Bolivia sin decisión tecnológica, financiera y ambiental en tema litio | El Deber (13.02.25)

De acuerdo con el análisis de expertos, el Estado no controlará los ingresos por ventas de derivados, no heredará la tecnología y no decidirá sobre el recurso agua. Los potosinos rechazaron los contratos.

El Estado boliviano estará amarrado de pies y manos durante la vigencia de los contratos que la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) suscribió con la firma china Hong Kong CBC Investment Limited y la compañía rusa Uranium One Group (una subsidiaria de la Corporación estatal Rosatom). El primer contrato fue aprobado el viernes por la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados y el segundo está pendiente en el Legislativo.

Son, por lo menos, tres áreas en las que el Estado, a través de YLB -brazo del Ministerio de Hidrocarburos y Energías- no podrá decidir: el financiero, el tecnológico y el medioambiental. En ello coincidieron tres expertos en litio y un analista energético, que analizaron los dos contratos e hicieron sus observaciones. Aseguraron que no se trata de una inversión extranjera directa (IED), sino de proyectos “llave en mano”.

El analista Germán Richter cuestionó que la empresa Hong Kong CBC registró su sucursal boliviana con un capital de $us 10.000 y firmó un contrato de $us 1.030 millones con YLB. “Es un contrato de servicios, operaciones y financiamiento, no es una sociedad. Bolivia va a pagar por la construcción, operación, mantenimiento y servicios cerca de $us 14.000 por tonelada de carbonato de litio exportado; entre el ‘know-how’, los servicios, el mantenimiento, la operación y el financiamiento, 12% de interés. En 10 años, los intereses van a superar el costo total del proyecto, es inaudito”, calificó Richter.

Por su parte, el investigador adjunto del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Gonzalo Mondaca, observó que en la cláusula 14 del contrato con CBC, se establece que si hubiera un cambio en las regalías para el departamento productor, Potosí, éste debería ser absorbido por YLB.

La Ley de Minería y Metalurgia establece un 3% de regalías, por  lo que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí han rechazado los contratos, además por “ser atentatorio a la economía del Estado boliviano, particularmente al pueblo potosino”, según el pronunciamiento hecho público anoche.

Mondaca señaló que la modificación del 3% en el contrato, sería causal de disolución del contrato. “Entonces YLB está, digamos, obligada a posponer el análisis de la ley del litio y no dar pie a esta demanda del departamento de Potosí, que es subir las regalías por lo menos entre el 10 y el 11 por ciento. Esa es una de las formas en las que se está amarrando al Estado boliviano”.

Azucena Fuertes, asambleísta de Potosí, dijo que los contratos son rechazados “vehementemente” porque no fueron socializados con carácter previo con la región ni con el país, cuando los contratos ya han sido firmados y “cuando las papas queman”.

En tanto, el experto y analista en materia de litio, Óscar Vargas,  “Además la ley 928 de creación de la YLB (2017) dice que solo YLB puedeapuntó que los contratos firmados con los chinos y rusos no son constitucionales, de acuerdo a los artículos 351 y 369 de la Constitución Política del Estado. producir derivados del litio. Así que se creó un contrato de servicios, de entrega llave en mano de una fábrica de litio, pagadero por la producción. De esa manera no se dice el valor, que es el precio por la cantidad”, indicó Vargas.

Para Ricardo Alba, fundador del Club de Ginebra, el hecho que la empresa china haya iniciado sus operaciones en Bolivia, con un capital de $us 10.000 no debería preocupar a los bolivianos, ya que cuenta con el respaldo tecnológico y financiero de su casa matriz.

“En el caso de la rusa “Uranium One), YLB no tiene control y no dirige nada, todo lo hace a su manera. Según el contrato, le vamos a devolver el capital de los mil millones, le vamos a pagar por administrar nuestra planta, le vamos a devolver los costos de producción del carbonato de litio y le vamos a vender a ella misma, tal vez a precios internacionales, pero los costos de producción lo decidirán ellos”, resaltó.

Sobre el tema, el viceministro de Industrialización, Álvaro Arnez, aclaró que el contrato en discusión en la Asamblea Legislativa es del consorcio CBC, liderado por la empresa china CATL, en que se establece que la firma china invertirá $us 1.030 millones en la construcción de una planta y que “el 70% de la economía generada por el proyecto quedará en Bolivia, incluyendo impuestos y otros beneficios económicos”.

Respecto a la preocupación sobre el pago de los fondos invertidos por empresas chinas y rusas, el viceministro subrayó: “Definitivamente, ni CATL ni Uranium One son la madre Teresa de Calcuta, que van a venir a donar ese dinero. Ellos van a inyectar esa plata y hay que devolverla”.

Además, desmintió que “se va a pagar una tasa de interés del 12% sobre el capital inyectado”, explicando que este porcentaje fue solo parte de un escenario pesimista en los estudios financieros, pero que la inversión se repagará con la producción y la comercialización del carbonato de litio.

“Como en cualquier inversión, se deben cubrir los costos de producción; pero el Estado boliviano mantiene el control mayoritario con el 51% de las utilidades”, afirmó.

En cuanto a las críticas desde sectores de Potosí, que consideran insuficiente el 3% de regalías, Arnez aseguró que “la determinación del porcentaje depende del Legislativo”.

El recurso agua

Una de las principales preocupaciones de los potosinos es el recurso agua.

Según Germán Richter, para extraer el litio en Bolivia, en la fase extractiva se evaporan hasta 2 millones de litros de agua de salmuera por cada tonelada de litio y, para purificar esa misma cantidad, alrededor de 140.000 litros de agua dulce. “¿De dónde van a sacar esa agua? Destruyendo todo el ecosistema de la región, ya que en ese contrato no contempla ninguna medida paliativa para afrontar ese desastre”, subrayó.

 Gonzalo Mondaca explicó que en los contratos con las empresas rusa y china, las mismas serían responsables de elaborar los estudios de impacto ambiental y negociar con las comunidades de donde esperan abastecerse de agua dulce. “El Estado se desentiende de estos temas, cuando es su responsabilidad constitucional garantizar el agua dulce para las comunidades y garantizar también que no se afecte el medio ambiente”, aseveró.

Reveló que una de las grandes desventajas de la tecnología EDL es que genera una gran cantidad de salmueras empobrecidas o residuales en poco tiempo, a lo que YLB ha respondido que se reinyectarían en el salar, pero el término no aparece en los contratos y no existe experiencia ni estudios sobre el impacto que esto causaría a los acuíferos.

“Esa es la razón por la que en Chile y Argentina no se ha hecho reinyección de esas salmueras. Se  está estudiando si se puede reinyectar en el propio salar sin diluir las salmueras, pero tienen que garantizar que no contengan ningún residuo de los químicos que se utilizan en la EDL y, por lo tanto, no sean contaminantes”, precisó Mondaca.

Se conoce que Uranium One procesará 14.000 toneladas, mientras que los chinos alcanzarían a procesar hasta 40.000 toneladas si es que cumplen las dos fases propuestas en los contratos.