Daños ambientales en Tarija, entre el olvido y la burocracia (El País, 7.2.19)
Los daños ambientales en Tarija producto de accidentes que tienen que ver con hidrocarburos, como derrames o incluso explosiones, generan daños ambientales que con el tiempo van quedando en el olvido, situación que tiene que ver con la burocracia que impide a los afectados lograr generalmente hacer un seguimiento hasta la conclusión de los procesos y evaluaciones.
Un derrame de hidrocarburos en Caraparí, una explosión de un ducto en Villa Montes, un ducto en Bermejo que vertía hidrocarburo directamente al río que pasa por la ciudad, muerte de peces en Churumas, afecciones en la salud de los pobladores circundantes y contaminación del agua, son algunas de las situaciones que han generado noticia en el último tiempo en el departamento de Tarija, con una repercusión que llegó al estrato nacional.
George Campanini, investigador del Centro de Estudios de Documentación e Información Bolivia (Cedib) que hace seguimiento al tema medio ambiental, explicó que cuando se genera algún incidente que tenga una repercusión en la naturaleza de su entorno, se activa un procedimiento establecido en un manual que es de conocimiento de cualquier empresa petrolera desde que presenta su Estudio de Impacto Ambiental.
Lo primero que procede es una evaluación del daño, y a partir de la generación de informes que tienen carácter técnico y social a raíz de un estudio de campo, lo que sigue es una reparación del lugar afectado mediante una limpieza profunda. Asimismo, según los resultados se establece si procede o no una compensación para los comunarios afectados.
Sin embargo, según Campanini, es el Estado el que debe hacer cumplir estos preceptos, y si bien las normas de medio ambiente en Bolivia en los últimos años han entrado en un proceso de flexibilización, esta instancia es la que debería encargarse de fiscalizar a las operadoras petroleras, que en la mayoría de los casos son empresas transnacionales.
“Nuestras normas son débiles pero también la institucionalidad lo es, lo correcto sería fortalecer esto y que se tenga presencia real para hacer cumplir las normas y se atiendan desde incidentes hasta los delitos ambientales, que se establezcan las responsabilidades correspondientes, sin embargo no hay ninguna entidad que siga con claridad los resultados y lo que ocurre es que las comunidades terminan peregrinando por su cuenta”, expuso.
Hay casos en el ámbito de hidrocarburos, según Campanini, en los que pese a los años de trascurrido un incidente medioambiental, todavía quedan impactos perceptibles hasta la actualidad. Asimismo, se conoce sobre empresas que tratan de callar a los comunarios con dinero.
Norma Flores, asambleísta de Villa Montes, sobre el tema dijo que en los casos que se han conocido sobre accidentes relacionados con hidrocarburos, no se ha logrado conocer a detalle el desenlace, sobre cómo se mitiga o las compensaciones que establece la ley, al tratarse esto de un tema complejo porque tiene que ver con petroleras y el Gobierno.
El concejal salteño, Alejandro Guzmán, quien recientemente verificó en Bermejo el caso de derrame de hidrocarburos de un ducto directamente sobre el río que divide a Argentina y Bolivia, explicó que pese a las notas enviadas a Cancillería, no se logran respuestas. Asimismo desde Caraparí, el dirigente de San Alberto, Rodolfo Fernández, puntualizó que las gestiones realizadas por el derrame en el lugar, de a poco van quedando en informes y no se tienen los medios económicos para hacer el seguimiento.
Lo que dice la normativa ambiental en Bolivia
Según el Reglamento Ambiental para el sector Hidrocarburos del 19 de julio de 1996, los planes de contingencia deben ser actualizados anualmente y debiendo contar como mínimo con los siguientes componentes: la política responsable; objetivos y alcance; área geográfica. Identificación de áreas ambiental y culturalmente sensibles que requerirán atención en el caso de producirse un derrame. Medidas de mitigación y restauración para casos en los que se presenten derrames.
