Bolivia: decreto abre las puertas a semillas transgénicas para cinco cultivos (Mongobay, 27.5.20)

La polémica por los transgénicos nuevamente se instala en Bolivia. Un Decreto Supremo publicado el 7 de mayo por el gobierno transitorio de Jeanine Añez ha dado luz verde al ingreso de una mayor variedad de semillas transgénicas al territorio boliviano.

La norma autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad, de manera excepcional, “establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”, explica el artículo único del decreto.

Este decreto establecía diez días para que este comité realice su evaluación sobre las semillas transgénicas que se utilizaran en Bolivia, pero luego el plazo fue extendido a 40 días.

“Lo que está pasando es parte de una política que viene desde el 2005 con gobiernos que abrieron el camino con normas que permitían el uso de transgénicos y la producción de biocombustibles”, dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

En Bolivia, el uso de soya transgénica está autorizada, sin embargo, este nuevo decreto abre las puertas a otros cultivos como maíz, caña de azúcar, algodón y trigo, una decisión que ha desatado el rechazo de expertos y comunidades indígenas por los riesgos que representan estos productos para la biodiversidad.

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¿Una norma ilegal?

“Esto es ilegal, porque va en contra de lo que dicta la Constitución. Lo que se debería establecer es un comité para planificar la erradicación de cultivos transgénicos”, agrega Villegas, quien explica que si bien hay normas que permiten el uso de estos cultivos, en la Ley de la Madre Tierra aprobada durante el gobierno de Evo Morales se aprobó un procedimiento para eliminar transgénicos.

Villegas cuestiona también la rentabilidad de los biocombustibles producidos en Bolivia, insumo para el que se destinan los cultivos de soya transgénica, pues asegura que el país no puede competir con Argentina y Paraguay, países que también producen y exportan este producto. Además, Villegas menciona que los bajos costos actuales del petróleo convierten a los biocombustibles en un producto poco rentable.

El experto de Cedib agrega que lo que buscan los empresarios agrarios es vender los biocombustibles al gobierno boliviano a precios por encima de lo establecido en el mercado internacional. “Los empresarios de los agronegocios firmaron un contrato con Evo Morales para vender etanol al gobierno, pero como ese gobierno estaba mal económicamente no les compro lo ofrecido. Ahora buscan reanudar ese contrato”.

Mediante un comunicado, la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas originarios campesinos y áreas protegidas (Contiocap) criticó la emisión de este decreto porque “los tiempos son insuficientes para realizar estudios serios de la evaluación de los riesgos”.

Ruth Alipaz, coordinadora de Contiocap, señala que el decreto es solo un formalismo porque no hay suficiente tiempo para que se haga un estudio de riesgos serio. “La evaluación deberían hacerla científicos especializados en materia de bioseguridad, sin embargo, los responsables son políticos y empresarios que tienen interés en los agronegocios y agronómicos”, precisa la líder indígena boliviana.

Alipaz cuestiona que esta norma haya sido emitida durante la emergencia sanitaria por el coronavirus puesto que la inmovilización en la que se encuentra Bolivia –y gran parte del mundo– impide que se realicen movilizaciones para rechazar la medida.

“Los transgénicos sin duda ponen en riesgo la salud del pueblo boliviano y su seguridad alimentaria. Las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas serán invadidos para estos cultivos”, precisa Alipaz, quien asegura que las cinco millones de hectáreas que fueron devastadas en la Chiquitanía por los incendios del 2019 serán destinadas para ese fin. “Es una amenaza para la producción de alimentos de pequeños productores con semillas tradicionales”.

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Riesgo para la biodiversidad

Mediante un pronunciamiento, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) saludó la emisión del decreto supremo emitido por el gobierno de transición. Según los ganaderos de Santa Cruz, la norma permitirá implementar estos cultivos que serán validados por entidades sanitarias oficiales. “Se motivará la producción agrícola y permitirá una mayor competitividad en las distintas cadenas y complejos agroalimentarios”.

Los empresarios de la agroindustria han dicho que Bolivia está rezagada con respecto a los avances de la biotecnología y que esta norma permitirá que se acerquen a los niveles de avances de los países vecinos.

“El pedido de aprobar nuevos eventos biotecnológicos para tener más y mejores alimentos, apunta a usar menos plaguicidas y aumentar el rendimiento de la producción de granos en las mismas áreas de producción, en beneficio de la gran mayoría de pequeños agricultores”,señala Gary Antonio Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Rodriguez agrega que “para exportar más alimentos e importar menos a corto y mediano plazo es necesario mejorar la productividad y aumentar la competitividad, y a eso apunta el pleno uso de la biotecnología”

Sin embargo, para Gonzalo Colque, director ejecutivo de la Fundación Tierra, lo único que se logrará con la norma es incrementar la deforestación a través de la quema de bosques, sobre todo porque en lo que va de este año los focos de calor e incendios forestales han aumentado en un 35% con respecto al mismo período de 2019.

“Hay un proceso de deforestación en curso hace 10 años, de manera permanente. No hay cifras oficiales pero las estimaciones señalan que estaríamos deforestando 200 mil hectáreas por año. Ese es el ritmo agrícola de la soya y la ganadería y principalmente en las regiones de Santa Cruz y el Beni. La intención ahora es entrar a nuevas tierras con agresividad para contar con mayor territorio agrícola”, dice Colque.

El director de la Fundación Tierra también asegura que detrás de la expansión agrícola están los traficantes de terrenos, pues la liberación de una mayor cantidad de tierras para los cultivos transgénicos abre las puertas a la especulación y el acaparamiento de tierras.

La primera semana de mayo se publicó el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, monocultivos, resistencia y propuestas de los pueblos -elaborado por un investigadores de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay- un documento que recoge información sobre los cultivos transgénicos en Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

El documento explica que las leyes bolivianas no permiten “la introdución en el país de paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.

En Bolivia, el maíz es un cultivo con más de 3000 años de antigüedad y ofrece más de 70 variedades, convirtiéndolo en uno de los alimentos más diversos del país, por tanto, el ingreso de este cultivo transgénico pone en riesgo esta diversidad.

“La masificación de transgénicos afecta los cultivos tradicionales, especialmente el maíz y los cultivos en los valles y la capacidad de la seguridad alimentaria con la producción nacional”, explica Colque.

En el caso del trigo –dice el experto– no existen cultivos comerciales de este cereal transgénico en ningún país. “Vamos a terminar produciendo alimentos transgénicos importantes en la canasta básica como son el trigo y el maíz”.

El debate sobre los transgénicos está abierto en Bolivia. El plazo de 40 días definido en la norma para que se confirme o no el ingreso de semillas transgénicas para cinco variedades de cultivos se cumple a fines de junio.

Imagen principal: Cultivos de maíz. Foto: Probioma.

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