CEDIB ve como principales amenazas del acceso al agua el extractivismo y la urbanización descontrolada (ANF, 11.11.16)
El investigador Óscar Campanini dijo que las actividades mineras afectan a 510 microcuencas del país y que el sector de los hidrocarburos impacta en toda la franja amazónica.
Jimena Mercado, enviada especial
Cochabamba, 11 de noviembre (ANF).- El Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) identificó como principales amenazas contra el acceso al agua a la actividad extractivista minera e hidrocarburífera, la urbanización descontrolada y la comercialización del líquido elemento. A la fecha, 510 microcuencas, que representan un cuarto de las que existen en territorio nacional, cuentan con derechos mineros.
Durante el encuentro Agua y Energía para la Vida, el investigador del CEDIB Óscar Campanini observó que frente a las importantes inversiones públicas que se realizaron en materia de agua en los últimos años, el Gobierno no fue capaz de frenar las fuertes presiones de la demanda de la minería y los hidrocarburos, y al contrario, desreguló el control sobre el agua y alentó la actividad extractivista.
En el encuentro, que contó con la participación de decenas de activistas, especialistas y dirigentes sociales, Campanini dijo que los mínimos avances alcanzados en la agenda del agua a nivel normativo institucional hasta 2009 fueron desechados por el Gobierno.
“Se plantearon diferentes modelos de gestión social para garantizar que el agua llegue a los más necesitados y los mínimos avances que en algunos casos se dieron como en el caso de Semapa y EPSAS han sido eliminados”, dijo durante el encuentro organizado por el CEDIB y el Centro de Estudios Superiores de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba.
Las inversiones para el sector del agua fueron importantes, llegando el año 2014 a su pico más alto, de 255 millones de bolivianos, dijo el investigador, quien sin embargo señaló que no se pudo satisfacer la necesidad de los servicios básicos pues existe una creciente demanda insatisfecha no sólo por falta de una planificación de prevención, a los efectos de las sequías, sino también porque actividades extractivistas demandan cada vez más agua, lo mismo que los proyectos hidroeléctricos en marcha.
«Si bien llegó mucha inversión a algunos sectores no pudo satisfacerse la necesidad de servicios básicos, hay mucha infraestructura que no tiene agua o agua adecuada para poder distribuir (…). La planificación urbana totalmente descontrolada, sobre todo en los grandes centros urbanos, en lugar de disminuir la población sin agua hace que esta se incremente», sostuvo.
510 microcuencas impactadas
La agenda extractiva del Gobierno en relación al agua –dijo el investigador– es aún más preocupante porque si bien en 2014 se aprobó la nueva Ley Minera 535 hasta la fecha no hay un solo pedido de permiso para hacer uso del hídrico por parte de los mineros, ya que éstos actúan de facto, de manera descontrolada.
Detalló que actualmente 1.848 ríos y 39 cuerpos de agua sobrepuestos en zonas pobladas y áreas protegidas cuentas con «derechos mineros».
En el caso de los hidrocarburos dijo que no existen datos actualizados sobre su impacto real sobre el agua, sin embargo señaló que fue en aumento acelerado en los últimos años a tal punto de afecta la franja amazónica, el Chaco y el sur del país.
Libre mercado del agua
En su presentación, Campanini dijo que el libre mercado del agua a través de cisternas es cada vez más frecuente en ciudades, así como el descontrol de la venta de agua embotellada y el uso indiscriminado del agua para negocios.
“El Gobierno no le pone atención a la sequía pero en otros periodos del año son inundaciones, lo que ocasiona grandes y críticos racionamientos como se está dando en Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija y La Paz que están visibilizando estos problemas que no estaban siendo atendidos como la mercantilización del agua, los usos suntuosos, la falta de inversión en la gestión eficiente de las empresas y competencias.
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