CIDOB y activistas se manifiestan en defensa de autoridades indígenas ante la orden de apremio emitida por el Gobierno (ODPIB, 17.07.13)
17/07/2013 (ODPIB).- Esta mañana mediante conferencia de prensa, las y los activistas por los derechos de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) se manifestaron frente a los mandamientos de aprehensión que el Ministerio Público ha emitido en contra de Pedro Nuni, ex diputado indígena; Lázaro Tacoó, ex dirigente del Pueblo Chiquitano, Fernando Vargas, Presidente de la Subcentral TIPNIS y los corregidores del TIPNIS.
Nelly Romero, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) denunció la intransigencia, persecución y amedrentamiento por parte del Gobierno Nacional al emitir mandamientos de aprehensión en contra de los corregidores del TIPNIS, tras el hecho suscitado en la comunidad San Pablo del Isiboro en el TIPNIS, donde los corregidores aplicaron la justicia comunitaria para defenderse de la violación a sus derechos cuando una comitiva presidida por Gumercindo Pradel – Dirigente del Consejo Indígena del Sur (CONISUR)- convocó a una reunión de corregidores, pasando por alto a las autoridades del lugar.
Romero recalcó que se debe aplicar lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE) y lo establecido en la Ley de Deslinde Jurisdiccional en cuanto a ejercicio de la autonomía indígena y el ejercicio de la justicia comunitaria. Asimismo, presentó a la opinión pública el pronunciamiento emitido por la CIDOB en donde cita el artículo 190 “Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencias a través de sus autoridades y aplicaran sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.”
CIDOB califica como inaceptable y arbitrario la forma en cómo se ha tramitado el proceso judicial y carencia de fundamentos objetivos de la acusación fiscal con la única intención de esquivar la verdadera responsabilidad de los autores de la masacre a la VIII Marcha Indígena en la localidad de Chaparina en el año 2011. Por ello, la acusación fiscal resulta criminalizando las justas protestas indígenas del 2011 y 2012, un elemento central de toda la democracia que es el derecho que tienen los pueblos indígenas a protestar libre y pacíficamente.
En ese sentido, denuncian a la opinión pública nacional e internacional la vulneración de sus derechos y la inobservancia por parte del Gobierno Nacional de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución Política del Estado, en lo que se refiere a la autonomía y el ejercicio de la justicia comunitaria. Por tanto, piden:
-Al papa Francisco que pueda visitar Bolivia, aprovechando su llegada a Brasil, para que constate la permanente violación por parte del Gobierno Nacional a los derechos como seres humanos y pueblos indígenas (…).
-Al pueblo boliviano y a la comunidad internacional piden solidaridad, apoyo, y que puedan pronunciarse para que cesen las violaciones a los derechos indígenas y persecución de autoridades (…).
-Que se respeten los territorios indígenas, normas comunitarias, diversidad cultural, y cosmovisión de los 34 pueblos indígenas de tierras que representan de manera orgánica como Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia “CIDOB”.
Acto seguido, la Presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) Yudith Rivero, presentó un pronunciamiento emitido por su organización denunciando que el Gobierno boliviano busca apresar a los dirigentes indígenas para entregar el TIPNIS a la explotación de transnacionales, pisoteando los derechos de los pueblos indígena.
De igual manera, hacen un llamado al pueblo boliviano y a la comunidad internacional a pronunciarse y solidarizarse con los pueblos indígenas que están a punto de ser apresado y estar atentos al llamado de los legítimos representantes indígenas, elegidos orgánicamente y no dejarse confundir con traidores del movimiento indígena que busca negar el derecho de los pueblos. “Rechazamos la persecución política a mujeres y hombres líderes y liderezas del TIPNIS y todo el movimiento indígena. Llamamos a los pueblos indígenas a no permitir que ninguna autoridad, dirigente o dirigente indígena sea procesado injustamente por defender el territorio y la vida” adujo la Presidentas de la CNAMIB.
Estuvo presente también Celso Padilla, Presidente del Consejo Continental de la Nación Guaraní, quien manifestó que se mantendrá la vigilia instalada en las afueras de la Subcentral TIPNIS en la ciudad de Trinidad, Beni, defendiendo a los compañeros indígenas que intenten apresar.
“Bolivia no está sola, los pueblos indígenas de Bolivia están en alianza con 17 países internacionales a la cabeza de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la cuenca Amazónica (COICA), Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y el Consejo Continental de la Nación Guaraní».
«Exigimos qué se haga la investigación correspondiente de lo sucedido en Chaparina, hay muchos hermanos indígenas que están con secuelas, recientemente perdió la vida un hermano del TIPNIS; Juan Yujo, por producto de la represión sufrida. Pedimos que se deponga su actitud del Presidente Evo Morales y sus ministros para que podamos sentarnos a debatir las propuestas. No podemos seguir peleando entre indígenas, pedimos al Gobierno que deje de dividir a las organizaciones y que deje de manejar a los dirigentes aprovechándose de su poder político, abusando de su autoridad. Creemos que ese no es el camino de los indígenas, queremos que se agote el diálogo y trabajemos como buenos bolivianos” señaló Padilla.
Por su parte, Leonardo Tamburini, abogado defensor de los derechos de los pueblos indígenas, presentó un manifiesto emitido por las y los activista en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, señalando que “Es un acto de atropello que una organización o territorio no tenga las garantías de defenderse cuando intentan arrancarle una decisión que legítimamente ha tomado. Lo que ha sucedido en la comunidad San Pablo, ha sido un intento de arrancarles la representatividad y la decisión tomada por los representantes tradicionales del TIPNIS; que no se haga la carretera por su territorio. Ese es un acto de grave violación a los Derechos Humanos que está protegido y tutelado en todas las convenciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas”.
Señaló también que se ha enviado mandamientos de aprehensión para compañeros que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos, “Si Pedro Nuni, Fernando Vargas y Adolfo Chávez que estaban a miles de kilómetros de los hechos van a ser detenidos, nos tendrían que encarcelar a todos los que defendemos el TIPNIS”, todo ser humano tiene derecho a la legítima defensa, esto no puede suceder en un Estado democrático y de derecho porque a nadie se le puede arrancar la decisión de defenderse”.
Tamburini hizo énfasis en lo que significa el ejercicio de un derecho colectivo fundamental que es el de la jurisdicción indígena originaria campesina, establecido en el mismo rango que la ordinaria en la CPE y que no está siendo respetado. “Se respeta la jurisdicción indígena cuando no existen inconvenientes ni problemas políticos, cuando hay problemas políticos pasa a ser nuevamente algo folklórico, la justicia está subordinada a intereses de actores que el Gobierno tiene en el TIPNIS para volcar la decisión tomada por las autoridades legítimas del territorio de que esa carretera no se construya atravesando el TIPNIS”.
Cerró señalando que todo el movimiento en defensa de los Derechos Humanos, de los pueblos indígenas y del medio ambiente apoya a la dirigencia nacional de la CIDOB y la Subcentral del TIPNIS. “No queremos que exista injerencia de ningún actor en el movimiento indígena para que se transite a un reencuentro, un diálogo y concertación del conflicto en busca de soluciones”.
Carola Aranibar/ Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB)
