CIDOB: “El gobierno está mintiendo al pueblo boliviano” (Bolpress, 14-03-12)

La Comisión Nacional de la CIDOB tuvo lugar el 11 y 12 de marzo en el hotel Don Bernardo de la ciudad de Trinidad, donde comenzó la VIII Marcha Indígena, en agosto del año pasado. El cambio más relevante que hubo en Beni desde entonces fue el cambio de Gobernador. Se tuvo que ir Ernesto Suárez Sattori, una de las últimas autoridades opositoras a Morales, por una jugada política de dos partidos que cada día se parecen más: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora a Beni lo gobierna Haisen Rivera, hombre confiable para ambos partidos.

Participaron en la reunión de la CIDOB representantes de la Defensoría del Pueblo; la representante de Naciones Unidas en Bolivia Yuriko Yosukawa; el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y varias organizaciones urbanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, nacidas con la octava marcha y el conflicto que últimamente corona al TIPNIS.

“La solución de este conflicto va a necesitar mucha madurez política. El gobierno debe despojarse de toda intensión de profundizar este antagonismo. Al contrario, debe actuar con una visión mucho más integral de lo que es Bolivia en su conjunto, como Estado Plurinacional, porque aquí está la esencia misma de la plurinacionalidad, de la pluriculturalidad sobre la que descansa nuestra Constitución. Los pueblos indígenas siembran esta esperanza de no cancelar el derecho que tienen a la supervivencia en condiciones dignas, de acuerdo a su propia cosmovisión, eso es lo fundamental. Las demás visiones sobre el desarrollo rural también pueden ser fundamentales. Desde antes del informe sobre el caso TIPNIS, nunca he percibido que los pueblos indígenas se estuvieran oponiendo al desarrollo, no hay tal cosa. Aquí lo que está en discusión es qué tipo de desarrollo se quiere promover. Debe ser dentro del marco del respeto irrestricto al derecho de los pueblos indígenas. No debe ser un desarrollo a ultranza, que signifique la cancelación o hipoteca de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo el defensor del Pueblo de Bolivia Rolando Villena.

El gobierno de Evo Morales da señales claras de que espera resolver el conflicto por el TIPNIS mediante la confrontación de fuerzas. Para el Defensor del Pueblo este camino es erróneo, porque “se puede entrar en una escalada muy peligrosa de violencia, de enfrentamiento entre bolivianos. No hay en Bolivia esa cultura de la violencia, no tenemos antecedentes que nos digan que se pueden resolver los problemas a través de la violencia. Los saldos van a ser siempre negativos en contra de los más empobrecidos, en contra de los pueblos indígenas. De manera que esa correlación de fuerzas es totalmente desproporcionada. El uso del poder debe ser recursado desde el Estado mismo hacia el conjunto de los bolivianos, particularmente hacia los pueblos indígenas, que están en desventaja social, no están en una relación de igual a igual. El artículo 4 de la Constitución se refiere a la Autodeterminación de los pueblos indígenas, esto significa ‘el autogobierno de los pueblos indígenas’, de manera que toda posibilidad de Consulta debe pasar por este criterio político, para que las decisiones definitivas no sean tomadas solamente desde un órgano del Estado, sino desde relaciones consensuadas de igual a igual, respetando las organizaciones de los pueblos indígenas, sus propias normativas, en la línea de buscar soluciones que permitan verdaderamente un avance y un desarrollo mucho más integral, basado sobre el rostro humano y la realidad de los pueblos indígenas”, agregó Villena.

“Si este gobierno quiere respeto, que aprenda a respetar”

Quienes viven en el TIPNIS denunciaron las permanentes intromisiones de comisiones de funcionarios del gobierno nacional y militares, que llevan a las comunidades antenas parabólicas, motores para lanchas, hasta poleras y pelotas de fútbol, junto a promesas de que una carretera a través del territorio mejoraría el estándar de vida de las familias indígenas. Liderados por el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, los empleados del Estado Plurinacional intentan entrar a las comunidades sin el permiso de las organizaciones locales, como habían exigido.

En la mañana del día 12 llegó a Trinidad una comisión indígena que había estado en el TIPNIS, justamente en la zona del río Sécure, donde se realizaría el Encuentro de Corregidores del 15 al 17 de marzo próximos. “El pueblo ha rechazado la carretera, ha rechazado la Consulta. El ministro Juan Ramón Quintana ha visitado antes que nosotros las comunidades, iba acompañado del alcalde de Moxos. En la comunidad Nueva Galilea les han pedido el permiso escrito de la organización para entrar. Quintana les dijo que él no necesita pedir permiso a nadie, que él podía entrar cuantas veces le dé la gana. Si el ministro Quintana quiere que se lo respete, que primero él respete los derechos de los pueblos indígenas, que primero respete al territorio, a su organización. De ahí tuvieron que retornar para atrás, no siguió hacia adelante. En San Pablo tampoco le dieron importancia y se fue a Gundonovia, donde le han dicho las cosas de frente al ministro Quintana y a la comitiva que iba”, informó el presidente de la Subcentral indígena del TIPNIS Fernando Vargas Mosúa.

“A la comunidad Tres de Mayo llegó luego de nosotros una comisión de Gobierno, integrada por representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de la Alcaldía de San Ignacio de Moxos, más dos efectivos de la Fuerza Naval. La comunidad los recibió primero a ellos, nosotros no participamos de esa reunión. Los comunarios rechazaron totalmente la construcción de la carretera, les dijeron que la Consulta debía hacerse tiempo atrás. Los emisarios del presidente ofrecieron antenas parabólicas, radios, motores, un montón de cosas. En la comunidad les dijeron ¿por qué no hicieron eso antes? ¿Por qué recién ahora están llegando, cuando las necesidades no son de ahora, sino de mucho más atrás?’. Había funcionarios de Riberalta, les pregunté por qué los han traído al TIPNIS. ‘Me han pedido que venga y les ayude’, me dijeron. En la tarde nos hemos reunido nosotros con los comunarios y les hemos explicado la ley 180, luego les hemos explicado la ley 222. Todos sabemos que el artículo uno dice: ‘Es el objeto de esta ley convocar a un proceso de Consulta previa, libre e informada’. De esa forma está mintiendo este gobierno al pueblo boliviano. Aquí, la representante de las Naciones Unidas sabe perfectamente que ‘previa’ es ‘antes de cualquier cosa’. Antes de que yo tenga en la mente tengo que consultar a alguien que le afecte. A estas alturas ya no hay pues, no es Consulta previa, porque el proyecto carretero fue firmado en 2008, ya hay ejecuciones en los tramos 1 y 3, de eso rápidamente se ha dado cuenta la gente. Pero además, la ley de Consulta a los pueblos indígenas del Territorio Parque Nacional Isiboro Sécure dice que ‘se va a Consultar a los pueblos indígena originario campesinos. Y luego, la misma ley habla de pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán. Esto lo leo del artículo 4 de la ley 222. En el inciso a) dice: ‘La Consulta va a ser para que la gente del TIPNIS diga si quiere o no quiere que el TIPNIS sea intangible’ ¡El Gobierno quiere hacer la carretera! ¿Qué carajo quiere hacer con la intangibilidad? Ahí está automáticamente desvirtuando ese principio de Consulta. En el inciso b) dice que ‘la Consulta debe ser sobre si nosotros queremos o no el desalojo inmediato de los asentamientos ilegales dentro del TIPNIS, en particular los que pasan la línea roja’. Eso mismo está en la ley 180 artículo 5. No solamente en la ley 180, también en la ley 1715, en la ley 3545 ¡Miren ustedes cómo se tergiversa la información! Además, en los idiomas que se van a utilizar están el Mojeño ignaciano, el Mojeño trinitario, y todos los otros idiomas, así ya involucra al pueblo Mojeño ignaciano, ahí hay una trampa”, dijo el presidente de la Subcentral del TIPNIS. Y se dirigió a Yuriko Yosukawa, que acompañaba en la testera a los dirigentes de la CIDOB.

“La representante de las Naciones Unidas tendrá que ponerse bien los pantalones. No porque quiero que se parcialice con nosotros, sino porque quiero que cumpla con su representación internacional en nuestro país. Ya se lo pedimos en La Paz, en una reunión ¿no? Entonces primero que se esclarezcan las vulneraciones a los derechos humanos, a los daños físicos y mentales que nos proporcionó el Gobierno el 25 de septiembre (de 2011). Que de una vez el Ministerio Público se ponga los pantalones también, y sea una institución independiente, como lo dice la Constitución, y que de una vez lo cite al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, don Álvaro García Linera, quien dijo públicamente que él sabe quiénes son los que ordenaron la represión del 25 de septiembre. Y el pueblo boliviano sabe que quien ordenó eso se llama don Juan Evo Morales Ayma. Porque la Policía y el Ejército se mueven respetando una jerarquía, es así en Bolivia y en cualquier parte del mundo: el Comandante General de las Fuerzas Armadas y de la Policía es el Presidente del Estado. Después que se nos investigue a nosotros con ese título de que supuestamente hemos secuestrado al Canciller, cuando él (David Choquehuanca) públicamente dijo que no lo secuestraron, sino que lo obligaron a marchar”, contó Vargas.

“Queremos que la representante de las Naciones Unidas cumpla con su rol de exigir respeto a los derechos humanos. No es que le falte el respeto, sino que esa es la verdad. Aunque si le hace notar, seguramente ni le va a hacer caso Evo Morales, porque este presidente dice: ‘Hay que nomás atropellar. Para eso están los abogados, que para eso estudiaron, pa’ que resuelvan el problema’. Es una vergüenza. Sinceramente, a mí me da vergüenza tener un Presidente de esta naturaleza. Si él es el primero que vulnera las leyes ¿Quiere que nosotros los pueblos indígenas también vulneremos las leyes? A nuestra comisión la han seguido los efectivos de la Fuerza Naval. De la comunidad Tres de Mayo nos vinimos ayer y se han venido detrás de nosotros hasta Puerto San Lorenzo. Nosotros nos quedamos ahí, ellos se quedaron ahí. Terminó la reunión y nos hemos venido a las 9 de la noche, porque necesitábamos venirnos urgente. Ahí dejamos a los de la Naval, no sabemos si se vinieron o no. En Puerto San Lorenzo algunos miembros de prensa nacional me decían que se había trasladado un contingente de 100 policías al TIPNIS para detenerme. Me aconsejaron que no me salga por el río, que salga por otro lado. ‘Si el Gobierno quiere detenerme, que me detenga en cualquier lado’, he dicho. Si quiere que se arme la gorda, que se arme la gorda. Nos hemos venido y hemos visto en Gundonovia al barco de la Naval, supuestamente están emitiendo carnets de identidad. Ahora se está trasladando otra comisión del Gobierno más que va a sacar certificados de nacimiento. Han querido repartir víveres para hacerles firmar un documento a los comunarios, pero tampoco les han permitido. Les han dicho que si quieren repartir, que repartan; pero no hagan firmar nada porque ellos no están de acuerdo con la carretera”, expuso Vargas del pueblo Mojeño.

“Mi persona ha presentado demandas al Tribunal Electoral, al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al Ministerio de Obras Públicas, hemos entregado las fotocopias a la representante de las Naciones Unidas. Al Tribunal Electoral le pedimos que se aparte como observador de la Consulta que quiere hacer el Gobierno, que rechazamos la ley de Consulta. Que rechazamos las entradas al TIPNIS hechas sin coordinación ni autorización formal de las organizaciones; sin embargo no ha pasado nada. Le decimos a la representante de las Naciones Unidas que este Gobierno nuevamente ha vulnerado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, porque se ha entrado sin autorización ni coordinación con nosotros ¿Qué está pasando en nuestro país? La Constitución ¿para qué se la tiene? ¿Para utilizarla cuando le conviene al Gobierno? Es importante que los pueblos indígenas decidamos si vamos a seguir permitiendo que se nos atropelle o si de una vez vamos a hacer que se nos respete. Si este gobierno quiere respeto, que primero aprenda a respetar”, dijo el dirigente del TIPNIS.

“Corresponde presentar una amparo constitucional por la vulneración de los derechos colectivos e individuales de los pueblos del TIPNIS. Tenemos conocimiento de que se va a militarizar el TIPNIS para obligarnos a decir mañana ‘queremos la carretera’. Estoy contento de que se militarice el TIPNIS ¿Saben por qué? Porque de esa forma vamos a traer a organismos internacionales y vamos a demostrar quién es este gobierno. Por eso me siento contento, no porque militaricen, eso pidió CONISUR en su marcha y plataforma: la militarización del TIPNIS. Queremos pedirle a la representante de las Naciones Unidas que actúe para que cesen las vulneraciones a la Constitución, a los convenios internacionales y a los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo boliviano”, dijo Vargas. Entonces le respondió la señora señalada.

“Diálogo, construcción de acuerdos, respeto”

“Como organización internacional, estamos aquí por invitación del país. Tenemos otro tipo de papel que el de las instituciones nacionales. No somos el Gobierno, obviamente, no somos un Tribunal, no somos la Fiscalía, no somos la Defensoría del Pueblo tampoco. Nuestro papel aquí en Bolivia es un poco difundir, promover, insistir en ciertos principios y valores acordados por todos los países en el espacio que es Naciones Unidas, también el conjunto de derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la Consulta. Hemos venido insistiendo con el respeto a estos principios y lo seguiremos haciendo, tanto a las autoridades como a los líderes de las organizaciones indígenas. Un principio fundamental, por el que las Naciones Unidas se han fundado, es que los conflictos se resuelven a través del diálogo, mediante la construcción de acuerdos y el respeto a las diferencias, el respeto a los derechos de todos. Obviamente, las personas en el poder, las autoridades tienen la especial responsabilidad de promover eso, pero también todos ustedes, porque el diálogo no se puede dar solo en una dirección”, evidenció Yuriko Yosukawa, representante de las Naciones Unidas en el país.

“Sabemos que es una situación muy difícil para ustedes, se sienten muy presionados, con mucha desconfianza, lógicamente después de todo lo que ha pasado. A pesar de eso vamos a seguir haciendo todo lo posible para facilitar un espacio de diálogo y una construcción de acuerdos. Debe ser un diálogo de buena fe, del lado del Gobierno también debe haber respeto a sus opiniones y preocupaciones de las organizaciones. Sobre estas comisiones del Gobierno, que dicen que quieren entrar a las comunidades, el mensaje que hemos transmitido al Gobierno es que lo mejor sería hacer la Consulta en diálogo y coordinación con ustedes, la dirigencia de las estructuras orgánicas de representación de las comunidades ¿Qué haríamos si se hace la Consulta? No me gustaría contestar una pregunta hipotéticamente, quisiera reiterarle a ustedes y a las autoridades que resuelvan este conflicto dialogando, hablando, escuchándose, buscando acuerdos. Mantenemos la esperanza y la fe en que se puede dar”, dijo Yosukawa .

“Sobre la ley 222, lo ideal hubiera sido que participaran ustedes, lo que no se dio. A pesar de eso, hay que buscar resolver el conflicto hablando, dialogando, poniéndose de acuerdo. Quiero aclararles que sobre el tema de qué es previo, quién tiene derecho a la Consulta, las normas internacionales son muy generales. No dicen de manera precisa si ‘previa’ es ‘antes de firmar el contrato’, ‘antes de tomar la decisión’, no dice eso. Eso tiene que ser definido en cada país, a través de normas nacionales. Por eso también es muy importante que ustedes puedan participar en la elaboración de la ley marco de Consulta, precisar esas cosas para evitar conflictos futuros”, recomendó la funcionaria de las Naciones Unidas.

“Sobre lo que sucedió el 25 de septiembre, desde las Naciones Unidas hemos ofrecido facilitar la participación de expertos internacionales independientes, brindar asistencia técnica para el diseño de investigación, la movilización de recursos económicos. Hemos enviado nombres y curriculum de expertos al Gobierno, estamos esperando la respuesta todavía. Mientras tanto, es muy importante, como ya están haciendo ustedes, acudir a todas las instancias nacionales que tienen la responsabilidad de resolver estos conflictos. Ya pusieron la denuncia al Tribunal Electoral, el amparo constitucional; es importante que agoten las instancias nacionales para que –si fuera necesario- luego acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos aquí para tratar de llamar, facilitar, promover una solución dialogada, acordada, de este conflicto. Espero que ustedes, como dirigentes, hagan todo lo posible para que entre las organizaciones y comunidades del TIPNIS se pueda mantener un ambiente de serenidad y respeto entre la gente que piensa de manera diferente”, dijo la delegada de la organización internacional.

“Así de frente”

“El ministro Quintana decía todo el rato que le daban vergüenza las casas de las comunidades, que era obligación del Estado servir a las comunidades, poner colegios, postas sanitarias, agua, eso dijo. ‘El Estado tiene servir a las comunidades, tiene que atenderlas, pero no a cambio de una carretera’, así de frente le dije al ministro. Algunos comunarios de edad le dijeron que se parecen a los políticos que están presentes solamente en época de elecciones. ‘Estamos en función del Estado, tenemos la obligación de cumplir’, les decía Quintana. ‘Si quieren hacer pasar la carretera, primero mátennos, porque mientras estemos vivos no va a pasar la carretera’, le dije. Hay muchas cosas que le dije de frente, pero me sentí un poco solo, porque los otros compañeros no decían nada. Le dije al Quintana que en el lado colonizado hay postas sanitarias, escuelas, agua, canchas de fútbol, estadios. El ministro se enojó, pero yo no estaba mintiendo”, comentó don Ovidio Teco, comunario de Gundonovia.

“Se molestó el ministro, pero cuando estaba despidiéndose me dijo ‘vos tenés razón. No se ha atendido al TIPNIS, pero ahora se lo va a atender’. Esa fue la respuesta que me dio cuando se iba”, dijo el mojeño Ovidio.

“Nosotros seguimos firmes para proteger nuestro territorio –agregó el comunario del TIPNIS-. Yo le he dicho todas las cosas en su cara: que nosotros hemos apoyado al Gobierno pa’ que se apruebe la nueva Constitución. Pero luego, cuando le conviene, el Gobierno la pisotea, eso también dije al Quintana”.

* Reporte de la segunda Comisión Nacional de la CIDOB, realizada el 11 y 12 de marzo en la ciudad de Trinidad.