La disputa entre los intereses nacionales bolivianos y las transnacionales en el sector hidrocarburos sigue vigente. A pesar de los esfuerzos por mantener la soberanía energética, el gobierno enfrenta presiones para modificar leyes que protegen los recursos naturales.

El actual debate se centra en la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la necesidad de fortalecer la industria estatal. Los bolivianos deben cuestionar cómo se utilizan los recursos y demandar un enfoque que priorice el desarrollo nacional frente a los intereses foráneos.

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