Un nuevo proyecto de ley amenaza la propiedad estatal sobre los recursos naturales en Bolivia, debilitando las facultades del Estado y continuando con la desnacionalización de la minería y de la COMIBOL.
La economía nacional se basa en regalías e impuestos de la explotación de recursos, con el Estado participando solo con un 6% en minería y un 13% en hidrocarburos. A pesar de fracasos con empresas extranjeras, la política económica sigue favoreciendo al sector privado. La ejecución de COMIBOL muestra serios problemas en sus proyectos de inversión, lo que pone de manifiesto el fracaso de la política de «industrialización» desde 2006.
