Dejadez institucional da alas a los loteadores (Los Tiempos, 23.11.2014)

El mercado tierras en Cochabamba se afianza y ya no está oculto; es visible y opera a través de una red de loteadores con nexos con niveles políticos, alcaldías e instituciones. El negocio está fuera de control y mueve millones de dólares a costa de la perdida de acuíferos, áreas verdes y tierras agrícolas.
En la última década la mancha urbana en la región metropolitana creció en un 156 por ciento. En 1998, la huella urbana abarcaba 7.383 hectáreas (ha). Pero, para 2011, el límite se extendió a 18.919 ha. Se estima que si la situación se mantiene hasta 2036, la configuración urbana aumentará en un 85 por ciento con 35.088 hectáreas urbanizadas en la metrópoli.
El sociólogo e investigador de temas urbanos del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Alberto Rivera, afirmó que el mercado de tierras no es un “fantasma”, sino que opera con las reglas de oferta y demanda con una lógica neoliberal, bajo una economía capitalista salvaje porque funciona sin “normas ni ética”.
El destape del mercado de tierras se refleja en la aparición de anuncios de venta de terrenos y casas en urbanizaciones que se exponen en oficinas en pleno centro de la ciudad, en el mercado La Pampa, en publicaciones y en programas televisivos.
La venta se realiza hasta en chicherías donde las transacciones se hacen con minutas de compra que se emiten en hojas de cuaderno. La promesa de los loteadores siempre es la misma: “se legalizará con la Ley 247”.
“No está oculto”, enfatizó Rivera. Dijo que “nadie le tiene miedo” debido a que no existe una ley que sancione al que vende la tierra sin papeles. A ello se suma que existen mercados dominicales, como en la avenida 6 de Agosto, que reúne gente sin casa con loteadores.
Al respecto, el responsable de Gestión y Desarrollo de la Región Metropolitana, Omar Fernández, informó que la oferta de tierras es visible en pancartas de calle, lienzos, avisos, árboles, panfletos e incluso en medios de comunicación escritos radiales y televisivos.
En este mercado, los documentos no tienen regularización ni están saneados. Incluso se venden tierras fiscales y colectivas. “Es un mercado donde prolifera la estafa”, puntualizó Fernández.
Otra señal del desborde del mercado de tierras es el aumento de inmobiliarias. En gran parte se trata de negocios clandestinos que evaden el pago de impuestos y generan una red de corrupción en instituciones públicas y personas privadas. Al respecto, Rivera señaló que las mismas están conformadas por redes de abogados, dirigentes, funcionarios municipales e incluso funcionarios del INRA, según algunas denuncias.
Agregó que éstas crean “burbujas inmobiliarias” con sobreprecios millonarios. Al respecto, citó el ejemplo de una vivienda sin servicios básicos ni vías de acceso, que se ofrece hasta en 45.000 dólares. Dijo que durante una investigación, que realizó en 2013, estableció que la oferta de este mercado de lotes, casas y departamentos mueve un billón 70 mil bolivianos.
Añadió que “la tendencia siempre será a subir”. El capital proviene de siete factores: fondos estatales, contrabando, comercio hormiga, venta de vehículos y transporte, remesas, narcotráfico, además de préstamos bancarios.
Ambos concluyeron que el loteador tiene múltiples rostros y es un “mal” que penetró en las instituciones del Estado. Fernández indicó que las zonas más “apetecibles” son los distritos 8, 9 y 14 de la ciudad (Pampa San Miguel y el Parque Tunari). Entre los municipios están Tiquipaya y Sacaba.
Falta de control
El panorama se complica puesto que el mercado de tierras no está regulado. Fernández recordó que las alcaldías son las directas responsables de controlar el cambio de uso de suelo, fraccionamientos y loteamientos. A este control se suma que la Autoridad de Bosques de Tierras (ABT), no sólo es responsable del control de recursos forestales; sino también del suelo. Asimismo, el INRA, tiene la obligación de revertir o expropiar las tierras que no cumplan la función económica social.
Por ello, solicitará a la Contraloría auditorías a estas instancias, debido a que ven con indiferencia el avasallamiento.
La situación del mercado de tierras se analizó en el taller organizado por la Secretaría de la Madre Tierra y la unidad de Asesoría de Gestión y Desarrollo de la Región Metropolitana de la Gobernación que contó con la participación del Ceplag de la UMSS y el Ceres.

PREMIO AL LOTEADOR
El responsable de Gestión y Desarrollo de la Región Metropolitana, Omar Fernández, indicó que la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario Urbano promulgada en 2012 “se ha vuelto en un premio para el loteador”. Debido a que la estafa que cometió a los compradores queda “impune”. Ante ello, percibe que la Ley quedará “corta” puesto beneficiará a las personas con terrenos con cinco años de antigüedad y con una propiedad. “Hay un loteamiento de engorde, eso es irregular, ilegal. La Ley 247 no regulariza aquello. Entonces muy pronto los loteadores harán toda una movilización para que se regularice todo lo ilegal”, dijo.

OPINIONES SOBRE AVANCE DE CONSTRUCCIONES
SOLEDAD DELGADILLO, ASAMBLEÍSTA
El mercado de tierras ilegal es un negocio altamente rentable. Acá la debilidad institucional es el mayor problema. Los municipios por ejemplo no tienen planes de ordenamiento territorial. Luego, si bien están haciendo su delimitación de área urbana, la misma esta pensada en el crecimiento urbano; no se está trabajando políticas de protección de las áreas agrícolas. Ahí es donde las comunidades tienden a la fragmentación de la tierra agrícola que además está incentivando la migración del área rural y el abandono de la producción para ampliar los barrios en Quillacollo, Cercado y Sacaba. El INRA tampoco está contribuyendo.

MARCELO DELGADILLO, AMBIENTALISTA
Estamos trabajando con la organización de inquilinos de Cochabamba. Habíamos propuesto en algún momento hacer condominios de vivienda social en suelo comunitario para que no se siga loteando. Incluso, se trabajó con la Gobernación, pero no se avanzó mucho debido a que el problema más serio es con estas homologaciones de manchas urbanas y la Ley 247 Regularización de la Propiedad Urbana se ha desatado una cancha libre para fraccionar y lotear. Ahora todo el mundo está en ese afán. No se está controlando, porque para hacer una normativa primero se debía haber hecho una planificación.

MARÍA ISABEL CAERO, CONCEJAL
Las Alcaldías tienen que controlar los loteamientos con sus brazos operativos como son las subalcaldías. El INRA también debe velar por éstas. A pesar que tenemos normativas que dicen que tienen que controlar y si hay construcciones irregulares demoler, éstas no se cumplen. Además, el INRA está saneando tierras, pero, dando la posibilidad de loteos. Ahí debería ser el primer freno. Ocurre que los colonos y las personas que han recibido tierras de vocación en la Reforma Agraria para trabajar la tierra están loteando. Esto ocasiona que tengamos que importar mayor cantidad de alimentos y que Cochabamba deje de ser productora.

OMAR FERNÁNDEZ, GOBERNACION
El mercado ilegal de tierras existe, es abierto y cada vez tiene más presencia (…) Ante ello se está desarrollando un mercado de tierras neoliberal a ultranza y también en un sistema capitalista salvaje. Ello debido a que la oferta, demanda, los precios y las utilidades no están regulados. Son los loteadores y avasalladores quienes definen cuánto ganarán. Este mercado ha desarrollado entidades irregulares, por ejemplo las inmobiliarias. Éstas se han proliferado. Se ve con sorpresa que éstas existen incluso en las comunidades. Son conformadas por una red con inclusive oficinas de abogados, domicilios, incluso dirigentes.