Autoridades de Oruro no frenan el avasallamiento de terrenos (El Diario, 16.06.13)
Los problemas se agudizan, a pesar del compromiso hecho por autoridades para evitar esta clase de conflictos sociales.
Oruro – Bolivia.- Las autoridades de Oruro no lograron frenar el avasallamiento de terrenos, en diferentes zonas de la ciudad y, más por el contrario, se agudizan con los enfrentamientos entre las personas que tienen documentos legales y los que no tienen ni un solo papel para la distribución de lotes.
El fiscal de distrito, Francisco Terán, durante la semana acudió a la urbanización La Florida, ubicada en la zona Norte de la ciudad, para tratar de encontrar una solución al conflicto, pero no ha logrado apaciguar los ánimos. Los policías tampoco se animaron a ingresar al lugar, por temor a la reacción de la gente de ambos lados.
La urbanización La Florida se encuentra al lado del camino Oruro-La Paz. Se trata de una de las últimas zonas de la ciudad. Los primeros tienen planos aprobados, minutas de transferencia de terrenos y los otros, tal como ocurre en otros lugares, “dicen tener derecho a ocupar los terrenos, sin ningún documento”.
Las amenazas son de ambas partes. Ambos sectores se encuentran armados con palos y piedras. El Fiscal convocó a los dirigentes de los dos lados para sostener audiencias de conciliación para evitar más enfrentamientos, pero no se logró ninguna solución.
El mismo problema ocurre en la urbanización Vida Nueva, donde los comunarios de Soracachi dicen tener “documentos para ocupar gran parte de los terrenos ubicados al lado izquierdo del camino Oruro-Capachos, con dirección a Cochabamba”. El propietario de una parte de los terrenos, Rómulo Lafuente, con documentación en la mano explicó que el dinero que, inicialmente le entregaron los comunarios, “ha sido devuelto a su abogado”, tal como exigían ellos.
Dijo que, al final, “los comunarios quieren gratis los terrenos y, por eso, se ha demostrado una actitud agresiva, han empezado a construir casas y cualquier persona que se acerca al lugar es agredida, en forma inmediata, sin preguntarle ni siquiera su nombre y su apellido”.
El conflicto ha sido soportado por los mismos funcionarios de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Oruro, cuando intentaron “notificarles con un aviso de construcción clandestina, la pasada semana”. Los policías tuvieron que salir del lugar en forma apresurada, porque “los supuestos dueños aparecían de todo lado”.
La urbanización Cala Caja tiene dos planos diferentes. Unos dicen tener legalidad y los otros consideran que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro “aprobó planos incluyendo el loteamiento de áreas de equipamiento y áreas verdes”. En la zona, hay tres sectores que reclaman derecho propietario.
Otra urbanización con grandes problemas se denomina Sajama. Desde hace siete años siguió meticulosamente los procesos legales para lograr el desalojo de los avasalladores que han construido casas y edificios. Existen resoluciones municipales para la demolición de las construcciones clandestinas. También hay sentencias de desalojo, pero ninguna autoridad se anima a cumplir la orden judicial.
El presidente de la urbanización Sajama, Fidel Oxa, dijo que como dirigentes se ha “acudido a todas las autoridades del departamento, para que hagan cumplir las disposiciones legales y se efectúe la recuperación de los terrenos, pero desde hace dos años, las autoridades siempre eluden su responsabilidad”.
La citada urbanización está integrada por personas jubiladas y, con los beneficios sociales compraron los terrenos, pero ahora, indica, “no tenemos ni un pedazo de lote y nadie quiere escucharnos y todas las promesas se quedan en promesas y los avasalladores siguen construyendo en terrenos que no les ha costado ni un centavo”, acotó.
Los avasalladores, según Oxa, en forma “libre y osada, después de haber construido las casas, ahora quieren pagar una miseria por el costo del terreno”.
Las construcciones no tienen línea y nivel, no tienen orden de amurallamiento. La alcaldesa Rossío Pimentel eludió el problema, porque “como municipio, tienen la obligación de sancionar a los dueños de los terrenos, de acuerdo a la norma, pero no tienen facultad para sancionar a los avasalladores”.
Por ese motivo, a los avasalladores de terrenos, “ninguna autoridad les pide planos aprobados, pago de impuestos y otros servicios”. Las construcciones ilegales continúan aceleradamente. En Oruro, el que construye más rápido, “tiene derecho a conseguir luz eléctrica y agua potable”, pero los dueños, que piden autorización municipal para la construcción, “se quedan sin terreno y sin servicios”, señaló Oxa.
Otro grupo de avasalladores se encuentra en los terrenos de Felix Maure. La construcción del muro de seguridad en 4.000 metros, está a punto de terminar, para que los dueños nunca más vuelvan a reclamar. Las obras continuaron de día y de noche. Por las noches se encendieron fogatas.
El único día que no hubo conflicto fue el jueves 13 de junio, cuando en Oruro cayó una nevada y el frío fue intenso que no permitía hacer mezcla de cemento con arena, para la construcción del muro. En otras zonas, ocurrió lo mismo. Se observó tranquilidad, pero en las oficinas de los fiscales, los avasalladores esperaban su turno para tener una entrevista con las autoridades.
Una característica de los avasalladores es que son hábiles para “inventar historias, teorías y mentiras, y para ocultar los delitos que han cometido, siempre dicen que en forma pacífica han logrado construir en esos terrenos, después de haber golpeado y haber hecho escapar a los verdaderos dueños”, manifestó el ejecutivo de la prensa de Oruro Humberto Apaza.
La Federación de Juntas Vecinales de Oruro otorgó un plazo de siete días, hasta el lunes 17 de junio, para que las autoridades demuestren efectividad en la solución de los conflictos que crearon los avasalladores.
Mientras tanto, el asesor de la Gobernación de Oruro, Juan Carlos Rodríguez, presentó un proyecto de ley para sancionar el avasallamiento de terrenos con prisión de 10 a 15 años y se incluye el delito de despojo como un caso de orden público, donde el Ministerio Público pueda actuar, investigar y sancionar esta clase de conflictos contra la ley.
DATOS
– Los periodistas han sido despojados de sus terrenos el 7 de diciembre del 2010, a golpes de puño y patada. Al final, el incendio de la casa de un periodista tampoco fue esclarecido. La investigación avanza a paso lento
