CEDIB advierte que podrían apropiarse del fondo documental con la aplicación de Ley 351 (ANF, 17.4.17)
El CEDIB declarado Patrimonio Documental de Cochabamba, inició el traslado del fondo hemerográfico consistente en 11 millones de artículos publicados desde 1970, colecciones únicas y completas del Semanario Aquí.
Cochabamba, 17 abril (ANF).- El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) denunció al Gobierno de pretender la apropiación ilegal e indebida del fondo documental que alberga desde 1970, y que para ello ejecutaría la cuestionada Ley 351 de Personería Jurídica, que permite la revocatoria de personalidad, con sólo la declaración de “interés público”.
El director del CEDIB, Marco Gandarillas, recordó que el año pasado esta institución junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y otras entidades presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la Ley 351 de marzo de 2019, y su decreto reglamentario 1597, porque se veía intenciones de vulnerar derechos básicos de la sociedad civil organizada.
“Curiosamente en la ley que denunciamos, la 351, se establece que una organización social boliviana, sea esta ONG, fundación o entidad civil sin fines de lucro, puede ser estatizada por razones de utilidad pública, así se dijo en la ley, una aberración jurídica que viola todos los derechos, es la figura que querían usar y quieren usar”, señaló en entrevista a ANF.
El artículo 19 de la mencionada ley señala que entre los causales de la revocatoria de la personería jurídica de una Organización No Gubernamental (ONG), fundación o entidad sin fines de lucro, figura “por necesidad o interés público, declarado mediante ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
Gandarillas dijo que todos los antecedentes muestran que el hostigamiento político, jurídico y mediático al que ha sido sometido el CEDIB en las últimas semanas es apenas el primer momento de una confrontación que va a durar mucho tiempo, “porque hay actores gubernamentales que quieren hacer desaparecer a esta institución”.
“Usaron un término que no existe en el derecho como es institucionalizar, para decir que en el fondo querían apropiarse indebida e ilegalmente de una institución, desde que se dieron declaraciones de dirigentes y/o supuestos dirigentes de la FUL de la UMSS en sentido de que cómo una ONG puede tener algo que tiene tanto valor, o cómo una ONG va a resguardar a largo plazo esto, ya vimos las intenciones”, aseguró.
Gandarillas observó que tras el plazo de 48 horas que les dio el rector de la UMSS, Juan Ríos, de abandonar las instalaciones universitarias, tras un abrupto desconocimiento de un convenio interinstitucional de más de 25 años, se dieron las amenazas de parte de algunos dirigentes de la FUL, lo cual puso en alto riesgo la seguridad del equipo de investigadores y plantel administrativo del CEDIB.
“Hay que hacer un paréntesis en esto; estamos hablando de personas muy propensas a la violencia, creo que la ciudadanía recuerda muy bien los hechos de 2015, cuando estos grupos identificados como sicarios tiraron más de 100 dinamitas en la universidad, y eso está registrado. Fueron contratados por las ex autoridades y por otras que siguen siendo autoridades, a esa toma le dieron el nombre de institucionalización”, mencionó.
El director del CEDIB recordó que hace poco más de un mes, esta institución junto a otras entidades de defensa de los derechos humanos presentaron ante la CIDH un recurso de medidas cautelares a favor de un pueblo no contactado que habita la reserva Toromona en el norte de La Paz, y que se vio afectado por las actividades de exploración hidrocarburífera, por lo que considera estos ataques de las UMSS como una represalia.
“Fuimos expuestos a una situación de altísimo riesgo desde la primera semana de marzo, cuando fuimos asechados, acosado por funcionarios de la UMSS, que vinieron en repetidas ocasiones amenazando que iban a echar llave a las puertas estando nosotros dentro o íbamos a encontrar las oficinas cerradas”, dijo en referencia a los abogados Irving Avendaño y Magdalena Fernández.
Gandarillas indicó que en la última semana, el CEDIB sufrió una campaña mediática muy fuerte de desprestigio en Cochabamba, por grupos afines al oficialismo, que mintieron sobre la relación contractual con la UMSS, pero que a pesar de esa situación el directorio de esta entidad determinó el inició del desalojo de las instalaciones universitarias. Sin embargo mencionó que no es una tarea fácil.
Ante el apoyo público recibido, el CEDIB, de universidades nacionales e internacionales y académicos de renombre, declarado Patrimonio Documental de Cochabamba, Gandarillas dijo que “somos conscientes del rol que cumplimos, somos conscientes que somos uno de los centro de investigación más importantes del país, somos conscientes de que somos uno de los centros más renombrados del país”.
Sin embargo enfatizó que los ataques al CEDIB no sólo son en contra del centro de estudios que alberga al más importante fondo hemerográfico de Cochabamba y uno de los mayores del país, sino también a una institución que defiende derechos humanos y democráticos, que en el contexto internacional cuenta con estatus especial.
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