Cedib reporta aumento de la persecución política y violación a derechos indígenas (Página Siete, 15/7/21)
El documento evidencia que medios estatales -como los ministerios de Justicia y Gobierno- fueron usados para difundir información engañosa.
Página Siete Digital
Durante los últimos tres meses, el Gobierno incrementó la persecución política e impulsó actividades extractivas en detrimento del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas, dice el reporte trimestral sobre derechos humanos que emite el Centro de Documentación e Información de Bolivia.
«Los constantes ataques a sectores opositores y la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos evidencian nuevamente el uso del derecho penal para perseguir y obstaculizar el derecho a defender los derechos humanos”, agrega elaborado sobre la base de la revisión hemerográfica.
Según la información revisada por el Cedib, aún persiste la persecución política relacionada con el supuesto “golpe de Estado”. Cuarenta y una personas “son víctimas de procesos irregulares e infundados”.
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En ese contexto, el documento evidencia que medios estatales –como los ministerios de Justicia y Gobierno- fueron usados para difundir información engañosa. “En estos últimos tres meses, entidades del gobierno y líderes políticos del partido oficialista dieron al menos 53 mensajes o discursos engañosos, la mayoría fueron difundidos a través de cuentas oficiales de instituciones estatales”.
El informe dice que en tres meses se reportaron al menos 20 hechos que implicaron una vulneración o un riesgo para los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios; también se reportaron campañas de desprestigio y hostigamiento contra defensores del medioambiente.
En 12 de los 20 casos registrados, eran sucesos vinculados con el extractivismo o con la construcción de grandes infraestructuras al interior de territorios indígenas. También se alerta sobre los daños en áreas protegidas a causa de incendios, por lo que se observa “que las autoridades asumieron medidas demagógicas mediante la derogación de dos decretos supremos y la conservación de todo un paquete normativo que sigue motivando los incendios y desmontes”.
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Los defensores del medioambiente (guardaparques), señala el documento, fueron desprestigiados y hostigados por las mismas instituciones del estado que se encargan de cuidar las áreas protegidas. “Las denuncias contra estos defensores ambientales fueron presentadas por sectores cercanos al Movimiento Al Socialismo (MAS) con la finalidad de escarmentar y detener futuras acciones similares de defensa en la Chiquitanía, puesto que desde hace años en esta región se implementa una política de expansión de colonos afines al partido gobernante”.
