Defensor del Pueblo pide al Gobierno sanciones contra bandos de avasalladores (El Diario, 01.05.05)
Las autoridades nacionales, departamentales y municipales tienen que ofrecer seguridad a quienes compraron legalmente un terreno. Damnificados del avasallamiento de la urbanización Nueva Esperanza, realizaron una nueva manifestación exigiendo a las autoridades del Ministerio Público que solucione conflicto de avasallamientos Oruro,
(EL DIARIO).- El defensor del pueblo, Rolando Villena, reclama al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales y municipales, coordinar acciones para sancionar a los avasalladores de terrenos que en todas partes del país están provocando conflictos sociales, producto de la indefensión de ciudadanos que con esfuerzo de varios años lograron comprar un lote destinado para la construcción de viviendas.
“Este problema es de dimensión nacional que se está presentando en todas las ciudades y que todas las autoridades tienen que atender, para evitar injusticias e indefensión de quienes se sienten afectados con los avasallamientos. Es una preocupación de la Defensoría del Pueblo”, dijo Villena.
El gravísimo conflicto de los avasallamientos diarios que se registran en Oruro fue expuesto por los periodistas. El pasado viernes 26 de abril, incluso los avasalladores hicieron correr a los fiscales utilizando dinamitas y piedras, para evitar su intervención. Cada día hay heridos por golpes contundentes y patadas, pero ninguna autoridad del departamento de Oruro pone orden ni ofrece seguridad ciudadana a la población.
“Los avasalladores son matones que se pintan la cara, utilizan dinamitas y palos, para apoderarse de nuestros terrenos y tratan de engañar a las autoridades del departamento, sin tener planos aprobados ni inscripción en Derechos Reales”, explicó la secretaria de relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, Carmen Tórrez Zambrana.
El secretario general del mismo sindicato, Humberto Apaza, explicó al Defensor del Pueblo, que los avasalladores “utilizan el rótulo de pobres, pero han amasado fortunas, vendiendo nuestros terrenos en 5.000 dólares americanos, pero hoy, en las calles de los avasalladores se pueden ver vehículos de último modelo, casas de dos, tres y cuatro pisos y ahora exigen alcantarillado y la legalización de sus terrenos”.
El Defensor del Pueblo expresó preocupación por los hechos que se suceden en Oruro. Dijo que está compenetrado con los problemas y convocó a las autoridades del Gobierno nacional y de la Fiscalía General del Estado, para que puedan resolver estos conflictos a la brevedad posible, ya que no puede imperar la ilegalidad y la injusticia.
Dijo que no puede dejarse en indefensión a los dueños de esos terrenos, como el caso de los periodistas. “Este es un problema que se está replicando en todo el país y eso se tiene que frenar con la participación de todas las autoridades”, expresó.
Durante la reunión, se denunció que el presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Freddy Huayta Veliz, es el principal impulsor de los avasallamientos y la realización de obras para la gente que vive en esas casas, sin haber pagado ni un centavo por el derecho propietario.
El parlamentario, sin embargo, dijo desconocer a los avasalladores Jhonny Choque Mamani, Gonzalo Villarte Flores, Teodoro Flores Huallco, Liliana Baltazar Mamani, Juana Mamani Mollo, que se dicen ser dueños de las urbanizaciones Virgen del Carmen II y Topater.
El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro pidió también al fiscal de distrito, Francisco Terán y al gobernador Santos Tito Veliz, la demolición de las construcciones clandestinas.
El Gobernador aclaró que en ningún momento ordenó “la legalización de los terrenos que han sido avasallados y que, en ese sentido, se efectuará una conferencia de prensa para explicar que algunos funcionarios subalternos han sido sorprendidos con una audiencia realizada por la Juez de Instrucción Quinto en lo Civil, que pretende desconocer el derecho propietario de los trabajadores de la prensa”.
Ayer, los damnificados del avasallamiento de la urbanización Nueva Esperanza realizaron una nueva manifestación exigiendo a las autoridades del Ministerio Público, una “inmediata solución del conflicto provocado por los dueños de lo ajeno”.
