Analizan ingreso de fiscales al Tipnis (Los Tiempos, 17.10.2012)
COMUNIDADES QUE SE OPONEN A LA CONSULTA
El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Galo Bonifaz, informó ayer que la Asamblea Legislativa Plurinacional analizará la posibilidad del ingreso de fiscales a las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que rechazan la consulta, para evidenciar que el mecanismo democrático sí llegó a esa zona.
«Está en evaluación (el ingreso de fiscales), el Ministerio correspondiente que está haciendo este procedimiento, tiene que hacer un informe a la Asamblea Legislativa», dijo.
Bonifaz explicó que en caso de que se autorice la presencia de fiscales en el Tipnis, para ser parte del proceso de consulta, sería con el objetivo de «garantizar que la Ley 222 se cumpla», porque el Estado tiene que garantizar los mecanismos necesarios de llegar a las 69 comunidades de esa reserva.
Aclaró que la presencia de los fiscales sería temporal y sólo estaría destinada a realizar la labor específica en aquellas comunidades que no quieren ser consultadas, donde certificarán en su libro de actas, de acuerdo a su uso y costumbre, que no quieren ser parte de ese proceso.
«Tiene que ser refrendado en el libro de actas, y eso va a justificar en el informe final que presentarán los ministerios que están a cargo de esa consulta, y por eso la presencia del Estado debe garantizar que las 69 comunidades tienen que ser consultadas», sostuvo.
Tribunal deniega recurso
El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz denegó el recurso de acción popular presentado por el representante en Bolivia de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, ante la negativa del gobierno de Evo Morales de no concertar la consulta con todas las comunidades del Tipnis, tal como manda la Sentencia Nº 300 del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El vocal de la Sala Civil Tercera, Ramiro Sánchez, informó que el pasado 9 de octubre se realizó la audiencia sobre la acción popular interpuesta por Quispe contra los ministros de Obras Públicas y de Medio Ambiente, Vladimir Sánchez y José Antonio Zamora, respectivamente, que fue denegado por ausencia de pruebas.
La explicación de la autoridad judicial detalla que el expediente fue declarado “improcedente” por la falta de pruebas que debieron ser presentadas por el representante de la CAOI, quien hace referencia a tres aspectos en su demanda: el daño al medio ambiente, la nulidad de los actos administrativos relacionados al Tipnis y la libertad de expresión, tránsito e información a los dirigentes.
Por: Redacción Central | Los Tiempos
