Castigan a más de 250 asentados ilegales de Esquilán (Opinión, 11.03.13)
VECINOS Y AUTORIDADES DE COLCAPIRHUA LLEGARON AYER A LOS TERRENOS PARA PROCEDER A LA DEMOLICIóN Y DESALOJO
La fuerza se impuso en la zona agrícola de Esquilán para el desalojo y demolición de precarias viviendas y construcciones de más de 250 asentados ilegales.
La resistencia a dejar las 11 hectáreas que son propiedad de la familia Calatayud terminó en un castigo violento con palos y piedras por parte de los vecinos de Colcapirhua que se organizaron para “hacer respetar estas tierras” invadidas hace dos meses. Piden que en el lugar se construya una escuela, hospital o universidad en favor del municipio.
La determinación de proceder al desalojo y la demolición fue asumida por las 65 Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) de Colcapirhua que se concentraron en un número de más de quinientas personas en el lugar. Lo hicieron horas antes de que se cumpla el plazo establecido por el gobierno autónomo municipal de Colcapirhua para iniciar los trabajos de demolición de construcciones que estaba previsto para las 15:00 horas. Así lo señala un comunicado publicado en este medio el martes 5 de marzo donde se comunica de la decisión municipal.
A principios de semana la Policía llegó a Esquilán para pedir a los asentados que se retiren voluntariamente pero no lo hicieron, sólo recorrieron hacia los laterales del terreno en conflicto, lo que provocó una molestia mayor en los vecinos de la zona.
LA VIOLENCIA Ayer, en grupos de entre 20 y 30 personas, los vecinos comenzaron a destrozar el muro perimetral que estaba a medio construir en el terreno. Los ladrillos fueron destrozados a pedradas y lanzados al aire para convertirse en pequeños pedazos inservibles. También quemaron las precarias carpas y algunas pertenencias que dejaron los asustados asentados al escapar de la turba de personas. Algunos decidieron enfrentarse a los destructores pero fueron rebasados. Las mujeres recibieron golpes de palos en la espalda y cabeza mientras estaban caídas por defender sus construcciones. Un par tuvo que ser protegida por la Policía mientras retiraba la sangre de sus heridas en la cabeza producto de la pelea. Otro grupo, haciendo uso de piedras y flechas, quiso dispersar al grupo de los vecinos pero no lo consiguió y en su huida sólo pudieron mirar atrás, impotentes, lo que sucedía.
Los enfrentamientos fueron esporádicos y sólo evidenciaron la impotencia de los asentados al perder sus pertenencias y una inversión de hasta 500 dólares; y la molestia de los vecinos por los abusos cometidos.
Grupos mayoritarios decidieron escapar del lugar en medio de los maizales para evitar la agresión.
Cuando ya retornaba la calma, los vecinos en coordinación con las autoridades de la Alcaldía de Colcapirhua concentraron en uno de los extremos del terreno para hacer un “barrido” (control de un extremo al otro) en toda la extensión.
“Si vemos a los loteadores los hacemos corretear hasta la avenida. No los queremos cerca”, gritaban las mujeres mientras sujetaban los palos y destrozaban el poco material de construcción que quedaba intacto.
Mientras tanto el dueño del terreno, Eduardo Calatayud con ayuda de un tractor continuó con la demolición de algunas paredes que seguían de pie y casuchas de calamina sujetadas al suelo con cemento. Otra maquinaria de la Alcaldía apoyó con el trabajo minutos después.
Algunos de los invasores mientras abandonaban el lugar con bultos cargados y bolsas en las manos prefirieron evitar cualquier comentario. Por la tarde, protagonizaron una marcha de protesta hasta la Gobernación pidiendo justicia. Aclararon,con lágrimas en los ojos, que no son loteadores y mostraron depósitos bancarios de $us 100 por “un pedazo de tierra”.
Apuntes.
Loteadores
La Alcaldía de Colcapirhua logró identificar a cuatro personas como las responsables de comercializar los terrenos de Esquilán que son de propiedad privada sin contar con la debida documentación.
Las obras
El 4 de enero el propietario denuncia el traslado de materiales de construcción a su terreno por parte de los asentados ilegales.
Ley 2028
Establece que se debe defender los derechos ciudadanos e intereses de la comunidad.
Dos meses
El 18 de enero de 2013 se evidenció que en el sector de Esquilán Chijllawiri existía un loteamiento en área agrícola no autorizado con personas en vigilia y tomando posesión física en carpas y sombrillas.
Dueño promete retribuir el apoyo de los vecinos
El propietario de las 11 hectáreas de terreno de Esquilán, Eduardo Calatayud, a nombre de su familia, prometió retribuir de alguna manera a los vecinos por el apoyo en el desalojo de los asentados ilegales.
Consultado por este medio sobre la posición de los vecinos de exigir a las autoridades del municipio la construcción de una escuela, hospital o universidad, explicó que esto es posible.
“Yo creo que el apoyo de los vecinos hay que retribuir porque sin la ayuda de ellos no hubiera sido posible esto (desalojo). Vamos a hacer un proyecto, estamos en conversaciones con la Alcaldía y el Consejo de Vigilancia”, manifestó.
Dijo también que estos terrenos son agrícolas y pertenecen a su familia desde hace 98 años.
Recordó que desde hace dos meses ha seguido de cerca el proceso en contra de los loteadores y quienes ingresaron ilegalmente a sus terrenos sin solución pero ayer junto a los vecinos pudieron hacer “justicia” y recuperar las tierras.
“Estos loteadores ya estuvieron en otros 4 municipios”
El alcalde de Colcapirhua, Milton Garabito, que participó del operativo de desalojo y demolición de los terrenos agrícolas de propiedad privada en la zona de Esquilán, promovido por los vecinos, advirtió que no es la primera vez que ocurren estos avasallamientos en el departamento.
Al dirigirse a la población concentrada en los terrenos invadidos refirió que los loteadores son personas expertas en el engaño y la estafa a personas de escasos recursos. Recordó que llegaron a Colcapirhua después de pasar por Sacaba, Vinto, Sipe Sipe y Quillacollo. Ante esta situación pidió unidad entre todos los vecinos para contrarrestar la presencia de loteadores en los terrenos agrícolas.
La autoridad municipal también lamentó que utilizando una serie de chicanerías jurídicas con el objetivo de pedir más tiempo se haya intentado suspender la demolición prevista para ayer.
Garabito explicó que lo que se buscaba era prolongar el conflicto legal para conseguir más víctimas, tomando en cuenta que sólo una tercera parte permaneció en el lugar y el resto eran contratados para hacer fuerza, contrarrestar y atacar a los vecinos. Realzó el trabajo realizado durante los últimos meses para conseguir, legalmente, la demolición y desalojo.
