Caso Tipnis: Fiscalía solicita documentación a la Contraloría y ABC (El Mundo 06/10/2011)
M. Fernanda Peinado /Erbol/ ANF
El Ministerio Público emitió los requerimientos fiscales correspondientes para la Contraloría General del Estado, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Policía Nacional, para que remitan toda la documentación necesaria sobre el contrato suscrito con la empresa brasilera OAS para la construcción de la carretera por el Tipnis y la violenta intervención policial a la marcha indígena, suscitada el pasado 25 de septiembre en San Lorenzo, Beni.
“Ya se remitieron los requerimientos correspondientes a varias instituciones como ser la ABC, la Contraloría, Comando General de la Policía, a objeto de que informen y nos remitan copias legalizadas de todos los documentos correspondientes a la denuncia presentada por Juan del Granado (líder del Movimiento Sin Miedo) por estos hechos suscitados el 24 y 25 de septiembre”, dijo el fiscal del caso Marco Antonio Vargas.
Agregó que también ya se envió una solicitud a Sucre, teniendo presente que existe una comisión de investigación nombrada por el fiscal General, Mario Uribe, sobre la intervención policial a la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Iseboro Sécure (Tipnis).
“Se pide (al fiscal General) la cooperación directa para que se remita ante mi autoridad todos los documentos referentes a las declaraciones a las víctimas y otros, como certificados médicos forenses de los heridos (de la represión policial), que ya se habrían ejecutado en Beni”, sostuvo.
MSM ratifica denuncias
El MSM ratifica todos los contenidos de su denuncia interpuestos el 26 de septiembre ante la Fiscalía de Distrito, al señalar que existe sobreprecio en la carretera, puesto que la licitación y contratación de la obra habrían sido de carácter ilegal y contrarias a la norma.
“Nunca dijimos que sea la carretera más cara, sino que es una carretera con sobreprecio”, dijo el jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM). Entre otras de las irregularidades de la construcción de la carretera, se acusa a la empresa OAS de no haber cumplido con la licitación para financiar la obra, pues en el mes de julio del año 2008 OAS le ofertó a la ABC el diseño y la construcción “y OAS planteó que el Estado boliviano asuma la deuda y el financiamiento con el banco brasilero, en febrero del 2011 el Estado boliviano contrata con el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes) y OAS; el financiamiento y la importación de bienes y servicios para la carretera cometiéndose una irregularidad”, afirmó Del Granado.
En ese marco indicó que el pliego de contratación establecía que la firma del contrato de obras con la empresa adjudicataria debería hacérselo previo al contrato de financiamiento, lo que habría sido omitido por el Gobierno y recién se lo realizó en agosto del 2010, dos años después de la firma de contratación.
De igual manera, Del Granado responsabilizó ayer al gerente de Auditoría Externa de la Contraloría General del Estado, Javier Veza Vía, de haber brindado la información en el oficio N° 847 de 14 de junio del 2010, páginas 9 y 10, sobre los 209 kilómetros lineales que serán utilizados como puentes en la carretera Villa Tunari San-Ignacio de Moxos, lo que fue calificado el martes pasado como falsedad en contra del Gobierno por el vicepresidente Álvaro García Linera.
En conferencia de prensa, el líder del MSM sostuvo que los objetivos del vicepresidente van en sentido de, descalificarlo personal y políticamente, de eludir su responsabilidad ante la denuncia penal que presentó el MSM en contra de las autoridades gubernamentales y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la firma del contrato de construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
Por último, Del Granado le pidió al vicepresidente García Linera, que deje sin efecto los contratos de obra y de financiamiento, también que atienda la justa demanda de los pueblos indígenas del Tipnis y de la marcha.
OAS planteó que el Estado boliviano asuma la deuda con Bndes.
Proceso en contra de Ovando (TSE)
Dirigentes de la agrupación ciudadana Insurgente Martín Uchu de Punata (IMU) habrían interpuesto una demanda judicial en contra del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley”.
Los dirigentes de IMU, Gustavo García Yapur y Tupac Ademir Muñoz informaron que la decisión de plantear proceso legal contra la autoridad del TSE, se justifica debido a que transcurridos dos meses de la renuncia del alcalde titular, pero no convoca a nuevas elecciones municipales como mandan las normas electorales.
Recordaron que el pasado 3 de agosto, el alcalde Víctor Balderrama Arias, presentó su carta de renuncia irrevisable a los miembros del Concejo Municipal de Punata. “La renuncia fue presentada al pleno del Concejo Municipal de Punata, quienes aceptaron por unanimidad, remitiendo la carta al Tribunal Departamental Electoral y éste a su vez elevó en consulta al TSE para su tratamiento y posterior convocatoria a elecciones municipales como mandan las leyes”, agregaron.
Tanto García como Muñoz indicaron que transcurridos más de dos meses desde la renuncia de Balderrama, correspondía al presidente del TSE pronunciarse oficialmente sobre el caso, convocando a nuevos comicios como sucedió en Quillacollo.
El Ministerio Público emitió los requerimientos fiscales correspondientes para la Contraloría General del Estado, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Policía Nacional, para que remitan toda la documentación necesaria sobre el contrato suscrito con la empresa brasilera OAS para la construcción de la carretera por el Tipnis y la violenta intervención policial a la marcha indígena, suscitada el pasado 25 de septiembre en San Lorenzo, Beni.
“Ya se remitieron los requerimientos correspondientes a varias instituciones como ser la ABC, la Contraloría, Comando General de la Policía, a objeto de que informen y nos remitan copias legalizadas de todos los documentos correspondientes a la denuncia presentada por Juan del Granado (líder del Movimiento Sin Miedo) por estos hechos suscitados el 24 y 25 de septiembre”, dijo el fiscal del caso Marco Antonio Vargas.
Agregó que también ya se envió una solicitud a Sucre, teniendo presente que existe una comisión de investigación nombrada por el fiscal General, Mario Uribe, sobre la intervención policial a la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Iseboro Sécure (Tipnis).
“Se pide (al fiscal General) la cooperación directa para que se remita ante mi autoridad todos los documentos referentes a las declaraciones a las víctimas y otros, como certificados médicos forenses de los heridos (de la represión policial), que ya se habrían ejecutado en Beni”, sostuvo.
MSM ratifica denuncias
El MSM ratifica todos los contenidos de su denuncia interpuestos el 26 de septiembre ante la Fiscalía de Distrito, al señalar que existe sobreprecio en la carretera, puesto que la licitación y contratación de la obra habrían sido de carácter ilegal y contrarias a la norma.
“Nunca dijimos que sea la carretera más cara, sino que es una carretera con sobreprecio”, dijo el jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM). Entre otras de las irregularidades de la construcción de la carretera, se acusa a la empresa OAS de no haber cumplido con la licitación para financiar la obra, pues en el mes de julio del año 2008 OAS le ofertó a la ABC el diseño y la construcción “y OAS planteó que el Estado boliviano asuma la deuda y el financiamiento con el banco brasilero, en febrero del 2011 el Estado boliviano contrata con el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes) y OAS; el financiamiento y la importación de bienes y servicios para la carretera cometiéndose una irregularidad”, afirmó Del Granado.
En ese marco indicó que el pliego de contratación establecía que la firma del contrato de obras con la empresa adjudicataria debería hacérselo previo al contrato de financiamiento, lo que habría sido omitido por el Gobierno y recién se lo realizó en agosto del 2010, dos años después de la firma de contratación.
De igual manera, Del Granado responsabilizó ayer al gerente de Auditoría Externa de la Contraloría General del Estado, Javier Veza Vía, de haber brindado la información en el oficio N° 847 de 14 de junio del 2010, páginas 9 y 10, sobre los 209 kilómetros lineales que serán utilizados como puentes en la carretera Villa Tunari San-Ignacio de Moxos, lo que fue calificado el martes pasado como falsedad en contra del Gobierno por el vicepresidente Álvaro García Linera.
En conferencia de prensa, el líder del MSM sostuvo que los objetivos del vicepresidente van en sentido de, descalificarlo personal y políticamente, de eludir su responsabilidad ante la denuncia penal que presentó el MSM en contra de las autoridades gubernamentales y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la firma del contrato de construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
Por último, Del Granado le pidió al vicepresidente García Linera, que deje sin efecto los contratos de obra y de financiamiento, también que atienda la justa demanda de los pueblos indígenas del Tipnis y de la marcha.
OAS planteó que el Estado boliviano asuma la deuda con Bndes.
Proceso en contra de Ovando (TSE)
Dirigentes de la agrupación ciudadana Insurgente Martín Uchu de Punata (IMU) habrían interpuesto una demanda judicial en contra del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley”.
Los dirigentes de IMU, Gustavo García Yapur y Tupac Ademir Muñoz informaron que la decisión de plantear proceso legal contra la autoridad del TSE, se justifica debido a que transcurridos dos meses de la renuncia del alcalde titular, pero no convoca a nuevas elecciones municipales como mandan las normas electorales.
Recordaron que el pasado 3 de agosto, el alcalde Víctor Balderrama Arias, presentó su carta de renuncia irrevisable a los miembros del Concejo Municipal de Punata. “La renuncia fue presentada al pleno del Concejo Municipal de Punata, quienes aceptaron por unanimidad, remitiendo la carta al Tribunal Departamental Electoral y éste a su vez elevó en consulta al TSE para su tratamiento y posterior convocatoria a elecciones municipales como mandan las leyes”, agregaron.
Tanto García como Muñoz indicaron que transcurridos más de dos meses desde la renuncia de Balderrama, correspondía al presidente del TSE pronunciarse oficialmente sobre el caso, convocando a nuevos comicios como sucedió en Quillacollo.
