A la opinión pública nacional e internacional (CIDOB, 17.07.13)
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB, pone en conocimiento de la población Nacional e internacional y denuncia que en nuestro País el Gobierno Plurinacional de Bolivia continúa atropellando los derechos de los pueblos indígenas de Tierras Bajas, incumpliendo con el mandato constitucional.
En la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, vigente desde 2009, reconoce a la par de la justicia ordinaria, a la justicia indígena. El art. 190 reza: “Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencias a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios”.
El pasado 22 de junio, por decisión democrática y comunitaria, los pueblos indígenas del TIPNIS determinaron someter a la justicia indígena al dirigente Gumercindo Pradel por tratar de dividir a las organizaciones naturales, por desconocer las determinaciones de sus organizaciones, por haberse convertido en un dirigente prebendal hacia el gobierno y por impulsar la construcción de una carretera por el corazón del mencionado parque nacional.
Ante estos últimos hechos suscitados con los Dirigentes del TIPNIS y el Presidente de la CIDOB es que nos pronunciamos repudiando las acciones de la justicia, la misma que se ha convertido en un instrumento del gobierno nacional para reprimir y amedrentar a todo ciudadano boliviano que piense diferente.
El gobierno nacional utiliza a aquellas personas que le son serviles y que han sido expulsados del movimiento indígena o aquellas personas como Gumercindo Pradel que ha renunciado a ser parte del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, al titular sus tierras parcelándolas para la siembra de cocales y que ahora pretende ser la autoridad que convoca a Supuestos Encuentros de Corregidores para desconocer a las autoridades electas legítima y orgánicamente por los pueblos indígenas, quienes dignamente representan y respetan las estructuras orgánicas, las formas de elección y la toma de decisión como es la Libre determinación y el Autogobierno, amparado por nuestra Constitución Política del Estado en su artículo Segundo.
Estas acciones no hacen más que provocar a los pueblos indígenas, lo cual derivó en la decisión de los corregidores del TIPNIS de aplicar a Gumercindo Pradel la justicia comunitaria, para sancionar y corregir las acciones que realiza en contra de la voluntad del pueblo.
La llamada de atención, la recriminación y el castigo a Gumercindo Pradel, en el marco de la Justicia Comunitaria por su actitud contraria a las normas de los pueblos indígenas, por la Usurpación de atribuciones y representación, bastaron para que el gobierno nacional reaccione desproporcionadamente, violentando la Constitución Política del Estado, las normas y nuestros derechos consuetudinarios en nuestros territorios, utilizando las instancias judiciales para promover la acusación y la celeridad para que se emita un mandamiento de aprensión contra los dirigentes Fernando Vargas, Pedro Nuny, Lazaro Tacoo y Adolfo Chávez defensores de los territorios indígenas, desconociendo de esta manera la normativa referida a la administración de la justicia comunitaria de los pueblos indígenas en sus territorios.
El gobierno nacional utiliza la justicia de acuerdo a sus intereses y recurre como siempre a sus campañas de desprestigio, difamación, mentiras, las acusaciones manipuladas y la criminalización con el único objetivo de lograr la muerte civil y deslegitimar la autentica representación orgánica de nuestras autoridades representativas del movimiento indígena, originario de Tierras Bajas
Lamentamos que, en los procesos penales derivados de la movilización pacífica del 2011 y 2012; el Ministerio Público se haya convertido en una máquina de acusaciones contra los líderes indígenas de nuestras organizaciones representativa de tierras bajas, para quienes pide penas incluso hasta de ENCARCELAMIENTO, sin ningún criterio de justicia sino de perseguir por perseguir con fraguados elementos de “convicción” por delitos inexistentes. Esta actitud injusta nos lleva a pensar que no se han cambiado las equivocadas “políticas” de criminalización de la protesta social y que mediante los operadores de “justicia” se pretenden vapulear a nuestros dirigentes y dejar impune las responsabilidades del Estado por la masacre de Chaparina 2011.
CIDOB califica como INACEPTABLE y ARBITRARIO la forma de cómo se ha tramitado al proceso judicial y a la incongruencia, contradicciones y carencia de fundamentos objetivos de la acusación fiscal con la única intención de esquivar la verdadera responsabilidad de los autores de la masacre de Chaparina. Por ello, la acusación fiscal resulta criminalizando las justas protestas indígena del 2011 y 2012, un elemento central de toda democracia que es el derecho que tienen los pueblos indígenas a protestar libre y pacíficamente.
Respaldados por la CPE, los dirigentes indígenas presentaron un recurso de incompetencia en relación a que la justicia ordinaria no puede involucrarse con la justicia indígena. Está claro que más pesan las imposiciones superiores a las determinaciones comunitarias.
Nos preguntamos, por qué el gobierno nacional no actuó con esa celeridad sobre la brutal represión que sufrimos los más de 800 marchistas en Chaparina durante la VIII y la Novena Marcha indígena?.
Por estas razones:
DENUNCIAMOS ante la opinión pública la vulneración de nuestros derechos y la inobservancia por parte del Gobierno Nacional de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución Política del Estado, principalmente en lo que se refiere a nuestra autonomía y el ejercicio de nuestra justicia comunitaria, Título Tercero del Órgano, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Capítulo Cuarto, Articulo 190, 191 y 192.
PEDIMOS:
Al Papa Francisco que pueda visitar nuestro país, aprovechando su llegada a nuestro vecino país Brasil, para que constate la permanente violación por parte del gobierno nacional a nuestros derechos como seres humanos y como pueblos indígenas. Tenemos la esperanza de que sea nuestro portavoz ante instancias internacionales de protección de los derechos fundamentales de toda persona.
Al Pueblo Boliviano y a la comunidad internacional le pedimos su solidaridad, su apoyo y que puedan pronunciarse para que cesen las violaciones a nuestros derechos (constitucionalizados y respaldados por normas internacionales) y la persecución a nuestras Autoridades.
Que se respeten nuestros territorios, las normas comunitarias, nuestras diferencias, la diversidad cultural y la cosmovisión de los 34 pueblos indígenas que representamos de manera orgánica como Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia “CIDOB”.
POR LA CONFEDERACION DE PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA CIDOB.
