Con un ardid se abrió paso a la exploración hidrocarburífera en tierra tacana (Página Siete, 26.1.17)
Hace cuatro años funcionarios de Gobierno ingresaron a la comunidad con la promesa de poner en marcha el proyecto “Mi Agua”. Nada de esto se cumplió. Lo que sí se implementó fue el proyecto Sísmica 2D Nueva Esperanza.
avier Badani / Enviado especial al Norte de La Paz
Todo comenzó con un ardid. Bajo la promesa de impulsar el proyecto «Mi Agua”, técnicos gubernamentales ingresaron en 2013 hasta el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Tacana II para abrir las puertas a la exploración de hidrocarburos.
Han pasado casi cuatro años y no hay vistas de que el agua llegue. Lo que sí ha arribado a este territorio son los explosivos, las perforadoras, los helicópteros y el pequeño ejército de trabajadores de la empresa china Asociación Accidental BGP, que a diario se adentra en territorio tacana para llevar el Proyecto de Exploración Sísmica 2D «Nueva Esperanza”, de la Cuenca del Madre de Dios.
«Aquí entraron con engaños. Y aún así nunca nos opusimos al proyecto; es para el bien del país. Pero continúan no siendo honestos, incumpliendo los compromisos que hemos firmado y buscando dividirnos para quebrarnos”. Lo dice con un dejo de resentimiento Teodosia Castellón, comunaria de Las Mercedes. Y su queja se repite una y otra vez en los labios de los habitantes de esta TCO, que está enclavada en el último rincón de la provincia Abel Iturralde, en la Amazonia de La Paz.
Fronteriza con Perú, la TCO Tacana II se halla en las puertas de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Manuripi (Pando) y del Parque Nacional Madidi (La Paz), áreas que, aseguran los indígenas, serán afectadas de darse la exploración hidrocarburífera.
Actualmente, el 70% del territorio de la TCO está comprometido en la malla sísmica trazada por la estatal YPFB y la empresa BGP. En este territorio, se asegura, habitan pueblos indígenas no contactados que –según reportes de los tacana basados en informes de trabajadores de BGP– han advertido su presencia en al menos dos oportunidades.
Son tantas y urgentes las necesidades de las cuatro comunidades que conforman la TCO Tacana II, que cuando en 2013 el director del Parque Nacional y Manejo Integrado Madidi, David Pomier, arribó con la promesa de gestionar la presencia de entidades gubernamentales para trabajar en el área, los comunarios festejaron. Y no era para menos.
«Con los dedos de una mano se puede contar las veces que alguna autoridad municipal o gubernamental había llegado hasta entonces a estas tierras”, dice Édgar García Cuéllar, quien entonces era presidente de la TCO.
El ardid…
«(Pomier) nos dijo que comenzarían buscando soluciones al tema de la provisión de agua. Tres meses después, llegó una comisión gubernamental junto a militares, policías y un fiscal. Nos dijeron que para implementar el proyecto ‘Mi Agua’ se necesitaba que un grupo de técnicos ingresen para levantar el estudio de la línea base socioeconómica”, cuenta este indígena tacana.
«Nosotros accedimos. En medio de la conversación, sacaron el tema del estudio sísmico. Nosotros no entendíamos exactamente de qué se trataba, pero insistieron en que ese tema debería ser incluido en el acta oficial del encuentro”, rememora García.
Tras esta reunión, en febrero de 2014, personeros de la consultora Tarija Eco Gestión –contratada por la estatal YPFB– ingresaron a las comunidades para levantar la información necesaria para redactar la línea base socioeconómica y ambiental, que, se aseguraba entonces, sería la base para iniciar el proyecto «Mi Agua”.
Grande fue la sorpresa de los comunarios cuando, meses después, una comisión llegó hasta la TCO para informarles que los estudios realizados en su territorio serían utilizados para la redacción del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), requisito fundamental para llevar adelante cualquier proyecto hidrocarburífero en Bolivia.
El EEIA es un documento donde se establecen medidas de prevención y mitigación para las actividades de este tipo de proyectos con el objetivo de reducir, controlar y evitar impactos ambientales.
De pronto, la negociación con las comunidades se centró en el proyecto de exploración sísmica, mientras las conversaciones sobre el proyecto «Mi Agua” quedaron en segundo plano y, hasta la fecha, congeladas. Funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB impulsaron este nuevo proceso. A éstos, precisamente, acudió Página Siete para solicitar una contraparte sobre las denuncias de los comunarios de la TCO Tacana II. Sin embargo, tras dos meses de insistencia, desde la oficina de comunicación señalaron que no responderían.
La norma exige estudios
La normativa vigente para el sector hidrocarburífero establece la obligatoriedad de llevar adelante procesos de consulta y participación en orden de realizar proyectos como el de exploración sísmica en áreas como en la que se halla la TCO Tacana II. «Por eso nomás han venido inicialmente, ese era su objetivo: abrirse paso para la exploración petrolera”, señala Rolando Justiniano, actual presidente de la TCO Tacana II y comunario de Toromonas.
«Decidimos apoyar el proyecto de exploración de hidrocarburos, a pesar de la forma engañosa con la que entraron hasta nuestro territorio. Pero impusimos nuestras condiciones para precautelar nuestro territorio, que no es sólo nuestro hogar sino nuestra fuente de vida”, argumenta Justiniano.
Con este aval se inició en junio de 2014 el proceso de consulta previa e informada. Para entonces, los líderes de la TCO ya habían tomado contacto con otros indígenas que habían pasado procesos similares, especialmente del Chaco, y con especialistas en el tema de exploración y explotación hidrocarburífera.
Empapados ya sobre la temática, los comunarios de la TCO Tacana II realizaron 56 observaciones al documento EEIA. Entre las observaciones se encontraba el hecho de que el texto no contemplaba un estudio de impacto a los castañales, base fundamental de la economía de los habitantes de la TCO.
Unas 280 familias habitan el área, divididos en cuatro comunidades: Toromonas, Puerto Pérez, Las Mercedes y El Tigre. El 100% se dedica a la zafra de la castaña, actividad que en esta región se inicia en enero y culmina en marzo. Los comunarios subsisten el resto del año con los recursos de la venta de la castaña recolectada.
En ese sentido, los comunarios lucharon para que los puntos de tiro (sitios donde se realiza la detonación de tres kilos de explosivos, a nueve metros de profundidad) se instalen a una distancia de 40 metros de los árboles de castaña y a 100 metros de arroyos, quebradas, salitrales (donde se alimentan los animales) y otros cursos de agua.
Otros puntos que trabaron la negociación, que se alargó por más de dos años, fue la cantidad de monitores ambientales tacanas que serían contratados para acompañar a las brigadas de trabajo de exploración sísmica dentro de la TCO y su remuneración. Además del pago por la afectación, que hasta la fecha no ha sido definida.
«Los técnicos gubernamentales nos acusaron de ser opositores al progreso de Bolivia por alargar la negociación. Decían que en el Beni (Área Río Beni, el segundo proyecto de exploración en la Cuenca Madre de Dios), en 15 días habían sellado el tema con los indígenas del lugar. A ver, vayan a conversar con nuestros hermanos benianos y escuchen cómo ellos ahora se arrepienten”.
La estrategia
«Los técnicos comenzaron aquí a querer visitar las comunidades individualmente, buscando dividirnos. Y en El Chivé (comunidad pandina que es el centro de abastecimiento y salida de los tacanas y donde actualmente se alza el campamento base de la empresa BGP), pasaban rumores de que los indígenas no querían el progreso de la región, poniéndonos en contra de nuestros hermanos”, rememora Melkin Quimo, de la comunidad Toromonas.
Con todo, la aprobación final de los indígenas a los acuerdos estipulados en el EEIA requirió de cuatro intensos días de debate, en una asamblea en la que participaron representantes de las cuatro comunidades que componen la TCO Tacana II.
Los comunarios decidieron no participar en los trabajos del proyecto «que destruirá el bosque”, a pesar de que la norma estipula que la empresa debe contratar a pobladores del área para apoyar la labor de exploración.
La presencia de los comunarios se hace presente a través de 48 monitores indígenas que velan por que los trabajos se desarrollen cumpliendo los acuerdos. El acuerdo final se selló en septiembre de 2015. Sin embargo, cinco meses antes la estatal YPFB, mediante nota expresa de adjudicación YPFB-GNCO-063/2015, ya había concretado la contratación directa de la empresa china Asociación Accidental BGP para las tareas de exploración sísmica 2D.
El 12 de febrero de 2016 el presidente Evo Morales arribó a El Chivé para la inauguración oficial del Proyecto de Exploración Sísmica 2D «Nueva Esperanza”, de la Cuenca del Madre de Dios.
Los comunarios de la TCO Tacana II no participaron del evento. Hoy afirman que la invitación oficial fue entregada por funcionarios de la estatal YPFB el mismo día en el que el mandatario llegaba a El Chivé.
Según lo estipulado en los acuerdos, los trabajos de exploración sísmica debían detenerse en diciembre de este año, para permitir así a los comunarios ingresar al bosque para la zafra de castaña. «Ya se van a ir y del agua nada. Parece que, al final, sólo daños nos van a dejar”, se lamenta Gabriel Salvatierra, presidente de la comunidad Puerto Pérez.
La malla sísmica se amplió más allá de lo estipulado originalmente
Las líneas de exploración sísmica 2D, del proyecto «Nueva Esperanza” de la Cuenca del Madre de Dios, se incrementaron, de las 21 que originalmente fueron proyectadas el 2015, a 31. Así lo señalan los monitores indígenas que controlan en campo el trabajo que realizan las cuadrillas de trabajadores de la empresa BGP.
«Han aumentado las líneas sísmicas, más que todo por el noreste de la TCO. Y esa ha sido una decisión tomada entre YPFB y la empresa china en la que no hemos participado las comunidades. Parece que hasta la tierra de los araonas se han extendido. Y de igual manera han avanzado hacia el territorio donde están los hermanos (indígenas) no contactados”, asegura Santos Cáceres, uno de los coordinadores de los monitores indígenas tacanas.
Las líneas sísmicas son brechas en línea recta -de 21 a 65 kilómetros de largo y de 1,30 metros de ancho cada una- que se abren paso cortando la vegetación existente. En cada línea, cuadrillas de trabajadores taladran la tierra cada 50 metros para instalar –a nueve metros de profundidad- los puntos de tiro, donde se introducen tres kilos de explosivos.
Este tipo de proyectos sísmicos se basan en explosiones bajo la tierra que generan ondas de sonido para detectar los posibles lugares donde existen bolsones de gas, petróleo u otros combustibles fósiles.
Los dirigentes de la TCO Tacana II recuerdan que en el documento de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) –acordada el 2015 entre las comunidades y la estatal YPFB– se señala que las líneas sísmicas serían 21. Sin embargo, éstas se habrían alargado e incluso aumentado.
Munidos de un mapa oficial de YPFB, los dirigentes muestran el incremento que no habría sido consensuado con los indígenas. Fuentes de la empresa en Chivé –donde se alza el campamento de la empresa BGP– contaron que este hecho no incumple los acuerdos en lo referido a la extensión acordada para los trabajos de exploración, que es de 1.008 kilómetros.
Según los estudios preliminares, el área «Nueva Esperanza” tiene un potencial de petróleo de 50 millones de barriles. Además se prevé descubrir cerca de 125 billones de pies cúbicos de gas, según datos proporcionados oficialmente por la estatal YPFB.
El proyecto fue otorgado por un monto de 399.019.407,21. bolivianos y planificado para una duración de 486 días a partir de la orden de proceder. BGP es parte de asociación accidental en Bolivia y es filial de la empresa china BGP International, que es al mismo tiempo brazo operativo de la gigante China National Petroleum Corporation, una de las empresas más grandes del mundo, según datos del CEDIB.
Dos son los proyectos exploratorios que se llevan adelante en el norte amazónico del país.
Además del área «Nueva Esperanza” se halla la del área «Río Beni”, que es desarrollada por la empresa rusa Sinopec International Petroleum, con una extensión de 950 kilómetros. En total, ambas exploraciones tienen un área de intervención de 320,45 y 323,7 hectáreas, respectivamente. «Esto representaría el 0,03% y 0,04% de las áreas mencionadas, lo cual representa una mínima intervención”, indicó el presidente de la estatal YPFB, Guillermo Achá.
La autoridad explicó, en una nota institucional pública, «que si bien existirá el uso de explosivos para el proceso de registro sísmico, es necesario puntualizar que estos no son del tipo convencional, sino están especialmente diseñados para este trabajo, puesto que su propósito es proporcionar mayor energía y propagación que potencia, que es transmitida directamente sin efectos en la superficie”.
Un abogado de YPFB terminó en el cepo durante el proceso de negociación
La relación entre los habitantes de las cuatro comunidades que conforman la TCO Tacana II, la estatal YPFB y la empresa BGP ha sido tensa desde el inicio del proceso, que terminó en la exploración de hidrocarburos en el territorio indígena.
Tanto es así que los comunarios recuerdan cómo durante el proceso de consulta previa terminaron poniendo en el cepo (artefacto de madera donde se inmoviliza a una persona por un tiempo determinado) a uno de los abogados de la estatal YPFB, en el marco de sus usos y costumbres.
«Uno de los abogados vino con mentiras para confundirnos. Nos presionaba bajo el argumento de la vigencia del Decreto (Supremo) 2298, cuando éste en realidad se encontraba en proceso de impugnación en el Tribunal Constitucional”, señala Gerald Flower, de la comunidad Toromonas.
«Como castigo, porque se encontraba en nuestro territorio, lo hemos puesto al cepo durante una hora. Creen que porque vivimos en estas tierras olvidadas nosotros somos ignorantes”, recuerda.
Rolando Justiniano, actual presidente de la TCO Tacana II, asegura que los servidores públicos encargados de las negociaciones buscaron dividir a las comunidades intentando conseguir acuerdos individuales con las comunidades saltándose de esta forma la institucionalidad dirigencial de la TCO. «Intentaron ponernos en contra, pero no pudieron porque somos un solo cuerpo”, comenta.
Y si bien se logró firmar los acuerdos, una vez iniciado el trabajo de exploración sísmica la relación se mantiene tensa. Los tacanas aseguran que no se están cumpliendo muchos de los puntos estipulados en el EEIA. Se quejan, además, de que ya comienzan a sentir en su cotidiano los efectos de los trabajos de exploración, como el alejamiento de los animales del bosque que desde siempre han sido la base fundamental de su dieta diaria.
Los primeros días de octubre de 2016, los comunarios lograron frenar los trabajos que se desarrollaban en una de las áreas de la malla sísmica. Una comisión integrada por ocho comunarios evidenció -ante denuncias de los monitores tacanas- que en uno de los campamentos los trabajadores de exploración estaban incumpliendo compromisos suscritos.
«Los pozos perforados en las líneas sísmicas se hallaban a cinco metros de los almendros, cuando el compromiso es que estuvieran alejados 40 metros de castaños y 100 metros de afluentes”, explica Santos Cáceres, uno de los monitores indígenas.
Este hecho, asegura Cáceres, no fue un error por parte de los trabajadores de la BGP, pues los monitores evidenciaron de 800 puntos de tiro que no cumplían los convenios.
El paro de los trabajos fue resuelto después de que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, llegara hasta la TCO para negociar con los indígenas. El encuentro se realizó el 8 de octubre en la comunidad Toromonas. Los comunarios informaron a Romero sobre los incumplimientos por parte de la empresa y sobre la forma «engañosa” con la que se inició el acercamiento entre autoridades gubernamentales –bajo la promesa de implementar en la TCO el proyecto «Mi Agua”- y las comunidades tacanas. Si bien no se firmó un nuevo acuerdo, la empresa se comprometió a cumplir con lo estipulado.
Tacanas temen represalias de indígenas en aislamiento voluntario
«Están cerca. No vamos a dormir esta noche; vamos a tener que apagar el motor (de luz)”. La alerta corresponde a uno de los trabajadores de la empresa BGP, la noche del 12 de noviembre.
Su voz, transmitida por radio hasta su base central, en Chivé, daba cuenta de la presencia de personas a unos 300 metros del campamento, donde su cuadrilla se había instalado para trabajar en uno de los extremos de la malla sísmica. No era la primera vez. El 23 de agosto ya se había reportado la presencia de huellas de personas, ramas quebradas y restos de alimentos en las líneas sísmicas 12 y 19. Y el 7 de noviembre había ocurrido algo similar.
Para los comunarios de la TCO Tacana II, estas manifestaciones corresponden a pueblos indígenas en aislamiento voluntario que deambulan por las tierras vírgenes de este territorio, específicamente entre los ríos Manurape y Manurime.
«Nosotros alertamos a YPFB y a la empresa de que no debían seguir avanzando por esas líneas, porque allí están nuestros hermanos. Son áreas que (YPFB y la empresa) han aumentado.
Ponen en riesgo a estos indígenas y arriesgan a nosotros, pues en cualquier momento podrían tomar represalias contra nosotros que vivimos cerca de ellos”, señala, uno de los coordinadores de los monitores indígenas que pidió mantener su nombre en reserva.
Según datos de la dirigencia de la TCO Tacana II, los indígenas en aislamiento voluntario, que se cree representan a la etnia Toromona, se hallan en tres sectores cercanos a la malla sísmica, donde trabaja la empresa BGP.
«La empresa está avanzando por sectores que nosotros les hemos alertado no deben hacerlo. Nuestro deber es precautelar la vida de nuestros hermanos. Pero no nos creen. Incluso nos han acusado de ser nosotros quienes vamos a molestar a sus cuadrillas de avanzada. Imagínese la distancia que nos separa como para hacer eso”, dice Édgar García Cuéllar, vicepresidente de la TCO.
El artículo 31 de la Constitución Política del Estado señala que «Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva”. Además estipula que «Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan”.
Ha sido la propia empresa BGP la que reportó a YPFB sobre la posible presencia de pueblos originarios en aislamiento voluntario. Página Siete mandó un cuestionario a la estatal YPFB, en la que se consulta sobre este tema, pero hasta la fecha de publicación de esta nota la empresa no respondió.
Precio de la garrafa de gas llega a los Bs 100 y el litro de gasolina a Bs 10
Aquí las carreteras que conectan a la gente son de agua y los medios de transporte, artesanales embarcaciones de madera llamadas «peque”. El río Madre de Dios y arroyos como el Toromonas son las únicas vías de conexión que tienen los comunarios de la TCO Tacana II.
Claro, depender de los afluentes amazónicos conlleva dificultades. En época seca, cuando merman las lluvias y el nivel del agua declina, salir de las comunidades hasta El Chivé (Pando) –lugar neurálgico para el abastecimiento de los tacana y punto de salida hacia Cobija, la capital de departamento más cercana- puede tomar hasta 15 horas. Se trata de toda una travesía que implica, en el caso de los comunarios de El Tigre, la comunidad tacana más alejada, un gasto de aproximadamente 900 bolivianos para la compra del combustible requerido para impulsar la precaria embarcación. El litro de gasolina llega a los 10 bolivianos, un costo que triplica el monto que se cancela en las ciudades.
«Mandar a un dirigente para cualquier trámite al municipio (de Ixiamas, en cuya jurisdicción se halla la TCO Tacana II) o ir hasta allá para pedir medicinas nos sale una fortuna y toma días.
Primero hay que salir de la comunidad por río hasta El Chivé, que está en Pando. Luego se debe ir por tierra hasta Cobija y de allí se debe viajar hasta Rurrenabaque, que está en Beni. De allí hay que cruzar a San Buenaventura para volver a entrar a La Paz, y de allí viajar hasta Ixiamas.
El retorno es similar”, explica Édgar García, comunario de Toromonas.
Las enormes distancias causan que elementos como el gas sean productos de lujo debido al alto costo de transporte. Una garrafa llega a costar 100 bolivianos, por lo que las familias optan por cocinar con leña. El kilo de carne en El Chivé llega a costar 35 bolivianos y el de pollo, 25 bolivianos.
A la falta de agua potable se suma la carencia de servicio eléctrico. La mayoría de las familias recurren a motores generadores de energía que funcionan con gasolina y que encienden sólo al anochecer. En Toromonas, uno de los comunarios instaló un motor de gran capacidad para brindar el servicio a los habitantes. El costo mensual es de 300 bolivianos, monto que quienes optan por este servicio cancelan en un solo pago tras la zafra anual de castaña.
Ni las unidades educativas ni las postas de salud cuentan con infraestructura adecuada. Es escaso el apoyo del municipio de Ixiamas, de la que dependen las cuatro comunidades que conforman la TCO Tacana II. En Toromonas, por ejemplo, el municipio sólo aportó con 24 calaminas a la construcción de las aulas. Los comunarios pusieron el resto del material y la mano de obra de la estructura para que los 130 alumnos de primaria y secundaria pasen clases. La comunidad alimenta a los maestros desde que éstos se quejaran de la cantidad de alumnos que deben atender, lo que implica mayor carga de trabajo.
La mejor estructura de salud se halla en Las Mercedes, pero carece de medicamentos, ya que la doctora encargada sólo cuenta a disposición con las medicinas correspondientes los seguros Universal Materno Infantil y del Adulto Mayor.
Esta situación se repite en las demás comunidades. «Aquí está prohibido enfermarse. Y si es algo grave, el viaje hasta Cobija es eterno”, explica Teodosia Castellón. Los comunarios hacen uso de hierbas, raíces y otros elementos de la selva para tratar enfermedades, como el cafecillo y el paquio, para tratar el paludismo y la fiebre.
Con todo, una de las pocas alegrías que el Estado ha dado a los habitantes de la TCO Tacana II es la construcción de antenas de comunicación, que son levantadas por la empresa Entel. El proyecto ya lleva un año, pero se preveía que antes de fin del 2016 ya estén en funcionamiento.
«Escucho en la radio la publicidad del Gobierno y me digo: de qué país me hablarán, ¿no? Porque lo que es aquí, nada de esas maravillas han llegado”
, concluye en una asamblea una de las comunarias de Puerto Pérez.
Los trabajos de exploración han ahuyentado a la fauna silvestre
Los efectos del proyecto de exploración sísmica 2D ya se sienten en tierra tacana. Lo señalan así comunarios como Limbert Gonzales, de la comunidad Toromonas. «Con la entrada de las brigadas monte adentro, el sonido de los helicópteros que llevan material y las explosiones, los animales se han ido alejando más y más. Para nosotros ya es difícil cazar”, explica.
La carne de animales como la anta, el jochi y el huaso son base fundamental de la dieta de gran parte de las 280 familias que conforman la TCO Tacana II. Según los comunarios, ahora deben adentrarse cada vez más en el bosque amazónico para encontrar fauna silvestre.
En Puerto Pérez, donde no existe una posta de salud, los comunarios se quejan de que la empresa BGP se comprometió a contar con una brigada de médicos para que cada 15 días visite cada una de las cuatro comunidades. «Nunca cumplieron. Sólo una vez desde que está la empresa pasaron y se quedaron unas pocas horas. De allí, nunca más”, señala Gabriel Salvatierra, presidente de esta comunidad.
En total, son 48 los indígenas tacanas que han sido contratados como monitores, como parte de los acuerdos entre la TCO, YPFB y la empresa BGP. Los monitores se suman a las cuadrillas de trabajo que se adentran en la selva para así vigilar que la labor exploratoria en las líneas sísmicas cumpla con los compromisos alcanzados, especialmente en lo referido a parámetros ambientales. Según los acuerdos, los puntos de tiro deben estar a 40 metros de los castaños y a 100 metros de recursos de agua. Los monitores han reportado de 800 puntos de tiro donde no se ha cumplido con las distancias convenidas en el Estudio de Evaluación Impacto Ambiental.
Los monitores, asimismo, han evidenciado la extinción de fuentes de agua para alimentar a las motobombas que son usadas por las cuadrillas en su trabajo cotidiano.
