Alarma en ONG y Fundaciones (El Día, 22.7.17)

Diferentes organizaciones no gubernamentales, sociales y asociativas, al enterarse del artículo 71 del proyecto de Ley del Código de Sistema Penal, que entre otros aspectos anuncia la penalización de la «persona jurídica», ven como un mecanismo orientado a silenciar y de paso incriminar a la sociedad civil, cuyo trasfondo busca la penalización no solo de actores sociales sino de sus instituciones colectivas. “Este es un retroceso en el marco de los derechos humanos. Nadie puede asumir la responsabilidad por otro. Por ejemplo, los hijos no pueden asumir por los padres. Una entidad no puede asumir una responsabilidad de un delito personal. El fondo de esto es amedrentar, intentar desde el Estado de un control social represivo. Es un signo de autoritarismo extremo”, señaló Marco Gandarillas, Director del Centro de Documentación Bolivia (Cedib), sede en Cochabamba.

A su vez, Diego Ayo, Director de la Fundación Pasoskanki, dijo que era previsible que bajo un proyecto de Ley de 666 artículos, estaba inserto disfrazadamente una normativa tan extrema que raya con «un acto de represión muy sutil», en el nuevo Código de Sistema Penal.  “Es una novedad no novedosa si vemos hacia atrás. Este modelo funciona silenciando hacia la sociedad civil. Entonces era bastante previsible y esta no es la excepción. La norma es muy peligrosa para las organizaciones sociales y de actores institucionales, dado que invoca a un acto de represión muy sutil”, señaló.

Lo peligroso de la norma. Además, el experto puntualizó que en el contexto de las organizaciones sociales y no gubernamentales que hoy trabajan denunciando al gobierno sobre inversiones que vulneran derechos indígenas, cualquiera que cuestione o critique, sobre todo en el contexto de las inversiones extractivas, el gobierno buscará la manera de penalizar actores institucionales y el cierre de sus instituciones. “Si una persona se equivoca en un periódico acallarán a ese medio de comunicación además de llevar preso al periodista. Si una persona en una ONG cuestiona o da un paso en falso terminarán cerrando y quitándole su personaría jurídica de estas sociedades colectivas. Es muy peligroso todo ello”, dijo.

Para Arturo Villanueva, Sociólogo y Catedrático de la UMSS de Cochabamba, el nuevo Código de Sistema Penal, aún en consideración en la Asamblea Legislativa Plurinacional(ALP), pone en posición crítica la libre expresión y la libertad de cualquier tipo de actividad socioeconómica y de organización de la propia sociedad civil. “Es algo más grave de lo que está escrito, lo que busca el gobierno es dividir entre el Estado y la Sociedad Civil. Eso significa que toda la sociedad civil que sea de carácter colectivo, que tenga personería jurídica,  o sea un individuo que a criterio del Estado cometa  algún delito será motivo de ajusticiamiento.

Entonces, esto es gravísimo, no solo penaliza no solo a las personas sino a la institución que representa. La sociedad para el gobierno, con dicho proyecto de Ley, es susceptible de cualquier delito”, enfatizó.

En tanto Limber Sánchez de la ONG Cepa (Centro de Ecología y Pueblos Andinos), lo que busca el proyecto de Ley pretende coartar el libre ejercicio de la protesta de las organizaciones colectivas y las instituciones no gubernamentales, que en los hechos viola el derecho a decir, reclamar y protestar. “Bajo esa lógica la norma busca coartar la libertad de asociación y de paso al derecho de la protesta. Prácticamente las Leyes nos van a juzgar penalmente las observaciones que en el caso nuestro hacemos, como las actividades mineras, su fuerte daño al medio ambiente. En ese contexto, no podremos hacer nuestro trabajo”, argumentó.

Sara Crespo, de la Fundación Probioma de Santa Cruz, argumentó que dicho artículo 71 apunta a la criminalización de las protestas, en el caso de las ONG, fundaciones y organizaciones colectivas contestatarias a las políticas estatales. “No nos entra a la cabeza que algo tan grave se esté sosteniendo en dicho proyecto de Ley. Es una forma de criminalizar las protestas. Es preocupante porque, de aprobarse tal como está, se estará violando derechos fundamentales y los derechos humanos”, sentenció.