China debe remediar daños ocasionados por sus empresas (Servindi, 5.11.18)
Sofía Jarrín “Esperamos que el Estado chino remedie los impactos sociales y ambientales ocasionados por sus empresas en América Latina”.
Por Shia Inguil y Lucía Duran
CICDHA, 5 de noviembre, 2018.- Sofía Jarrín Hidalgo, responsable de la Secretaria Técnica del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente- CICDHA y Coordinadora de Pueblos Indígenas y Ambiente del Centro de Derechos Económicos y Sociales-CDES, nos habla sobre el impacto de las inversiones chinas en América Latina y cómo en el EPU de China se evaluará sí este Estado cumple los convenios y tratados internacionales de derechos humanos.
— La sociedad civil ha expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las violaciones de derechos humanos por parte de empresas chinas en América Latina ¿Cuál es el objetivo?
Sí, las organizaciones que conformamos el CICDHA, conversamos con las Misiones Permanentes en la Pre-sesión de China, quienes evaluarán a este país en su Tercer Examen Periódico Universal (EPU). La expectativa es que se trasladen recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos en proyectos mineros, hidrocarburíferos y de infraestructura que son operados por empresas y subsidiarias chinas.
Con ese objetivo, sostuvimos reuniones bilaterales con ocho misiones en Ginebra, además, conversamos con la asesora de la Relatoría de Pueblos Indígenas y delegados de la Oficina del Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En estos encuentros, hablamos sobre los 18 casos que forman parte del informe regional y trasladamos nuestra preocupación sobre el impacto de las inversiones chinas a los pueblos indígenas y la vulneración sistemática de derechos colectivos, como la consulta previa, libre e informada y el derecho al territorio.
— ¿Por qué la necesidad de un Colectivo sobre inversiones Chinas, derechos humanos y ambiente?
El Colectivo es una iniciativa que agrupa a organizaciones de cinco países: Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina; surge con la finalidad de establecer una plataforma que permita visibilizar las diferentes violaciones a los derechos humanos de los pueblos y las comunidades afectadas por empresas y bancos chinos, pero también es un colectivo que se articula para establecer puentes de diálogo y mecanismos de incidencia que permitan canalizar al Estado chino la situación social y ambiental de sus inversiones en América Latina.
En este sentido, a pesar que reconocemos que el Estado chino cuenta con varios lineamientos socioambientales voluntarios, la red de organizaciones que conformamos el Colectivo evaluamos que la operación de sus empresas y sus bancos no cumplen con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Frente a esta falencia, el EPU se convirtió en una oportunidad para canalizar estas denuncias. Sobre todo teniendo en cuenta que todos los Estados Parte del Sistema Universal de Derechos Humanos tienen obligaciones extraterritoriales y que es preciso establecer mecanismos de evaluación sobre su adecuado cumplimiento.
— Dentro de las conclusiones del informe sombra se menciona que las empresas chinas tienen un patrón de comportamiento en Latinoamérica…
Las empresas chinas a pesar de estar al tanto de la violación a los derechos mantienen sus operaciones sin tener ninguna medida de resarcimiento a los afectados. Cabe precisar que estas violaciones se dan de manera sistemática en todos los casos que hemos analizado.
Por ejemplo, de los 18 casos 15 afectan a territorios indígenas; prácticamente en todos ellos existen elementos comunes como es la afectación al derecho al territorio, la consulta previa y la criminalización de líderes y lideresas indígenas. Es evidente que en estas inversiones no se están implementando mecanismos de debida diligencia en todo el ciclo de un proyecto.
— ¿Qué expectativas tienen del Examen Periódico Universal que se realizará a China este 6 de noviembre?
Aspiramos que las delegaciones de los Estados que evaluarán a China, se animen a recordarle a este Estado, que debe cumplir efectivamente con sus obligaciones extraterritoriales y asumir la responsabilidad sobre el impacto del financiamiento y la operación de sus empresas en América Latina.
Sí esto se da, esperamos que el Estado chino acoja nuestras recomendaciones y que las implemente en los siguientes cuatro años y medio. De hecho, lo ideal sería que, a partir de estas recomendaciones se logre ratificar el Convenio 169 de la OIT y otros tratados internacionales que brindan garantías a los afectados en torno a la promoción y respeto a los derechos humanos. Además, consideramos necesario que el Estado chino establezca mecanismos de queja, participación, consulta y acceso a la justicia.
— De los 18 casos que se analizan en el informe, casi la mitad corresponden a Ecuador ¿Cuáles son los casos más graves?
Sí, Ecuador tiene el mayor número de casos documentados sobre el impacto de inversiones chinas. Por ejemplo, el proyecto minero Mirador, en 2015 desalojó forzosamente a 32 familias (afectando a un total de 150 personas). Estos desalojos se realizaron sin previo aviso y/o consulta. Además, este proyecto está afectando la calidad de 227 nacederos de agua que alimentan las vertientes que abastece a las comunidades del sector.
Asimismo, en el Proyecto San Carlos Panantza también generó desalojos forzosos de la comunidad Nankints y Tsuntsuim, militarizando el territorio y criminalizando a los líderes indígenas.
Lamentablemente por el crecimiento de las actividades extractivas, especialmente las petroleras, estos pueblos se encuentran amenazados y se los está forzando al contacto.
Otro caso, son los Bloques 79 y 83, donde no se realizó una consulta previa, libre e informada adecuada y se vulneraron los derechos territoriales del Pueblo Kichwa de Sarayaku, la Nacionalidad Shiwiar y Sápara. También, tenemos los Bloques 14, 16 y 62, que están ubicados en las inmediaciones del Parque Nacional Yasuní y la Reserva de Producción Faunistica Cuyabeno. En este territorio cohabitan los pueblos en aislamiento voluntario ‘Taromenane y Tagaeri’. Lamentablemente por el crecimiento de las actividades extractivas, especialmente las petroleras, estos pueblos se encuentran amenazados y se los está forzando al contacto.
— ¿Estas poblaciones han denunciado al Gobierno ecuatoriano o las empresas por estas violaciones?
Sí, por ejemplo, en el caso Mirador y Río Blanco se han planteado medidas cautelares. Recientemente, organizaciones de derechos humanos junto a las comunidades afectadas han logrado resoluciones judiciales para detener la operación de estos proyectos. En el caso del proyecto Mirador, el proyecto está detenido en un 40%, sin embargo, todavía se mantiene el hostigamiento a los comuneros por parte los militares, quienes junto a la seguridad privada de la empresa amenazan a los comuneros de la Parroquia de Tundayme. Por este tipo de acoso y violencia generalizada, un Juez de la Unidad Judicial del Trabajo está realizando una investigación que busca clarificar los acontecimientos en torno a los desalojos forzosos de 2015 y reparar a las víctimas.
— Ecuador ha concesionado áreas protegidas y territorios indígenas para garantizar crecimiento económico
Lamentablemente en América Latina y en Ecuador, los Gobiernos de turno han priorizado la explotación de recursos naturales bajo un discurso basado en desarrollismo y crecimiento económico, priorizando lo monetario frente los derechos humanos de las comunidades afectadas y los derechos de la naturaleza. La situación que se vive en la Cordillera del Cóndor y en la Amazonía ecuatoriana en general, es el reflejo de lo que ocurre en América Latina, sobre todo en lo que respecta a las afectaciones a los pueblos indígenas que encuentran amenazados por las políticas extractivistas que no brindan garantías para proteger sus derechos colectivos.
En este contexto, es importante señalar que además de exigir al Estado ecuatoriano estas garantías, las empresas, las instituciones financieras, así como el Estado chino, tienen responsabilidad sobre las violaciones que se comenten en otros territorios.
