Miguel A. Melendres / La Paz – 07/05/2012

El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, dijo ayer haberse informado que quien se opone a que la Ley 222 de consulta previa sea abrogada es el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.

La actitud estaría en contraposición a lo que manifiesta el propio presidente Evo Morales, quien estaría apoyando que esa norma sea anulada para que los indígenas puedan suspender la IX marcha, que partió el 27 de abril desde de Trinidad y que ha avanzado más de 70 kilómetros.

“Hay una intención del propio Presidente de que se pueda anular la Ley 222, pero quien interfiere bastante es el propio vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera”, declaró Chávez a Página Siete, tras su llegada al aeropuerto Jorge Henrich de la ciudad de Trinidad (Beni).

El dirigente sostuvo que “esa información” les sirve “de mucha referencia” a los movilizados para ir encarando la marcha, que va “creando mayor fuerza”.

Chávez viajó el sábado a Riberalta para reunirse con asambleístas nacionales. En ese encuentro recibió la información referente a la actitud que está tomando el vicepresidente García, quien es a la vez el presidente nato de la Asamblea Legislativa.

Declaró que la IX marcha por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) mantiene su desacuerdo con la consulta que establece la Ley 222 por ser “dirigida y malinterpretada desde el punto de vista malicioso”.

“Las comunidades han manifestado su rechazo a esta consulta, pese a las prebendas que el Gobierno ha dado a algunas comunidades que han cambiado algunas actitudes”, señaló.

Al respecto, Rebeca Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que la posición del oficialismo es que “tiene que haber una consulta, y eso como parte de una obligación estatal. Nosotros estamos obligados a cumplir eso por la Constitución, por la normativa internacional y también por el contexto internacional, que el propio sistema de las Naciones Unidas está haciendo un seguimiento del tema, y también la Organización Internacional del Trabajo”. Delgado aseguró que “no conozco más posición oficial” que la que menciona.

La autoridad legislativa explicó que en todos los temas que hacen a megaproyectos, medidas legislativas o administrativas, de acuerdo con la norma internacional y la Constitución, debe “haber una consulta a los pueblos indígenas independientemente de lo que pase en el TIPNIS o no”.

Anuncian refuerzos

Chávez anunció que en los próximos días la marcha será reforzada por gente proveniente del Territorio Indígena Multiétnico de Pando, comunidades guarayas y organizaciones de Tarija.

Informó que se prepara la lectura de un pronunciamiento para que sea leído en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se realizará en Cochabamba de 3 al 5 de junio.

Además de aquello, dijo que la IX marcha prepara un informe sobre las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas para ser difundido en encuentros internacionales.

Insisten en ingresar a Moxos

Los originarios de la IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sércure quieren ingresar a San Ignacio de Moxos del Beni para poder escuchar una misa en el templo de esa región. Mientras que el presidente de la junta de vecinos de la región beniana, Édgar Rivero, aseveró que no lo permitirán, informó ERBOL.

Según el dirigente, no lo permitirán porque están en contra de la demanda de la movilización indígena que busca la abrogación de la Ley 222.

Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, explicó que se envió una carta al alcalde de Moxos, Bacilio Nolvani, para pasar a la comunidad y quedarse a escuchar al párroco de la zona.

“La parte de las misiones jesuíticas son costumbres de los hermanos, por lo cual ellos deciden recibir una bendición de la catedral, pero corazones amargados, corazones cargados de odio no van a permitir que la columna de la marcha ingrese”, dijo.

E líder teme que al llegar a Moxos sean agredidos por la población, por los crecientes rumores de rechazo y amenazas que existen contra la caminata que pretende arribar a la ciudad de La Paz. Por ello, responsabilizó a autoridades del Beni y al presidente Evo Morales por la “segunda paliza que pueden recibir los indígenas”.