56 mil hectáreas en riesgo por loteamiento (Opinión, 07.02.2014)

En los últimos años el departamento de Cochabamba sufre la pérdida de sus zonas productivas y vive amenazada por los avasallamientos.
Esta situación se repite en el resto del país, principalmente en el oriente boliviano.
Desde hace un mes, rige la Ley 477 Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras que busca castigar a los que ocupan terrenos de manera violenta.
En Cochabamba la expresidenta de la Brigada Parlamentaria, senadora Carmen Peredo impulsora de esta norma legal, advirtió de la pérdida del 60 por ciento de las áreas agrícolas a raíz del crecimiento de la mancha urbana y el avasallamiento de tierras con el objetivo de parcelarlas y luego comercializarlas.
“En el eje metropolitano se ha perdido casi el 60 por ciento de las zonas productivas, es por eso que es importante apoyar a las familias campesinas. Esperamos que los abogados tengan el valor de enfrentarse a los avasalladores”, manifestó.
Según las denuncias que recibió la Brigada, este hecho es más evidente en el municipio de Vinto, pero también en otros, principalmente del eje metropolitano, es decir, Cochabamba, Quillacollo, Sacaba y Tiquipaya.
Advirtió también que estos avasallamientos están avanzando hacia el Valle Alto. Tienen casos en San Benito, Tolata, Cliza y Capinota.
Pese a esta constante amenaza aseguró que, con la nueva ley, este año, se ha conseguido frenar las invasiones de tierras.

DERECHO PROPIETARIO El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Víctor Hugo Claure, coincidió con la afirmación de la Presidenta de la Brigada Parlamentaria. Explicó que, actualmente con las medidas precautorias que se implementaron en los lugares en conflicto para garantizar el norma desarrollo del proceso y definir el derecho propietario, disminuyeron los casos de avasallamientos.
“Tenemos dificultades por el derecho propietario de la tierra, pero nuestra atribución es atenderlas y resolverlas. Hemos identificado 56 mil hectáreas en conflicto en el departamento de Cochabamba y no está definido el derecho propietario”, sostuvo.
Dijo también que el año pasado se resolvió el derecho propietario de 7 mil hectáreas de áreas conflictivas y para esta gestión está previsto avanzar en el 40 o 50 por ciento de las 48 mil hectáreas restantes.
Aclaró que mientras el INRA no se pronuncie oficialmente en estos casos, no se puede realizar ningún trabajo.
“Históricamente tuvimos problemas desde hace 15 años. En 2013 se resolvieron los más graves. Nos hemos pronunciado y hecho conocer el resultado a las partes”, agregó.
Claure recordó los casos de avasallamiento en Albarrancho y Esmeralda, donde grupos de loteadores tomaron por la fuerza los terrenos. En ambos conflictos, las dos partes se atribuían la propiedad de la tierra. Incluso presentaron documentos que posteriormente fueron revisados y el INRA se pronunció al respecto.
El director del INRA exhortó a las personas que tienen la necesidad de vivienda a no dejarse engañar para tomar la tierra por la fuerza porque ese accionar ahora tiene una sanción legal con la nueva ley aprobada en diciembre del año pasado.
Por su parte, el exdirector del INRA y exautoridad del Tribunal Agrario, Luis Arratia, aclaró que la mayor parte de estas tierras que están en riesgo de ser avasallados son colectivas, es decir, que fueron otorgadas por la Reforma Agraria y pertenecen a comunidades campesinas.

NORMATIVA La asesora legal del Viceministro de Tierras, Giovanna Mallea, se refirió a las sanciones que están establecidas en la Ley 477 para los delitos de avasallamiento y el tráfico de tierras. El artículo 337 y 351 estipulan una pena de 3 a 8 años de privación de libertad. A esto se suma la sanción en la vía administrativa para los servidores públicos, ya que en muchos casos se detectó que los que estaban involucrados pertenecían al municipio.
“Esta ley nos da un horizonte para atender los asentamientos comunitarios a fin de que tengan las condiciones de quedarse como productivos y el privado tenga la seguridad jurídica si va en pro de la seguridad alimentaria”, sostuvo.
Asimismo, indicó que esta norma legal es más preventiva.
Entre tanto, la senadora Peredo explicó que se procesará como un delito en flagrancia, es decir, con la detención de la persona y a conocimiento del juez. La pena será agravada si el avasallamiento se da en una zona de recarga acuífera. “Esperamos pronta aplicación de la ley porque se está yendo en desmedro de áreas agrícolas”, finalizó.

La Ley.

Objetivo
Fortalecer, proteger a las organizaciones de productores y la sociedad civil en su conjunto, a través de la incorporación en el Código Penal de nuevos delitos como son la ocupación ilegal y el tráfico de tierras.

En riesgo
Se encuentran las áreas productivas agropecuarias, piscícolas y forestales del país, zonas de recarga hídrica, tierras de dominio público (como las áreas verdes, lechos de ríos y otros), propiedades del Estado y tierras fiscales.

La situación
En Cochabamba son cada vez más las denuncias sobre ocupación ilícita de la tierra o fraccionamiento ilícito de la tierra agropecuaria con fines de urbanización, de tierras colectivas o individuales, zonas de recarga hídrica, franjas de seguridad, zonas de alto riesgo o tierras de dominio público.

Decreto Supremo 1809
Coadyuva en la protección de las áreas productivas urbanas para garantizar la seguridad alimentaria.

Cuatro millones disponibles

Desde el Viceministerio de Tierras se informó de la disponibilidad de cuatro millones de hectáreas de tierras fiscales en todo el país.
La asesora de esta instancia gubernamental, Giovanna Mallea, reconoció que existe una necesidad de tierra, pero es el Estado quien tiene que encargarse del proceso de distribución y redistribución a través del INRA.
Mallea también aclaró que de estas cuatro millones de hectáreas, no todas son productivas. Esta cantidad fue identificada durante el proceso de saneamiento.
“Tenemos que clasificar y darles las condiciones (a los que necesitan tierra) para que se puedan mantener y contribuir a la seguridad alimentaria y organizarse de forma pacífica”, dijo.
La autoridad también advirtió que en estos grupos que deben organizarse para beneficiarse con la dotación de tierra no se permitirán loteadores que se aprovechen de la gente porque además este proyecto es gratuito.
Entre tanto, la norma establece que estas tierras que están disponibles no son para los extranjeros y tampoco para los empresarios, sino los sectores, debidamente organizados, que quieran trabajar la tierra y hacerla productiva.

Tribunal Agroambiental detecta errores en el 50 por ciento de los trámites para definir el derecho propietario

El subdecano del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes, se refirió al conflicto que conlleva definir el derecho propietario a través del saneamiento de la tierra y las amenazas constantes de avasallamientos.
P: ¿ Cuáles son los procesos que conoce el Tribunal Agroambiental?
R: Son los interdictos para retener o recobrar la propiedad agraria. También tenemos las demandas contenciosas y administrativas que se realizan en el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) y son observadas ante el Tribunal, en medio están los avasallamientos, pero no en esos términos. Los que se dicen ser propietarios reclaman que el INRA no procedió o aplicó la norma correctamente. Esos procedimientos ahora son revisados.
P: ¿Qué observaciones son las más comunes?
R: En estos casos, con una resolución, se afecta a una comunidad o un sindicado con más de 100 personas, es por eso que hacemos el control jurisdiccional aplicando la Constitución Política del Estado. La mayoría pide revisar la resolución final o suprema del INRA dentro de un proceso de saneamiento porque consideran que hubo un mal procedimiento, recorte de la superficie o una irregular pericia de campo.
P: ¿Hay muchos errores?
R: Del 100 por ciento de las revisiones que realiza el Tribunal, el 50 por ciento tiene errores del INRA, es decir que en la mitad de los casos se le da la razón a la gente en la sentencia que determinamos. Hay mucho error. Esto se debe a que las propiedades son grandes, miles de hectáreas.
P: ¿Cuál es la situación de Cochabamba?
R: La mayoría de las causas que recibimos en el Tribunal son de Cochabamba, luego están las de Santa Cruz y de La Paz. Nos piden que se aplique la norma y respete la posesión.

El 90 por ciento de los asentamientos empezó en la ilegalidad en Cochabamba

Los avasallamientos de tierras son ocupaciones de hecho y tienen sus connotaciones en el interés económico.
Cambiar el uso de suelo para convertirlo en propiedad urbana es una actividad rentable si se hace legalmente, pero más si se hace ilegalmente. Este es el origen del problema de una expansión de la mancha urbana en Cochabamba y el Valle Central de manera caótica y desordenada.
Lo regular fue hacer ocupaciones de hecho (avasallamientos) con serios riesgos para el municipio porque después debe invertir mucho dinero para regularizar y legalizar estos asentamientos humanos. El 90 por ciento de lo que ahora es urbano o se va a urbanizar es ilegal, solo el 10 por ciento cumple con las normas y cesiones a la alcaldía.
En todas las urbanizaciones de Huayra K’asa, Cerro Verde, Villa Primero de Mayo, Villa Bolívar, K’ara K’ara, San Miguel, Uspha Uspha y en la Cota 2750, primero la gente entró y luego legalizó su situación. No hubo capacidad institucional de organizar y planificar el asentamiento y ordenamiento territorial en los municipios. Las personas se han dado cuenta de esta debilidad institucional y han avasallado propiedades privadas y colectivas. Hay una metodología de construcción rápida bajo el sistema de auto ayuda y hacen aparecer casas, lo que obliga al gobierno municipal a instalar agua, luz porque no pueden permitir que vivan en condiciones que no condigan con la dignidad humana.
Las políticas públicas en materia de vivienda no han permitido a muchas personas comprarse un lote, ni hacerse una casa. Como una estrategia de sobrevivencia muchas personas han arriesgado incluso su vida y sus pocos centavos para adscribirse a programas ilegales. La casa es una necesidad. De lo que se trata ahora es que el municipio planifique global e integralmente en el marco de una mancomunidad para preservar áreas y establecer cuáles son para producción intensiva agropecuaria y cuáles las que tienen que expandirse a lo urbano. Eso debe tener planificación interinstitucional.