Alertan grave vulneración de derechos en pueblos indígenas (El País, 20.11.17)

Las comunidades de origen Mosetén, Chimán y Tacana estamos condenados a desaparecer si se pone en marcha la megarrepresa hidroeléctrica de El Bala y el El Chepete», afirma Domingo Ocampo, dirigente indígena Mosetén del Beni. Esa afirmación es casi como una sentencia de muerte para los citados pueblos, en referencia a una implacable expansión de la política extractivista del actual Gobierno y la expansión sin atenuantes de la frontera hidrocarburífera del país, que afecta pueblos, comunidades indígenas y las áreas protegidas.

Los expertos y los representantes de pueblos indígenas, durante 11 años de su gestión del gobierno de Evo Morales, coinciden que la situación  se  ha agravado con acciones de ataque, criminalización y sometimiento a los designios de las actividades de los proyectos extractivos, violando derechos    de los habitantes y sobre todo a su libre asociación, a las  protestas de las organizaciones comunitarias y a sus aspiraciones más elementales.

«Eso es anormal», concluye Marco Gandarillas, director del Cedib (Centro de Documentación e Información Bolivia). «Si en un mapa hacemos una mirada, nos vamos a encontrar con que no hay un lugar en el país que no estuviera afectado por la intervención extractivista y sobre todo hidrocarburífera, minera y los proyectos energéticos. Y lo peor, todo está asociada a una evidente vulneración de los derechos de sus habitantes, las comunidades indígenas y los impactos ambientales que conlleva», precisó.

Una expansión sin freno. Jorge Campanini, investigador del Cedib, describe que desde el 2014 a la fecha, el Gobierno en su política hidrocarburífera, ha ingresado en una  reconfiguración de las reglas de juego vía un “paquetazo” de normas para facilitar una mayor intervención  de las actividades extractivas en áreas protegidas. “Por ejemplo, se modifica el tema de la consulta, la cuestión de compensaciones, se modifica el reglamento ambiental, se abren las áreas protegidas a la exploración petrolera», señala.

En esos términos, el experto pone en evidencia que ahora en un estudio (exploración hidrocarburífera) de magnetotelúrica (práctica exploratoria, complementaria o preliminar que determina la posibilidad de encontrar un yacimiento a partir de datos magnéticos y de la receptividad de la tierra ) y gravimetría, no requiere «hacer ficha ambiental y menos consulta previa». «Entonces directamente obtienen la licencia de categoría 3 o 4 o 5 ”, argumentó.

Según el experto, lo último de la política del Gobierno fue la modificación de la frontera petrolera: se han reservado para YPFB 100 áreas de exploración de los cuales 20 ya tienen contractos. Se detalla algunas como el Bloque Azero con Total, Huacareta con Shell, Sanandita con Petrolium Gas, Cedro con Petrobras, entre otros que se suman a los contratos vigentes de la época neoliberal.

En cambio, los 80 restantes, según el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez,  serán subastados en el encuentro de Foro del Gas a desarrollarse la próxima semana en Santa Cruz.

«Además esas 80 áreas ocupan una superficie de 23,0 millones de hectáreas en todo el país, en algunos tienen que ver con lugares inverosímiles como la Chiquitania como las riveras del lago Titicaca, como el bloque denominado Tiahuanacu».

En ese contexto, Campanini remarca que el efecto tiene que ver con áreas protegidas y con pueblos indígenas, donde el 37% de la superficie titulada a nivel nacional estarían afectadas por con los contratos petroleros existentes y las 80 áreas a ser sometidas en subasta.

“En el caso que se cumpla ese deseo del Gobierno de entregar las áreas bajo contrato a empresas de capitales extranjeros y operadores nacionales, resultará siendo un riesgo para los pueblos indígenas y el cuidado del medio ambiente. El impacto que va a tener, como en el caso de Tariquía en el departamento de Tarija, donde se realiza la exploración con tareas de magnetotelúrica, será aún mayor”, enfatizó.

Para Gandarillas, la intervención hidrocarburífera deja secuelas como ha sucedido en el norte amazónico con la presencia de la empresa  China BGP y Sinopec, donde se registraron desencuentros con los pueblos tacanas, torobomas y pueblos no contactados. «La conclusión es que esta es la principal amenaza para el ejercicio de derechos humanos en el país, cuando se trata del respeto a la consulta previa y de escuchar a sus habitantes y sobre todo del papel del Estado, de ponerle límites a todo eso. Eso es preocupante», enfatizó.

Violación de derechos. Diferentes miembros de colectivos ambientalistas, pueblos indígenas, organizaciones campesinas y urbanas, conjuntamente a investigadores y organizaciones no gubernamentales, reunidos hace una semana en La Paz, denuncian una alarmante vulneración de derechos humanos en todos los rincones del país,  a merced del extractivismo, entendido como la explotación de recursos naturales a gran escala y con grandes impactos ambientales y de los derechos de los pueblos que habitan en ella.

La situación es una “preocupación gigante”, argumenta Ocampo, cuando describe que las dos megarrepresas  hidroeléctricas que el Gobierno piensa desarrollar, amenaza con el éxodo de al menos de 7.000 familias indígenas Mosetén, Chimán y Tacana. “De instalarse esas represas: desaparecerían nuestras comunidades originariamente asentada en la zona del Chepete y El Bala, dado que nuestro territorio se verá inundado sin medida alguna. Por ejemplo, en El Chepete, la afectación llegaría a más de cuatro mil familias. Eso nos preocupa, estamos buscando rearticularnos, pese a que las comunidades han sido coptadas por el Gobierno y  por cualquier cosa”, señaló.

La situación es aún más grave en la reserva forestal de Tariquía, formación similar a los Yungas que se encuentra en el departamento de Tarija, donde las actividades de exploración  hidrocarburífera, amenazan con el bienestar de las comunidades en una zona de 240 mil hectáreas, cuyo 55% estaría afectada.

Cristian Buitrago, activista e investigador, menciona  lo preocupante es que las actividades de exploración amenazan con 22 comunidades que si bien las 3.000 familias resisten, ellas están amenazadas por las mismas autoridades municipales y regionales afines al Gobierno.

«Es la reserva más grande que tenemos en Tarija. Preservar es cuestión de vida, por lo que no se respetan derechos y se llevan reuniones comunales una consulta previa viciada. Es preocupante», precisó.

Estrategias conjuntas para hacer frente                                                             

Protagonistas. Los dirigentes indígenas y los activistas coinciden que para hacer frente a una sistemática imposición de proyectos extractivistas en el país, la protagonista de los cambios son las propias organizaciones sociales e indígenas.

Acciones. En ese contexto, las Organizaciones No Gubernamentales, señalan que la capacidad de  sociedad civil de ponerles límites al Estado se ha debilitado demasiado en estos años del gobierno de Evo Morales.

Apuntes

Contexto.  El ministro de hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en el mes de agosto, en ocasión del Congreso de Gas y Petróleo desarrollado en Santa Cruz, informó que el Gobierno llevará a cabo la  subasta de aproximadamente 100 áreas y campos hidrocarburíferos para atraer inversión extranjera e iniciar tareas de exploración.

Menor tiempo. A criterio de Sánchez, los procesos de categorización, consulta, participación y evaluación ambiental demoran demasiado tiempo, por lo que es necesario acortar los periodos. “La licencia ambiental nos llevaba 390 días, hoy somos mucho más ágiles y toma 195 días, tenemos ese reto, queremos llegar a 90 días», enfatizó.

Proyectos. Entre esos proyectos a ser priorizados está Itacaray con un estimado de 0,88 TCF, Huacaretera (13 TCF), Río Hondo 2,66 (TCF), Iñiguazú (1,75 TCF), Aguaragüe Centro Los Monos (0,59 TCF), Azero (3,18 TCF), Incahuasi Norte (1,59 TCF), Illinchupa (1,59 TCF), Caranda Profundo (0,47%), Río Grande Profundo (1,31 TCF), Tacobo (0,01 TCF), Caipipendi-Boyuy (2,64 TCF), Carohuaicho 8D-Sararenda (0,80 TCF), Aguaragüe Norte Sipotindi (0,33 TCF) y San Telmo Norte Domo (3,26 TCF).

Respuesta. En tanto, Óscar Campanini, investigador del Cedib, refiere que el  grado de vulneración de derechos humanos en Bolivia, ha superado cualquier dimensión con relación a otros países de la región. «Bajo el argumento de apostar por el desarrollo y mejor calidad de vida de la población se involucran no solo a poblaciones rurales, sino también urbanas con las actividades extrativas; cuando en realidad solo sirve para justificar actividades que dañan el medio ambiente y el derecho a la vida de quienes habitan en ella”, apuntó.

Punto de vista

‘El respeto a los  derechos amerita de un cambio’

Grecia Tardío
Colectivo ‘Salvaginas’

«Los espacios de resistencia en este momento están ahí en el campo, donde los colectivos independientes tratamos de llegar, en procura de desestigmatizar lo que el Gobierno cree que son poblaciones pobres. Es cierto que la salud es una necesidad, pero en los usos y costumbres que tienen estos pueblos, viven de acuerdo y en armonía con su hábitat.

Frente a esto hay que entender de manera crítica la realidad de nuestra sociedad que tiene en la mente ese carácter depredador bajo un modelo extractivista y consumista. Si en ese ámbito dejamos pasar las cosas,  la amenaza es aún mayor para esas comunidades indígenas donde la vida es diferente a las urbanas, que tiene un empoderamiento de sus territorios.

Quitarles o mover los espacios donde  ellos están viviendo, francamente  estamos condenados a una evidente violación de sus derechos.  Además, el Gobierno sin avisar está realizando consulta previa en esos lugares de intervención, lo cual vulnera el derecho fundamental a la información y a la verdad.

De pronto están llamando a los vecinos para dar cuenta de qué hacer con el territorio donde han vivido sus abuelos y las generaciones, eso es preocupante.

Para ello es fundamental recuperar ese sentido crítico y encontrar esos espacios de apertura para que el Gobierno escuche y además el Estado limite, de acuerdo a las leyes y normas, esa usurpación de sus territorios todo bajo la excusa de un desarrollismo extractivista”.

Expresiones de indignación e impotencia

Pablo Villegas. (Investigador) «Los ataques contra todas estas organizaciones, es en el fondo contra los derechos civiles.  El presidente una vez dijo que para él la Pachamama  era una mina que había que saquearla y explotarla. Entonces no le interesa la violación de los derechos humanos».

Daniela Castro. (Organización de Mujeres Rosas). «Es increible cómo los derechos humanos, en un gobierno supuestamente indígena y defensora de la madre tierra, estén siendo violados. Frente a ello la cosa es prepararse para cambiar esa realidad».

Fabricio Uscamayta. (Activista). «Es triste ver al Gobierno con un discurso indigenista al principio, ahora encara los proyectos fomentando la acumulación basada en la exportación de nuestros recursos naturales, donde la población más damnificada es el indígena».

Alejandra Núñez Del Prado. (Coordinadora Resistencia Universitaria). «Hay que cambiar esa visión de desarrollo orientada solo en extraer la materia prima y exportar. Lo preocupante esta especie de subasta de nuestro territorio afecta a pueblos indígenas».