las  transnacionales sólo se preocuparon de construir los gasoductos de exportación de gas natural”, agrega el documento.

Las reservas fueron
descubiertas por YPFB
“Es falso que gracias a las transnacionales Bolivia haya descubierto sus hidrocarburos. En realidad, las transnacionales son responsables de la actual crisis energética al no haber invertido en exploración”, afirman los investigadores.
Los datos presentados dan cuenta de que 10 años antes de la capitalización YPFB perforó 244 pozos, mientras que 10 años después, cuando las transnacionales estaban a cargo, se perforaron sólo 225 pozos, lo que evidencia que hubo más operaciones petroleras antes de la privatización de YPFB.
Además, “sólo perforaron los pozos que garantizaban la exportación de gas natural. Luego las empresas exigieron que se les eximiera del compromiso de perforar un pozo por parcela”. El gobierno del expresidente Jorge Tuto Quiroga cedió ante esta exigencia, y en 2001 promulgó el Decreto Supremo 26366, que les autoriza a no perforar y por tanto, a no invertir.

Transnacionales mienten
sobre sus inversiones
El año 2006, como parte del Decreto Supremo 28701 de nacionalización de hidrocarburos, se nombró a Enrique Mariaca (+) como Coordinador de la Unidad de Fiscalización, con base en Santa Cruz (UFSC), de las auditorías a las empresas petroleras.
Mariaca fue un ingeniero petrolero y geólogo altamente especializado y con vasta experiencia en la gestión de empresas hidrocarburíferas, tanto dentro como fuera del país, y en 2006 le tocó encabezar la labor de siete firmas especializadas en auditorías petroleras para evaluar la labor de nueve transnacionales que operaban en Bolivia.
Entre los graves delitos que las auditorías detectaron, resaltan los “beneficios ilegales de las empresas por 1.740 millones de dólares”, que el exministro de Hidrocarburos Andrés Solíz Rada denunció en 2008.
Según distintos especialistas en la materia, estos resultados hubiesen sido más que suficientes para que Bolivia recuperase el control total de las empresas capitalizadas a favor de YPFB, sin temor a juicios, arbitrajes internacionales o indemnizaciones de ningún tipo.
El gobierno de Evo Morales, sin embargo, no aplicó los resultados de estas auditorías (quedando éstas guardadas) en la negociación de nuevos contratos con las transnacionales, incumpliéndose así el propio decreto nacionalizador.
En este sentido, el documento del Cedib afirma que “es claro que las transnacionales petroleras han sido eficientes sólo para mentir y aprovecharse de las riquezas del país”.

Incentivos injustificados
Según Gandarillas y Rodríguez Cáceres, en Bolivia las petroleras no necesitan ningún incentivo porque obtienen ganancias extraordinarias: “por ejemplo, en promedio sólo han invertido 2,38 dólares para tener derechos sobre las reservas que ahora explotan; y sólo gastan 3,75 dólares para extraer esas reservas (costo de producción)”.
Debido a que en Bolivia el precio del barril del petróleo está congelado en 27 dólares, más los impuestos (IVA e IT) el precio es de 31,16 dólares.
El análisis del Cedib argumenta que “a ese precio se descuenta el costo de transporte, siendo el precio final de 28,68 dólares; sobre ese monto se calcula el 50% que las empresas entregan al Estado. Si descontamos los 14,34 dólares que pagan al Estado por IDH y regalías, y descotamos los costos y el capital invertido (6,13 dólares) por las empresas, les quedan libres 8,21 dólares de utilidad. Si relacionamos esos 8,21 dólares con los 6,13 que han invertido, tenemos que en promedio obtienen 133,93% de utilidades por barril de petróleo”.
“A la luz de estos datos es claro que las petroleras no necesitan ningún incentivo”, destaca el documento.