CEDIB observa que no corresponde rezonificación (ANF, 24.5.16)
Ante el anuncio que hizo la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los operadores mineros «rezonificarán» las zonas de explotación minera y aquellas prohibidas para la actividad dentro de las áreas protegidas del país, el director ejecutivo del Cedib, Marco Gandarillas lamentó que exista un desconocimiento de los avances alcanzados en materia de conservación de parte de las entidades públicas.
«No les corresponde hacer la rezonificación. Son áreas de conservación que se establecieron sobre estudios y acuerdos con sus habitantes (…). Las áreas protegidas que tienen planes de manejo se construyeron en varios años y en base a un gran aporte de la propia cooperación internacional, el Estado y la población», señaló el investigador a ANF.
En criterio de Gandarillas, pretender por ejemplo que el área núcleo de una AP deje de serlo para permitir actividades mineras, puede suponer el desconocimiento de todo lo estudiado y concertado hasta ahora para favorecer a un sector ajeno al área como es el sector minero extractivista.
La situación de las AP -dijo el director del Cedib- es bastante preocupante por la incursión de las actividades hidrocarburíferas, como para instalar de manera irracional áreas de explotación minera sin considerar la categorización y el significado que tienen estas zonas de conservación para las ecorregiones y el mundo.
En el país existen 22 áreas protegidas que tienen diferentes categorías como parques nacionales, reservas nacionales, áreas naturales de manejo integrado, entre otros.
El estudio denominado «Geografía del extractivismo en Bolivia» elaborado por el Cedib señala que a partir de la llegada de Evo Morales a la Presidencia y en el marco de una coyuntura de altos precios de los minerales, la actividad minera en el país se ha profundizado con un aumento exponencial de los volúmenes de extracción y exportación de minerales.
«Hemos aumentado los índices de extracción pero la orientación de la actividad minera no ha cambiado en nada; explotamos nuestras riquezas para exportarlas como materia prima alejándonos cada vez más del objetivo de dar valor agregado a nuestros recursos e impulsar una firme política de industrialización», señala el documento.
LA NUEVA
LEY MINERA
La nueva ley minera aprobada en el año 2014, según análisis del Cedib, ha entregado derechos preferenciales a los actores mineros privados (empresarios chicos y medianos, empresas transnacionales y grupos dirigenciales de antiguos trabajadores de la empresa minera estatal que vía pactos con el actual Gobierno han sido declarados cooperativistas sin serlo) y ha consolidado el papel de mero apéndice del Estado en la actividad minera.
«La nueva ley no resuelve los problemas del sector, ni regula la actividad para garantizar los intereses mayores del pueblo boliviano; al contrario propicia la ampliación de las áreas mineras (antes concesiones) en todo el territorio nacional incluyendo su expansión hacia el oriente boliviano, la amazonia y las Áreas Protegidas que hasta antes de la ley no estaba permitida», cita el documento.
El Cedib señala que entre el 2005 y 2013 se ha consolidado la exportación de minerales como concentrados (en bruto) y hubo un retroceso en el porcentaje de minerales que se exportan como metálicos (minerales que pasan por proceso de fundición) bajando desde un 5,52% al 2,76%.
