Comité de Derechos Humanos de la ONU pide a China mecanismos para investigar y sancionar las actividades lesivas de sus empresas y bancos en el extranjero
Con motivo de la tercera evaluación de la República Popular China (RPC) realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas (ONU) este pasado febrero, una delegación de 11 organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) y representantes de comunidades afectadas, junto al Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) y FIAN Internacional, se hicieron presentes en Ginebra. Las organizaciones solicitaron al CDESC que recomiende a la RPC el respeto, protección y cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales relacionadas a los derechos económicos sociales, culturales y ambientales contenidos en el Pacto DESC y otros instrumentos de la
ONU firmados y reconocidos por China, por parte de las empresas y bancos estatales y semiestatales chinos en el contexto de los proyectos con participación china en América Latina.
El pasado enero, CICDHA y el ISHR presentaron al CDESC un informe que documenta los impactos de las actividades empresariales chinas en 14 proyectos promovidos en 9 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
El reporte demuestra vulneraciones a los derechos de pueblos indígenas, el derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, y varios derechos civiles y políticos, los cuales están protegidos por tratados, pactos y convenios de la ONU. Además, el reporte sostiene que “…China es uno de los mayores inversionistas en América Latina y que tiene una enorme responsabilidad de evitar los efectos negativos de los proyectos en los que participan sus empresas o que son financiados por sus bancos”
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