IV ENCUENTRO NACIONAL DE LA CONTIOCAP, BOLIVIA

Roboré, Tercera Sección Municipal de la Provincia Chiquitos, Santa Cruz, Septiembre 1-3 de 2023

Reunidas las diferentes resistencias aglutinadas en torno a la CONTIOCAP, quienes estamos en defensa de nuestros territorios, de nuestras áreas protegidas, de nuestra Madre Tierra, y nuestros derechos como pueblos indígena originario campesino de las cinco macro regiones de Bolivia; luego de exponer y analizar la situación que enfrentamos a nivel nacional; situación de constante acoso, de múltiples formas de despojo de nuestros territorios y recursos fundamentales para la vida como el agua y el suelo, que están generando una amenaza a la continuidad milenaria de nuestra existencia; luego de volver a constatar la permanente agresión a la cohesión social de nuestros pueblos, por medio de la división organizacional en nuestras comunidades, incluso a nivel familiar, para favorecer intereses de grandes capitales del sector de hidrocarburos, sector agronegocio, sector minero tanto en Tierras Altas como en Tierras Bajas, y ahora de manera particular, con mayor violencia, la minería de oro en los ríos de nuestra Amazonía; ante ello, y por la férrea defensa de la vida, defensa de nuestros diferentes pueblos indígenas originarios campesinos que formamos parte de este Estado Plurinacional, emitimos la presente RESOLUCIÓN para poner a consideración de la sociedad boliviana y contribuir a un urgente debate público:

Situación Económica del país

1. El reciente anuncio del Presidente Arce, sobre la economía de nuestro país, con la frase: “ha tocado fondo porque no hay gas”; es una realidad que los bolivianos y bolivianas ya sabíamos. Porque los recortes de recursos económicos a los municipios, gobernaciones y universidades iniciaron desde 2014, afectando la educación escolar, educación superior, la salud y la economía del pueblo boliviano. Pese a que nuestro país había gozado de una bonanza económica por los altos precios de los hidrocarburos, que ha sido mal administrada por el gobierno del ex presidente Evo Morales junto a su ministro de Economía, que es el actual Presidente de Bolivia.
2. La historia de siempre parece volver a repetirse de manera trágica. Toda vez que hay crisis económica en el país por la incompetencia de los gobiernos de turno, el costo de esa mala gestión lo pagamos y sufrimos los más pobres y vulnerables, dejando en la impunidad y posición privilegiada a los corruptos que la ocasionan. Luego estos vuelven a utilizar la excusa de la crisis económica para intensificar extractivismos que nos despojan de nuestros territorios, del agua y de nuestro derecho a existir y vivir con dignidad.
3. Los pueblos indígenas originarios campesinos en nuestros territorios tenemos emprendimientos turísticos en el Salar de Uyuni, en la Chiquitania, en el Madidi, en los Valles Tarijeños y
Cochabambinos; hacemos producción agroecológica y orgánica en Tierras Altas y Tierras Bajas; producimos vino en los valles, producimos frutas como el durazno; producimos miel en los bosques de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía; recolectamos castaña de los bosques de la Amazonía; hacemos producción agroecológica de aceites esenciales en la Chiquitania; actividades que en vez de ser potenciadas y protegidas por normas para ejercer la economía plural, están siendo destruidas por el extractivismo. Porque, de contar con apoyo de las políticas estatales para promoverlos y promocionarlos, generaríamos más fuentes de empleo, ingresos para nuestros territorios, para los municipios, los departamentos y a nivel nacional. Porque es una realidad que, desde la caída de las exportaciones de hidrocarburos en 2014, hay más saqueo de recursos naturales, pero en los hechos el Estado se sostiene en un 80% del pago de impuestos de los bolivianos y bolivianas.

Sector hidrocarburífero energético, Áreas Protegidas y Territorios Indígenas

4. Bolivia tiene 22 Áreas Protegidas, amparadas por la Constitución Política del Estado, que han sido creadas para cuidar ecosistemas frágiles, fuentes de agua, biodiversidad, culturas y conocimientos de pueblos indígenas originarios ancestrales, que en conjunto hacen el patrimonio natural y cultural del Pueblo Boliviano. Y son también el último refugio de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y No Contactados, comunidades humanas únicas e irrepetibles, cuya protección es responsabilidad de todos los Bolivianos.
5. Sin embargo, desde el gobierno central se empeñan en destruir todas las Áreas Protegidas con normas de menor rango, para facilitar exploraciones petroleras como en el caso de Tariquia, así como en territorios indígenas del Norte de La Paz y Pando, donde incluso ingresan con proyectos engañosos para hacer exploraciones sísmicas dañando bosques de castañales. Asimismo, las mega obras de represas hidroeléctricas como Ivirizu, Carrizales, Chepete – Bala, Cachuela Esperanza, Ribeirao, consideradas como de transición energéticas y para crear hidrovías, son proyectos que solo beneficiarán a actividades extractivistas que afectarán las áreas protegidas y a diferentes territorios indígenas campesinos en el territorio nacional. Por lo tanto, Bolivia sigue inmersa en modelos obsoletos de generación y venta de energías, que además crean enclaves extractivistas para el saqueo de nuestros recursos naturales, a costa de la vida de familias indígenas y campesinas bolivianas.
6. Los gobiernos de turno tienen la obligación de preservar nuestras áreas protegidas y territorios indígenas para que cumplan con su propósito de creación; y tienen la responsabilidad de buscar opciones económicas pensadas en y para la población boliviana en su conjunto. Porque la destrucción de las áreas protegidas y territorios indígenas implicará, por acción sistemática y consciente del Estado, la desaparición de los pueblos indígenas originarios campesinos, incluidos nuestros hermanos en aislamiento voluntario, que son delitos de etnocidio y de lesa humanidad. Pero, además, privará del acceso al agua, al aire limpio y recursos fundamentales para vivir, a las generaciones futuras del país entero, reduciendo su calidad de vida.

Sector del Agronegocio de monocultivos transgénicos, Áreas Protegidas y Territorios Indígenas

7. Este sector está vinculado a la política estatal que fomenta redes de tráfico de tierras, donde el INRA se ha convertido en el principal responsable de despojo de territorios de pueblos indígenas originarios, con la titulación de tierras a terceros ajenos a nuestros territorios. Estos colonizadores supuestamente son parte de organizaciones llamados “interculturales”, quienes luego alquilan o venden las tierras a los grandes capitales del agronegocio, lucrando con el sometimiento y servidumbre de la Madre Tierra. Por otro lado, el cambio de uso de suelos permite métodos de deforestación con incendios de bosques que van replicándose en la Amazonía del Beni y el Norte de La Paz, arrasando con bosques, recursos hídricos, biodiversidad, para producir agrocombustibles de soya, caña de azúcar y palma africana.
8. La expansión del agronegocio en el departamento de Santa Cruz expande también agrotóxicos cada vez más nocivos para el suelo, para el aire, para el agua; pero además despoja del acceso al agua, contamina toda forma de producir nuestros alimentos, genera problemas de salud para la población, afectando toda forma de vida y quitando fertilidad a las tierras.
9. El incremento exponencial de la ganadería en la Chiquitania, está provocando una mayor deforestación y la priorización del agua para la ganadería, que está despojando a las comunidades del acceso al agua, como un derecho fundamental para la vida.
10. El agronegocio con aditivos agrotóxicos e insumos subvencionados no es rentable porque la deforestación que ocasiona no le genera réditos económicos al país, ni es la forma de alimentar a la población de manera sostenible. Es necesario generar modelos de agroecología, de agricultura orgánica que implica el cuidado de nuestras semillas nativas, el cuidado de nuestros suelos, el uso adecuado de los recursos hídricos, pero además el uso de los conocimientos de producción ancestrales para la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Sabemos que es difícil cambiar hacia modelos más sostenibles, pero no se trata de favorecer a un sector económico, sino de pensar en que es imperante modelos más sostenibles de producción para enfrentar las crisis de cambio climático y la sequía de los recursos hídricos.

Sector Minería, Áreas Protegidas y Territorios Indígenas

11. Históricamente Bolivia es un país que ha “sobrevivido” de la explotación de minerales como la plata, el estaño y el oro, que en los últimos años ha pasado a una explotación irracional en ríos de la Amazonía como el Rio Mapiri, Kaka, Guanay, Tipuani, Beni, Madre de Dios, Orthon, Tuichi (y sus nacientes Pelechuco y Amantala), Rio Quiquibey, Rio Tequeje, Rio Madidi, Rio Pilcomayo y Rio San Juan del Oro, estos dos últimos, correspondientes a la Cuenca del Plata, y la cuenca del Río Cala Cala en Tierras Altas, condenando a estos ríos y los paisajes que los rodeaban a ser escenario de minería a cielo abierto por la destrucción sin precedentes de montañas y la contaminación de los ojos de agua.
12. Desde el año 1997, hubo estudios que alertaron sobre la contaminación con mercurio en poblaciones indígenas de la Reserva de Biosfera Pilón Lajas, Madidi y Rurrenabaque, en la Amazonia. Y en 2010, otro estudio expuso datos de altos niveles de contaminación en mujeres en edad reproductiva del pueblo Esse Eja, con el agravante que ninguna de estas poblaciones realizaba ni realiza actividad minera y más bien basando su dieta alimentaria en peces como el surubí.
13. El 2021, la CONTIOCAP en coordinación con organizaciones de investigación independientes como el CEDIB y la Universidad de Cartagena de Colombia, realizamos otro estudio en las poblaciones que habitamos en los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, dando resultados alarmantes que han sido presentados en audiencia temática ante la CIDH. Similar estudio se replica en poblaciones del Rio Madre de Dios con resultados igualmente preocupantes, que se han puesto en el conocimiento del Estado. Más aún, estas denuncias han sido compartidas ante organismos internacionales de protección de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en cuyo XV periodo ordinario de Sesiones, el 20 de septiembre de 2022, el Relator Especial sobre Residuos tóxicos y DDHH, Marcos Orellana, afirmó que “estamos frente a un problema de contaminación global”, y puso como ejemplo a no imitar, el caso de Bolivia.
La realidad que vivimos los pueblos indígenas que no hacemos minería se ha hecho de conocimiento público, y es demasiado alto el costo que estamos pagando por una violenta minería del oro, tanto la minería llamada legal como la minería ilegal que operan de la misma manera: despojo, saqueo, envenenamiento de los peces, del agua, de los suelos; destrucción paisajística de montañas ribereñas; devastación de la biodiversidad, desplazamiento y desaparición de culturas de comunidades indígenas al convertirnos en mineros, trata y tráfico de mujeres y niñas con fines de comercio sexual; y finalmente muerte de las generaciones futuras por la contaminación.
14. La otra minería que habla de transición energética e industrialización es la minería del litio, que no es otra cosa que la misma forma obsoleta de entrega de recursos y de expropiación del agua y recursos fundamentales para la vida de los hermanos pueblos que habitan en estos territorios. Porque la industrialización requiere de condiciones técnicas, tecnológicas y económicas, pero también de respeto de derechos para ser considerada una transición que nos saque de la fatalidad de la pobreza. Los pueblos indígenas tenemos desarrolladas nuestras propias formas de democracia, autogestión, autogobierno y autodeterminación, para el sustento de nuestras familias; estas formas de vida se ven amenazadas por políticas ideológicas como el capitalismo y el socialismo que se imponen de otros lados y no tienen nada que ver con la forma de vida de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Y según la experiencia de vida de los hermanos que habitan en estos territorios, como el Salar de Uyuni, el turismo genera más ingresos para la gente, pero el litio solo generará ingresos para las grandes transnacionales.
15. La minería del oro amparada por la ley Minera (hecha por mineros para mineros), es una política de gobierno que ha convertido a los territorios indígenas y Áreas Protegidas en botín político de repartición de tierras en el Norte de La Paz, con operadores como la Federación Tupac Katari, que tienen como plan colonizar esta región con 700 familias, bajo la fachada de grupos de “indígenas” que son utilizados o se prestan para hacer asentamientos en áreas sensibles como el Río Madidi. Allí, están proliferando las cooperativas mineras, con unas tasas de crecimiento de hasta 200%. Misma situación se repite en la Chiquitanía, y comunidades de Santo Corazón, en el AMNI San Matías, donde hay concesiones para la minería de Manganeso y se prevé el retorno de la minería de níquel, que beneficiará a las grandes transnacionales. Como consecuencia, las comunidades hoy ven que están siendo avasalladas y divididas para aceptar estas minerías.
16. Y la minería en Tierras Altas, como en el Ayllu Acre Antequera, la empresa Glencore y sus socios sucesores donde actualmente es la Canadiense Santa Cruz Silver Mining, han saqueado no solo los recursos minerales, sino el único recurso imprescindible, porque es vital, es decir, el agua y sus fuentes naturales. Ante ello, las comunidades han tenido que dejar la crianza de camélidos porque si no tienen agua ni para consumo humano, menos lo tienen para sus animales. La minería se vale de organizaciones políticas como el Pacto de Unidad y otras organizaciones sindicalizadas e indígenas, que sirven para defender intereses del gobierno y de las empresas transnacionales, atacando a las comunidades que defienden sus recursos vitales. Asimismo, desde el gobierno hacen cambios de normativas para la flexibilización de tiempos para que las empresas mineras puedan explotar oro sin cumplir ninguna normativa de control, mientras fomentan el enfrentamiento en las comunidades, entre comunidades, entre mineros e interculturales o campesinos, creando un estado de violencia donde el Gobierno deslinda su responsabilidad.

Situación de las defensoras y defensores ambientales y del territorio

17. Nuestros hermanos y hermanas que tienen la valentía de enfrentar a este Estado extractivista y protector de los grandes poderes empresariales del extractivismo, enfrentan persecución con procesos judiciales y amenazas a su integridad personal, tanto en Tierras Altas como en Tierras Bajas. Además, a veces, quienes deberían ser aliados nuestros, las propias organizaciones indígenas, se constituyen en otro agresor de nosotros, defensores de derechos ambientales y de los territorios, acusándonos de divisionistas o inorgánicos, cuando son ellos los que no cumplen con su función.
Estos dirigentes cooptados por el gobierno utilizan el mismo modus operandi del Gobierno, quien atropella los derechos de nuestros pueblos mientras se pone el rótulo de “Gobierno defensor de la Pachamama y de los pueblos indígenas”. Quienes se han convertido en el brazo facilitador y represor en nuestras comunidades, mientras se enmascaran como “defensores” de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en la Amazonía, estos dirigentes afines al gobierno, después de haber firmado convenios con el Estado para facilitar el ingreso de mega proyectos a nuestros territorios, o de haber apoyado normas que afectan a la Consulta Previa Libre Previa e Informada, ahora que la Cooperación Internacional ofrece abundantes recursos económicos para paliar la problemática del mercurio, ellos pretenden mostrarse con la máscara de “grandes defensores” lavando su cara para la cooperación internacional o para los organismos internacionales de derechos humanos.
18. Asimismo, las comunidades y líderes que defienden sus territorios y sus recursos como el agua y sus suelos, son criminalizados como avasalladores por las empresas y cooperativas mineras. Incluso desde los gobiernos municipales, departamentales y nacionales se les niega acceso a recursos para proyectos de salud, agua y otros, como perversas formas de disciplinamiento, represión y castigo.

RESOLUCIONES:

1. Rechazamos lo que la Ley Minera 535 está ocasionando en Bolivia; por tanto, exigimos su abrogación porque solo privilegia derechos de sectores privados corporativizados extranjeros que saquean el oro bajo la fachada cooperativizada, y no así los intereses del país. Es necesario entender que, con una ley minera que otorga privilegios anticonstitucionales a un sector, en términos de afectaciones prácticamente no existe diferencia entre minería legal e ilegal, porque ambas conllevan graves afectaciones al ser una ley total y absolutamente discriminadora de derechos y depredadora de la vida.
Además, denunciamos que cualquier concepto de “minería responsable” (“minería verde”, “minería sostenible”, etc.) que se pretenda imponer por cualquier medio o actores, no tiene otro fin que el de encubrir y liberar de responsabilidades a quienes ocasionan la destrucción de ríos, los territorios indígenas (como ejemplo Mapiri), la devastación de montañas, extinción de biodiversidad, muerte de cuerpos hídricos, empobrecimiento social de las poblaciones donde los jóvenes dejan de estudiar para convertirse en mineros, la trata y tráfico de mujeres y niñas para la explotación sexual en estos centros mineros, etc.
El mercurio es una gran parte del problema de la minería del oro que atenta contra la vida, pero todos los otros problemas asociados a esta actividad son igualmente letales para nuestras poblaciones, que no se van a solucionar con sustituir el uso de mercurio con cianuro u otros tóxicos.
Enfatizamos que la minería aurífera no es la base de la economía del país; con un 2,5% de regalías para el erario nacional no pueden aparentar serlo. Además, el saqueo subvencionado con combustibles, la destrucción ambiental, apropiación de recursos hídricos y degradación social que son pérdidas incalculables para el país, no compensa en lo más mínimo esa miseria de renta para el Estado. Es urgente que esta actividad deje de empobrecer al Pueblo Boliviano.
2. La Consulta Previa Libre debe ser, además, obligatoriamente con información fidedigna y verdaderamente libre según está establecido por la Constitución Política del Estado y los Convenios Internacionales. Las consultas deben tomar en cuenta nuestras propias normas y procedimientos, y no con la imposición de normas de menor rango como está previsto en la Ley Minera y de Hidrocarburos que hasta eliminan la consulta para imponernos otras formas de consulta ajustadas a su interés. Los procedimientos de consulta previstos en la legislación actual han degradado el derecho a consulta y lo han reducido a un simple trámite administrativo con el que se distrae y violenta a nuestras comunidades. Y por último el Estado decide si nuestra respuesta es de No Consentimiento.
Y no se trata de buscar nuevas reglamentaciones para ejercer el derecho a la Consulta Previa. En los Convenios Internacionales y la Constitución está suficientemente claro de cómo debe hacerse. Por tanto, rechazamos cualquier intento de cualquier instancia de impulsar una Ley de Consulta que solo favorecerá intereses empresariales y políticos, y sabemos que en esta coyuntura solo servirá para imponernos métodos ajenos y engañosos para todos los proyectos extractivistas que pretendan realizar en nuestros territorios y Áreas Protegidas.
3. Rechazamos de forma contundente la designación del nuevo Ministro de Medio Ambiente, quien lejos de defender el medio ambiente, el agua y la vida, defiende intereses mineros, empresariales y políticos, dejando en evidencia su incapacidad para ejercer tal cargo.
4. Rechazamos el nombramiento del nuevo director ejecutivo del SERNAP, por tener antecedentes de haber firmado convenios y apoyo a normas que han puesto en peligro territorios indígenas y áreas protegidas. Quien además cree que las áreas protegidas se deben “desarrollar”, lo cual indica que el nuevo director carece de conocimientos para el manejo de las áreas protegidas, y su designación responde a intereses políticos, apoyado por organizaciones que también ponen en riesgo las áreas protegidas. El SERNAP debe garantizar la protección de las áreas protegidas con funcionarios probos y con guardaparques capacitados y con vocación, y dotándolos con equipos adecuados para ese propósito. Asimismo, el SERNAP debe abstenerse de violar derechos de las poblaciones que ancestralmente vivimos en territorios que hoy son parte de las áreas protegidas, impidiéndonos el tránsito por defenderlo, y criminalizándonos por utilizar recursos para nuestra autogestión territorial y subsistencia. La gestión de las áreas protegidas debe ser con quienes nacimos y vivimos dentro, con nosotros quienes somos los verdaderos protectores, ya que el SERNAP actualmente es un brazo operativo de las actividades extractivas como la minería e hidrocarburos.
5. Se debe elevar a rango de Ley la Declaración sobre Defensores de derechos y del medio ambiente así como de pueblos indígenas que defendemos nuestros territorios para que ya no seamos criminalizados y procesados, ya que hasta ahora el acuerdo de Escazú no se cumple en Bolivia.
6. El INRA debe detener la dotación de nuestros territorios a terceros ajenos y las tierras fiscales deben ser tituladas con prioridad a quienes ancestralmente han vivido en la región, y declararlas como áreas protegidas municipales, tanto en Tierras Altas como en Tierras Bajas, para garantizar el bienestar de las poblaciones futuras de la región y del Pueblo Boliviano.
7. Denunciamos el rechazo de la Acción Popular para la titulación del territorio de nuestros hermanos Tsimanes del sector de Yucumo, por ser una flagrante violación a su derecho al territorio y someterlos a la desaparición, porque sin territorio los pueblos indígenas no existimos.
8. El agronegocio debe detener su avance hacia áreas protegidas y territorios indígenas porque están dejándonos sin agua afectando a nuestra calidad de vida.
9. Exigimos a la Asamblea Legislativa que debe crear una ley de protección de todos los recursos hídricos, cuerpos de agua, como una decisión de nuestros pueblos para garantizar el derecho fundamental de acceso al agua para el futuro del país que son nuestros propios hijos y nietos.
10. Exigimos que las infraestructuras de carreteras e hidrovías, eviten afectar Áreas Protegidas y Territorios Indígenas, y no sirvan para su invasión y despojo de territorios a los pueblos indígenas como se pretende en el TIPNIS, en el MADIDI en el Norte de La Paz, donde el Rio Madidi está siendo colonizado aceleradamente.
11. En 14 años de Estado Plurinacional, los pueblos indígenas no hemos logrado real participación con instituciones que garanticen la consolidación de nuestros derechos establecidos en la Constitución Política, con nuestros representantes formando parte de todas las estructuras de los diferentes niveles de gobierno en igualdad de condiciones. Y mientras nuestros territorios no sean consolidados para vivir con autonomía, autogestión y autodeterminación; y por el contrario estén fragmentados tanto por la política nacional que aplica el INRA, como por las expropiaciones en favor de los grandes capitales extractivistas y la dotación a terceros ajenos de nuestros territorios, este Estado no es Plurinacional.
12. Finalmente, declaramos que el único propósito de nuestras acciones es preservar la vida de al menos una tercera parte del territorio nacional, para preservar el agua, preservar las áreas protegidas de categoría nacional y municipal y así garantizar la vida a las próximas generaciones. Y como defensores y defensoras nuestro objetivo es contribuir a los diferentes niveles del Estado, haciendo conocer lo que las políticas centrales basadas en el extractivismo están afectando la vida de poblaciones vulnerables como nuestros pueblos indígenas que ancestralmente habitamos donde hoy estas actividades se realizan, para que el gobierno tome acciones correctivas o de redireccionamiento de esas políticas.

¡LUCHAR POR EL TERRITORIO ES LUCHAR POR LA VIDA!!!!
Firmada en Roboré, por 30 resistencias a nivel nacional que representan a sus Naciones, Pueblos y Comunidades.