Criminalización de la protesta social en América Latina en el contexto minero extractivo (OCMAL, 11.8.17)
La oposición a la minería debe entenderse como la lucha por los derechos que esa actividad no respeta, pues “cada derecho que se le otorga a una empresa, es un derecho que se le resta a una comunidad”, asegura el coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), César Padilla.
La OCMAL es una red de muy diversas organizaciones sociales que luchan por la defensa de las comunidades y las poblaciones afectadas por los impactos de la minería en la región. Surgió como una respuesta al avance de la actividad minera y el extractivismo.
En entrevista para Radio Mundo Real otorgada a los activistas Aldo Orellana López y Sian Cowman, del Centro para la Democracia, Padilla se refirió a la criminalización de la protesta social como una de las múltiples estrategias del extractivismo minero para anular la oposición y la crítica a esa actividad. La criminalización busca desarticular a las organizaciones sociales y a la resistencia en general.
La charla con Padilla tuvo lugar en el marco de la Conferencia Internacional “Derechos Humanos, empresas transnacionales y hegemonía China en Bolivia”, realizada por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) el 20 de julio, en la ciudad de Cochabamba.
En la entrevista, el coordinador del OCMAL habló también de la forma en que la criminalización es inherente al extractivismo; del rol que juegan el Estado, las corporaciones transnacionales y los medios de comunicación en estos procesos; de la conexión que existe entre la criminalización y los asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente y los derechos humanos, que según organizaciones como Global Witness, aumenta cada año de forma impune.
Padilla hizo referencia además a la necesidad de fortalecer ciertos mecanismos que existen para la protección de esos defensores y defensoras, con el objetivo de terminar con el manto de impunidad. El dirigente hizo un llamado a reforzar esos mecanismos, pero también a impulsar otros a nivel internacional, y a tomar acciones no solo en los países y territorios donde existen proyectos extractivos y hay criminalización, sino también en los estados de donde son originarias las corporaciones transnacionales que realizan las actividades extractivas.
