Blog de Eduardo Gudynas

“Un problema que se repite en países de América del Sur es el debilitamiento de las capacidades de control, monitoreo y fiscalización estatal” — esta es una de las ideas que compartí en un diálogo con el periodista Martín Zelaya, director del suplemento Ideas del periódico Página Siete, de La Paz. Lo que sigue es la entrevista que se publicó en ese medio, y que la comparto en este post. Es necesario agregar que Ideas, es en estos momentos uno de los mejores suplementos en política, sociedad y cultura en la prensa sudamericana.
“Más que enemigo, el Estado es un amigo ausente” – El uruguayo Eduardo Gudynas habla sobre la situación actual de las políticas ambientalistas en Bolivia y los países de la región. Generar una conciencia, primero, y luego un debate eficaz hacia la formulación de estrategias sociales y estatales alternativas al extractivismo minero, petrolero y agrícola es la mayor preocupación de Eduardo Gudynas.

Este uruguayo, uno de los mayores expertos latinoamericanos en temas de ambientalismo y defensa de las políticas de desarrollo sostenible, estuvo en La Paz en días pasados para dictar un taller sobre periodismo y ambiente, y sostener encuentros con economistas, representantes de sindicatos y de entidades de desarrollo regional.

– ¿Cómo ve el tratamiento del tema ambiental en la prensa sudamericana?

– Mis primeras impresiones son que la mejor cobertura está en los países andinos y en Brasil, sobre todo en Colombia, por diversos factores coyunturales (hay una polémica porque el Gobierno propone una categoría de licencias ambientales exprés); me parece que en los países del cono sur es un tema pendiente. Pero como debilidad general, me parece que hay algunas tensiones.
Hay una tentación de enfocar el tema ambiental abordando lo llamativo: una especie en peligro de extinción, o un tema de alerta de contaminación o lo referido al problema del cambio climático.

Lo malo de esto es que temas de fondo, más sustanciales como la relación ambiente y desarrollo, que son más difíciles de abordar, se tratan menos y mal; por ejemplo, las causas de fondo para la deforestación, la problemática de la minería o de los monocultivos, que son temáticas complejas porque son a la vez ambientales, económicas y políticas.

– ¿Y qué nivel de involucramiento ve en las sociedades de la región?

– Es variable. Por ejemplo, en épocas de bonanza económica, la gente se preocupa mucho más por el ambiente, pero en momentos de crisis las prioridades son el empleo, el salario, la salud; a nivel de opinión pública en general, el tema ambiental siempre está en un vaivén…
Por otro lado, el hecho de que nuestros países sean esencialmente exportadores de materia prima, de recursos naturales, exige, o debería exigir un mayor interés de las clases sociales y del Estado.

– En los papeles, el Estado está llamado a encabezar la defensa ecológica, la conservación ambiental, pero en los hechos, ¿no será que la mayoría de la gente lo percibe como el principal enemigo, el depredador de la naturaleza?

– Te respondo de dos maneras: según cómo creo que lo ve la gente: depende de las circunstancias; por ejemplo, una comunidad puede ver una amenaza ambiental en las actividades de una empresa transnacional, en una ONG o en un emprendimiento del Estado, eso es muy variable.

Es frecuente encontrar cuestionamientos ciudadanos de que el Estado no cumple adecuadamente su mandato de control ambiental, de asegurar los derechos a un ambiente sano o mecanismos de participación ciudadana. No es tanto que el Estado sea visto como un enemigo, sino más como el amigo ausente.

Por otro lado, según cómo veo yo la situación: varios estudios evidenciaron en el último año que un problema que se repite en países de América del Sur es el debilitamiento de las capacidades de control, monitoreo y fiscalización estatal. Y esto es debido a dos componentes: a la incapacidad e ineficiencia del Estado y, paralelamente -lo que es más preocupante-, a que hay acciones específicas de algunos gobiernos que quieren rebajar los controles ambientales, lo que en términos genéricos se llama flexibilización ambiental.

Este proceso se identificó por primera vez durante el primer Gobierno de Lula da Silva en Brasil. Ahora lo vemos en Colombia con lo de las licencias exprés, y también en Uruguay donde el presidente Mujica acomete contra sus propias normas ambientales; y pongo estos dos últimos ejemplos porque se trata de dos países con gobiernos contrapuestos ideológicamente.

– ¿Por qué los gobiernos, sea cual sea su inclinación, caen casi siempre en algún momento en estas tentaciones?

– Porque buscan maneras de mejorar sus exportaciones, sus ingresos y caen en el extractivismo: se embarcan en grandes proyectos mineros, petroleros o agropecuarios y se encuentran con que sus propias instancias ambientales son impedimentos para llevar adelante estos sus planes.

En los últimos años en América Latina hemos identificado a muchos estados compensadores… que son los de gobiernos llamados progresistas, como Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, que han aprovechado la bonanza económica de las materias primas para mantener su funcionamiento: a base de un gran abanico de programas sociales, asistencias, bonos o subsidios.

Hay una fuerte tensión y contradicción entre apoyar y promover proyectos extractivistas para sostener programas sociales pues, si bien inicialmente se generan recursos, a la larga se da un rechazo social cada vez mayor.

– ¿Y pasa lo mismo con los gobiernos de la llamada ola progresista actual que lo que pasaba con los de la etapa neoliberal?

– Hay que decir que la construcción de la normativa ambiental sudamericana comenzó en la década de los años 70. Desde entonces en casi todos los países de la región ha habido todo tipo de gobiernos -incluso dictaduras- y en este lapso hubo etapas de mejor o peor gestión ambiental.

Lo interesante es que la primera gran oleada de iniciativas o normas de defensa del ambiente se dio en gobiernos de centro o conservadores, pero en juego con oposiciones (parlamentarias) de izquierda que eran las que presionaban políticamente.
En el caso de Bolivia, por ejemplo, la izquierda en oposición era mucho más ambientalista que ahora en el Gobierno.

– Está planteado y abierto el dilema de qué grado de sacrificio ambiental estamos dispuestos a hacer en pos de la calidad de vida, de un desarrollo mínimo, de una oportunidad de progreso. ¿Qué reflexiona al respecto?

– Ni los grupos más excesivamente proteccionistas que conozco reclaman una naturaleza intocada. Éste es un invento de los críticos del tema ambiental.

El ambientalismo serio dice que debe haber un balance entre qué recursos se van a utilizar, qué daño es aceptable y cuáles son los beneficios para la sociedad. Es necesaria una planificación a escala país para ver qué zonas van a ser preservadas por su valor ecológico y por qué, y cuáles no.

El problema es que cada vez es más difícil abrir un debate de este tipo de manera sana y razonada, debido a la presión económica para alimentar las exportaciones.

– ¿Qué desafíos tenemos por delante, qué es lo que más debe preocuparnos como sociedad, como Estado?

– Te digo un desafío específico para el contexto boliviano: me parece que hay que reaccionar ante los factores de presión e impacto ambiental más graves de los últimos años, todos asociados al extractivismo sea minero, petrolero o de monocultivos. Lo urgente, para los problemas más graves, por su intensidad ambiental, por su cobertura territorial… es comenzar a debatir estrategias de salida postextractivista… y esto lo digo también porque hay evidencias de que el ciclo del alto costo de las materias primas está llegando a su fin.