Franco Albarracín aborda ante la CIDH los impactos de la minería ilegal y la crisis judicial en Bolivia
En el marco del 188 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado Franco Albarracín, representante del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), participó en dos audiencias relevantes que abordaron problemáticas cruciales para su país.
Audiencia sobre los impactos de la minería ilegal en los derechos humanos
El 8 de noviembre, Albarracín presentó ante la CIDH información detallada sobre los impactos de la minería aurífera en los derechos humanos en Bolivia. Destacó que la comercialización del oro se ha convertido en la principal fuente de ingresos del país, con un aumento significativo en la influencia de diversos sectores, especialmente en los cooperativistas.
El abogado resaltó la diferencia entre la minería cooperativa legal e ilegal, señalando que incluso la primera no cumple completamente con las normativas laborales, impositivas, reglamentarias y ambientales. Uno de los aspectos más preocupantes abordados fue el uso generalizado de mercurio en la extracción de oro, representando el 82.3% de las emisiones nacionales de mercurio en Bolivia.
Los resultados de un estudio llevado a cabo con la colaboración de la Universidad de Cartagena y la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas revelaron niveles de contaminación por mercurio que superan los límites internacionales permitidos. Albarracín subrayó la falta de medidas concretas por parte del gobierno boliviano y advirtió sobre los graves impactos en la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas.
Audiencia sobre acceso a la justicia e independencia judicial en Bolivia
El 10 de noviembre, Albarracín participó en otra audiencia enfocada en el acceso a la justicia e independencia judicial en Bolivia. Expuso la ineficacia del control de constitucionalidad, señalando que la imposición de un marco jurídico inconstitucional y las prácticas indebidas del Tribunal Constitucional Plurinacional evidencian violaciones directas a los derechos humanos.
Albarracín denunció la intensificación de procesos penales contra defensores de derechos humanos, líderes indígenas, periodistas y políticos de oposición. Destacó la contribución del Tribunal Constitucional a la crisis de la justicia en Bolivia y llamó a la CIDH a pronunciarse prontamente para evitar situaciones similares a las de otros países de la región.
El abogado también resaltó la expectativa en Bolivia por conocer el informe país y solicitó a la CIDH interponer sus buenos oficios para garantizar la estabilidad e independencia de los miembros de los tribunales mencionados en la exposición.
En ambas audiencias, Franco Albarracín proporcionó a la CIDH un panorama detallado de las problemáticas que enfrenta Bolivia en relación con la minería ilegal y la crisis judicial, llamando la atención sobre la urgencia de abordar estas cuestiones para proteger los derechos fundamentales de la población.
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