CIDOB: “Estamos como en una dictadura” (Bolpress, 14.10.2012)
COICA: “Evo Morales nos ha decepcionado profundamente”
(Equipo de Comunicación Indígena Originario).- La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) concluyó su sexta Comisión Nacional con la firma de seis resoluciones, en las que reconocen a la directiva presidida por Adolfo Chávez, cuyo mandato finaliza en 2015; reciben el apoyo de organizaciones indígenas internacionales para defender al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); y definen nominar a un indígena como candidato para las elecciones de la gobernación de Beni, en enero de 2013, como tercera alternativa al Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales y a los demás partidos benianos.
La Sexta Comisión Nacional de la CIDOB se reunió desde el lunes en el balneario Villa Rosita, Santa Cruz, con la participación de representantes indígenas de Argentina, Paraguay, Brasil, del Consejo Continental Guaraní y de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). En este momento, el apoyo de movimientos indígenas de otros países es fundamental para mantener viva a la confederación boliviana, cuyo delito habría sido exigir el cumplimiento de sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado vigente.
La reunión comenzó con el análisis la Iniciativa de Integración de la Región Sud Americana (IIRSA), un plan consensuado en la década de los 90 por los gobiernos neoliberales que en ese momento campeaban en los países del continente. La IIRSA incluía la construcción de hidroeléctricas, carreteras (como la que Morales pretende tender a través del TIPNIS) y otros megaproyectos.
“El gobierno de Evo Morales vulnera los derechos de los pueblos indígenas, quebranta la unidad de las familias dentro del TIPNIS, se atribuye la conformación de una organización sujeta a los antojos del propio Gobierno. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) va a analizar todos estos temas dentro de su consejo directivo”, dijo Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB.
“Se ha explicado a los hermanos el interés de los gobiernos de América Latina por realizar esas obras. La COICA va a hacer vocería sobre estos reclamos por atropellos de derechos de los pueblos indígenas. La Coordinadora está mostrando que es orgánica. Seguramente de aquí en adelante esta instancia, que aglutina a nueve países, va a hacer más énfasis en las vulneraciones de derechos en Bolivia”, comentó Chávez, del pueblo tacana.
En los últimos meses, el presidente de la CIDOB visitó el TIPNIS para ver la situación de la resistencia de las comunidades a la Consulta posterior establecida arbitrariamente por el Gobierno en la ley 222. Esta “consulta” debía terminar el 7 de septiembre pasado. Pero cuando los comunarios bloquearon los ríos del territorio para impedir el trabajo de las brigadas gubernamentales, Morales decidió extender el plazo hasta el 7 de diciembre. De esta manera, en el Palacio Quemado apuestan a debilitar a las comunidades que reclaman sus derechos, incluidos en la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Es claro que el Gobierno está trabado en el TIPNIS. No pudo hacer su consulta a más de ocho comunidades fuera del Polígono Siete. Dentro del territorio todos los hermanos están en quietud, haciendo la resistencia como corresponde”, dijo Chávez. Ahora Morales dice que más de “dos tercios” del TIPNIS acepta la carretera para destrucción del monte. Por ello, suscribió un contrato con una empresa de la federación de cocaleros del Chapare para la construcción del “Tramo 1”, desde Villa Tunari hasta Isinuta, en la entrada al territorio. Para la CIDOB legítima (pues el Gobierno montó su paralela) el Presidente miente.
“Más de 40 comunidades dicen ‘no’ a la Consulta. Es un problema para el Gobierno, porque también se le viene el Censo (en noviembre) y va a ser la primera vez en que no vamos a ser contados todos los bolivianos”, opinó el líder de la confederación.
En la CIDOB cayó como una broma de mal gusto de Morales el otorgamiento de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a la cocalera Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI). “Cuando quiere, el Gobierno hace las cosas a su forma y eso es abuso de poder. No hace las licitaciones públicas correspondientes y no se puede abrir los sobres para decir si tal empresa tiene registro ante la Cámara de Industria y Comercio, la de Construcción de Caminos o como se llame. El Gobierno hace adjudicación directa, como favoritismo para ciertos grupos de personas. Quiere brindar espacio dentro del TIPNIS para el avasallamiento de los cocaleros”, dijo Chávez.
Entre los participantes de la Sexta Comisión Nacional estaba Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral TIPNIS. Para él, Morales incumple incluso la ley 222 para forzar la construcción de la carretera. “El propio presidente trata de cambiar la interpretación de su ley 222, porque se siente ya perdido con su Consulta fracasada e ilegal. La ley 222 no habla de 2/3 ni de porcentajes en temas de la Consulta. Habla de Consulta a las comunidades del TIPNIS. Si hizo esas consultas ¿por qué no muestra pues el Gobierno cuáles son las 47 comunidades con nombre y apellido? Nosotros tenemos resoluciones de 32 comunidades en rechazo a la Consulta”, dijo Vargas, del pueblo mojeño. Y dio un ejemplo.
“La brigada de Consulta ha llegado a la comunidad Providencia el 30 de agosto pasado. Cuando llegaron, los brigadistas no hablaron de la carretera. En cambio, preguntaron a las y los comunarios si querían mejorar nuestra de educación, si querían tener un centro de Salud, si querían mejorar su situación económica productiva. Sobre estos puntos todos estamos de acuerdo y lo aceptamos, porque es mandato y obligación del Gobierno dar Educación y Salud, entre otras cosas, a todos los bolivianos. En la comunidad le han dejado claro a la brigada que no estaban de acuerdo con la carretera. A los dos días, el Gobierno anunció que la comunidad Providencia está de acuerdo con la construcción de la carretera. De esas mentiras ¿cuántas otras hay todos los días?”, se preguntó Vargas.
“Si el Gobierno dice que hay 47 comunidades consultadas y nosotros hemos llegado a 32, entonces habría 79 comunidades en el TIPNIS ¿Y dónde están esas más de 10 comunidades que antes no había -y que no hay? Esas comunidades son los chacos de algunos comunarios, que el Gobierno hace contar como comunidades. Es una vil mentira más del Gobierno”, consideró.
COICA: “Evo Morales nos ha decepcionado profundamente”
La CIDOB analizó la situación de la organización compuesta por 34 pueblos del oriente, Chaco y Amazonía, y representantes de todo el país y de América Latina evaluaron cómo volver a unificarla, luego de que el Gobierno nacional operara para crear una Cidob paralela, dócil a toda política del MAS. Edwin Vásquez, de la COICA, dijo que “el gobierno de Evo Morales hace respetar los derechos de las grandes empresas transnacionales, pero no respeta los derechos de los pueblos indígenas”.
Este encuentro es apoyado por la COICA, integrada por pueblos de nueve países que reconocieron al directorio de la CIDOB presidido por Adolfo Chávez como el único legítimo. “Aquí está Sudamérica para apoyar a la confederación” de las tierras bajas, dijo tata Rafael Quispe, coordinador de Integración Política de los Pueblos de la CAOI.
Oriel Benites, del pueblo Kaiowa, de Brasil, hizo un pedido a los locales: “Ya pasé mucho peligro, pasé mucho sufrimiento, derramé muchas lágrimas por causa de mi pueblo indígena. Pido a todos los que están acá que sigan la lucha con fuerza, porque siempre hay una presión negativa del propio Gobierno. Pero eso no tiene que jugarnos en contra, tenemos que fijar nuestro objetivo y luchar por nuestro derecho al territorio. En Brasil voy a divulgar la situación de ustedes, pueden contar con el apoyo del pueblo Kaiowa, porque la lucha es una sola”. El joven recomendó esforzarse por convencer a los indígenas actualmente vendidos al MAS. Y finalizó con el recuento de varios nombres de hermanos asesinados por intereses de empresas agroindustriales y sojeras del Mato Grosso.
Edwin Vásquez, coordinador general de la COICA, contó los motivos de su viaje a Bolivia: “Uno de los mandatos de la Asamblea de la coordinadora es acompañar a las organizaciones miembro –en este caso la CIDOB- en sus actividades, en sus demandas y en sus reivindicaciones por los derechos de los pueblos indígenas, básicamente al territorio”, comentó.
“Debemos buscar estrategias para hacer frente a la política de este gobierno, que está atropellando los derechos de los pueblos indígenas. Como COICA acompañamos y vamos a acompañar en este proceso. Este Gobierno atropella la estructura orgánica del movimiento indígena, a través de la CIDOB, que no es una instancia o una estructura del Gobierno. Fue creada la directiva paralela de la CIDOB para que el Gobierno pueda controlarla, tenerla sometida a favor de alguien, no a favor de los derechos de los pueblos. La COICA respalda esta directiva (la de Chávez), toda vez que es la directiva más representativa, cuenta con el apoyo total de las organizaciones comunales de base de la CIDOB”, aseguró Vásquez, del pueblo Huitoto de Perú.
Al coordinador de la COICA no le preocupa el aplicado trabajo del Gobierno nacional para destruir a las organizaciones indígenas críticas a las políticas de Morales. “Toda intención mala siempre se va cayendo. Y el directorio paralelo se va a caer porque no tiene una estructura como la de la CIDOB legítima, que es una organización de 30 años. Y su experiencia de 30 años no es justamente para fortalecer la división, sino para fortalecer la unidad del movimiento indígena”, consideró.
Para Vásquez, la clave del fortalecimiento pasa por llegar hasta las bases en las comunidades. “Debemos imponer la política indígena de la unidad frente a la política de división del Gobierno. Como Coica vamos a buscar recursos económicos para que nuestros dirigentes y hermanos de la CIDOB puedan estar más cerca de las comunidades y así logren afrontar a este Gobierno divisionista de los pueblos indígenas. No vamos a permitir la destrucción de las organizaciones, como intentó hacer el gobierno de Alan García en Perú en 2008. Aunque algunos hermanos habían traicionado al movimiento indígena, fueron fácilmente derrotados porque no tenían representación. Lo mismo sucede aquí y ya sucedió en Ecuador y en Colombia, siempre los gobiernos intentan y nunca no logran su objetivo final”, comentó.
De todos modos, el accionar del Presidente Morales no deja de causarle desilusión: “La gran mayoría tenía esperanzas de que un Gobierno indígena en Bolivia fuera un ejemplo a nivel internacional. Había un Presidente indígena que defendía a la Madre Tierra y a la Pachamama, como decía él. Nos hemos decepcionado profundamente”, dijo el coordinador de la Coica.
“En los territorios de los pueblos indígenas hay petróleo, oro, recursos naturales no renovables, renovables inclusive. Si un Presidente, sea o no indígena, no sabe manejar una política realmente de consenso, de diálogo, de consulta, si no respeta los derechos de los pueblos indígenas va a haber un conflicto tremendo. El gobierno de Morales hace política con soberbia, solamente hace respetar los derechos económicos de las grandes empresas transnacionales y no respeta los derechos de los pueblos indígenas. Ahí está el conflicto. Pero siempre vamos a estar en defensa de nuestros derechos. Así como nuestros hermanos decían: ‘Hemos conseguido nuestros TCO (Territorios Comunitarios de Origen) con lucha y con lucha los vamos defender. El movimiento indígena no está a la ofensiva, sino a la defensiva de sus derechos y territorios”, dijo Vásquez.
El Gobierno nacional promovió la división de la CIDOB para desembarazarse de las resistencias a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, casa grande de los pueblos Mojeño, Chimán y Yuracaré. Para Vásquez, la fantochada de consulta montada según la ley 222 “no es una consulta. No se hace la consulta cuando ya se ha generado un conflicto, sino antes del conflicto. La consulta debería ser bien informada, transparente, para que las comunidades puedan tomar la decisión final. Debería haber una participación amplia de la población a consultar, pero no es el caso de la supuesta consulta el TIPNIS, que tiene una oposición firme sustentada en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas”.
Las resoluciones
Las 13 regionales de la CIDOB definieron “ejecutar la estrategia orgánica y política de resistencia en el TIPNIS con colaboración de la COICA, en el marco del trabajo previsto por la Comisión de Recorrido, de forma de contar con la participación activa y en calidad de observador de esta entidad regional”, dice una de sus resoluciones. (Las seis resoluciones de la sexta Comisión Nacional de 2012 se encuentran en www.cidob-bo.org)
La COICA dio su apoyo absoluto a la directiva de Adolfo Chávez y no reconoce a la paralela propiciada por el Gobierno nacional y dirigida por Melva Hurtado. Otras organizaciones indígenas internacionales que respaldan a la CIDOB legítima son la CAOI y el Consejo Continental de la Nación Guaraní. Todas van a colaborar para realizar un informe sobre la situación en el TIPNIS, así como sobre la división intencionada de la matriz indígena del oriente de Bolivia.
Se comprometieron a “elevar los informes respectivos que surjan del trabajo de la Comisión de Recorrido en el TIPNIS a las diferentes instancias de seguimiento y protección de derechos de carácter internacional, través del directorio y estructura orgánica de la COICA”.
También, anunciaron que van a “denunciar en el contexto internacional, a través de los mecanismos estatutarios y contactos de la COICA, la CAOI y el Consejo Continental de la Nación Guaraní, el despojo de la infraestructura de la CIDOB, así como el allanamiento de sus instalaciones por un supuesto directorio representativo que fue promovido por el Gobierno nacional, con el fin de arrinconar y arrebatar los medios necesarios para el trabajo orgánico de la CIDOB”.
“Aquí hay un mandato de las regionales de los 34 pueblos indígenas de Chaco, Amazonía y oriente. Hemos sido ratificados nuevamente hasta 2015”, dijo el secretario de Educación de la CIDOB Alonso Nate, del pueblo Chimán.
El 19 de junio pasado, la IX Marcha Indígena se encontraba en los alrededores de Yolosita, a 100 kilómetros de la ciudad de La Paz. Ese día se accidentó la movilidad donde viajaba Otilia Cunay, quien falleció al instante. Era esposa de Nate y madre de ocho. Desde entonces, el dirigente de la CIDOB denuncia amenazas y persecuciones por parte de sus hermanos del pueblo Chimán aliados al MAS.
“Cuando llego a mi regional (el Gran Consejo Chimán) algunos me acusan de ser jefe de los maleantes. Es un momento de acusaciones políticas, porque estoy en la lucha del movimiento indígena. Ahora, en mi regional pareciera que están toditos los dirigentes con el Gobierno, pero creo que vamos a lograr unificar a todos los hermanos. Hace tres días estuve en San Borja (Beni), donde no me dejaron hacer nada porque me tenían perseguido. Pero en la noche me iban a buscar los comunarios para analizar todos juntos cómo podemos hacer para terminar con la división”, reveló Nate.
“Ya no queremos servir de escalera de nadie”
Sobre las elecciones para Gobernador de enero de2013 en Beni, dijo que “los comunarios no quieren votar por el MAS. Debatimos con qué partido político íbamos a ir, porque estamos cansados de las mentiras y de las amenazas del Gobierno. En las comunidades están amenazados, por eso los comunarios no quieren venir de San Borja hasta San Cruz: porque tienen miedo. Ahora estamos como en una dictadura”, sostuvo el dirigente de la CIDOB.
Hasta las últimas elecciones presidenciales, en 2009, la CIDOB había votado orgánicamente por el partido de Morales. “Pero hemos decidido que no queremos ser otra vez utilizados. Siempre que apoyamos a algún partido político, una vez que está en el poder nos patea. Como pueblos indígenas somos capaces de presentar candidatos para enfrentar a este Gobierno que nos está pateando”, dijo el chimán.
El 17 y 18 de octubre próximos, las cinco regionales indígenas de Beni decidirán a quién presentar en las elecciones. Alonso Nate considera que lo mejor sería postular a un o una indígena que ya hubiera pasado por la dirigencia orgánica, que no tuviera vínculos con el MAS ni con la derecha tradicional beniana. “En las regionales dicen que no se puede candidatear a un dirigente que esté en funciones, porque así el Gobierno va a intentar descabezar al movimiento indígena. Queremos candidatear a alguien que ya no esté en el movimiento indígena. Pensamos en Adolfo Moye, quien ya fue presidente de la Subcentral TIPNIS antes que Fernando (Vargas). Todo esto se va a ver en Trinidad. También vamos a empezar a trabajar en la presentación de nuestro propio candidato para Presidente del Gobierno nacional. Eso se ha decidido”, contó.
Una foto circulante en Facebook postula a otra candidata, Nazareth Flores, presidenta de la Central de los Pueblos Indígenas de Beni (CPIB) –otro sector de esta organización, liderado por Pedro Vare, decidió someterse al masismo. Consultada, Nazareth rió y dijo que se trataba de una broma de su hermano y compañero Plácido Semo. Repitió lo de Nate: que piensan en candidatear a alguien que no sea dirigente en funciones. “Ahora los pueblos indígenas nos vamos a presentar solos. Ya no queremos servir de escalera de nadie ni estar colgados de nadie”, dijo Nazareth.
La gran pregunta en la CIDOB legítima es cómo rescatar la sede de la matriz, tomada desde hace meses por indígenas pasados al bando del MAS para apoyar las vulneraciones de los derechos de los pueblos realizadas por el Gobierno nacional. Una opción es recurrir a la vía legal, para que el Órgano Judicial reconozca a la dirigencia de Adolfo Chávez.
Pero difícil será, porque la Justicia obedece ciegamente al MAS. Además, el 3 de octubre, día de la CIDOB, el Presidente subió al escenario que mando a construir en la sede de la histórica organización. Ladeado por Carlos Romero y Juan Ramón Quintana, como si fueran alfiles con sombrero de saó, regaló movilidades de segunda a las regionales que mandó a dividir para consolidar su programa de Gobierno, tristemente similar al de gobiernos anteriores.
El movimiento indígena es atacado por toda la estructura del Estado (Plurinacional), el cual está decidido a destruir a las organizaciones que osaron cuestionar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En la CIDOB legítima nunca se opusieron a que un camino asfaltado uniera a Cochabamba con Beni. Solamente pedían y piden que no pase por dentro del TIPNIS.
