RESTITUCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A FAMILIAS CAMPESINAS DESALOJADAS ILEGALMENTE EN LA PROVINCIA VELASCO
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

La Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de Santa Cruz y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – UNITAS, denuncian la desesperante situación humanitaria en que se encuentran más de 200 familias campesinas quienes han sido despojadas de sus tierras en el norte de la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz.

El 20 de abril de 2010, y después de varios incidentes y atropellos-contra los comunarios a raíz de la tensa convivencia entre los ganaderos ilegalmente asentados y las comunidades de los Sin Tierra, un grupo de personas armadas, pagadas y organizadas por ganaderos y terratenientes de la provincia Velasco ingresaron a la comunidad de Tierra Hermosa desalojando por la fuerza a las 85 familias de la comunidad. Actualmente la comunidad está resguardada por gente armada que impide el regreso de los comunarios, quienes debieron huir a otras comunidades vecinas, perdiendo todas sus pertenencias y posibilidades de sustento.

Frente a estos actos, el domingo 25 de abril, una comisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), integrada por el director nacional, Juan Carlos Rojas y el entonces Viceministro de Tierras, Víctor Camacho, además de miembros de la directiva del Movimiento Sin Tierra de Bolivia, se trasladaron al lugar para atenderla denuncia realizada por el MST-B, pero fueron violentamente atacados; a los atacantes se sumó un grupo de personas contratadas. Producto de estos luctuosos hechos resultaron heridos el propio director nacional del INRA, y 5 hermanos del MST-B, quienes debieron escapar de la turba enfurecida que casi los lincha.

El lunes 26 más de 80 personas fuertemente armadas, bajo amenazas de muerte y de forma violenta, expulsaron de sus casas a mujeres, jóvenes y niños de la comunidad de Chirimoyas, quienes quedaron durante más de dos días dispersos por el monte sin abrigo, alimentación ni cobijo. En el hecho, se les sustrajo las pertenencias personales, enseres, y sus casas fueron destruidas. La producción agrícola recientemente levantada, consistente mayormente en arroz, maíz y maní, indispensables para su sustento futuro, fue destruida. A su vez, sustrajeron una motocicleta, un radio comunicador y tres GPS de la organización comunitaria, que son utilizados para la ejecución de un proyecto con la Unión Europea, la organización francesa Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras y el Centro de Estudios Jurídicos é Investigación Social. Las familias expulsadas de sus propias tierras tituladas legalmente, a duras penas llegaron a la comunidad campesina «Los Angeles», donde se resguardaron de quienes les amenazaron de otras acciones si es que intentaban volver a recuperar sus tierras.

En este momento se encuentran 105 niños/as, 74 mujeres y 110 hombres en estado de total precariedad, desamparo y desprotección de cualquier ayuda oficial. Por otro lado 10 miembros del MST se han declarado en huelga de hambre en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Las comunidades de Chirimoyas, Tierra Firme y Tierra Hermosa fueron tituladas como comunidades campesinas agroecológicas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria en el año 2008 con títulos ejecutoriales firmados por el Presidente de la República y entregados a sus beneficiarios, previo cumplimiento de todos los pasos legales establecidos en la Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria N° 3545 aprobada el 28 de noviembre de 2006.

Se realizaron 7 denuncias y varias querellas ante el Ministerio Público y la Policía Nacional con asiento en el municipio de San Ignacio. Ninguna ha tenido resultado positivo y ni siquiera han sido detenidos los autores de los hechos. Por otro lado, el Subprefecto de la provincia, quien es el responsable legal de la seguridad en esa zona, públicamente y en dos oportunidades, ha declarado que ha participado materialmente en los hechos denunciados prestando camiones para expulsar a los comunarios de sus propias casas. Pese a las intensas gestiones, tampoco conocemos de ninguna acción efectiva de parte del Gobierno Nacional, Ejército, Policía Nacional u otro organismo de seguridad que haya intervenido ante esta situación.

Portado lo expuesto y ante semejante atropello a la dignidad humana contra gente indefensa, desprotegida totalmente de la justicia y autoridad en esa zona:

1. Condenamos este acto de violación de los derechos humanos más elementales de familias indefensas quienes tienen legalmente constituidos sus derechos.
2. Exigimos la inmediata y enérgica acción de las autoridades competentes para que restituya las minorías condiciones de seguridad y ayuda humanitaria para los niños, niñas, mujeres y hombres desplazados.
3. Exigimos al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la restitución inmediata del libre goce, uso y disposición del derecho de propiedad agraria legalmente reconocido a las comunidades afectadas.
4. Exigimos a la Fiscalía del Distrito del Departamento de Santa Cruz y la Fiscalía General de la República el inmediato procesamiento de todos los responsables de estos hechos.
5. Pedimos a todos las organizaciones de DDHH de Bolivia y el mundo solidarizarse con esta lamentable situación.
Mayo de 2010

Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – UNITAS:

Fundación ACLO – APT – CEDIB – CEDLA – CENDA – CEJIS -CEPROMIN – CERDET – CESA- CIAC- CIDEM – CIPCA – DNI BOLIVIA – DESAFIO – IIADI – INDICEP – IPTK – IICCA – ISALP – FUNDACIÓN URAMANTA – KURMI – MUJERES EN ACCIÓN – OASI – PIÓ XII – PROMUTAR – QHANA – SEMTA – TEAPRO – YUNTA

Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de Santa Cruz: CEJIS – CIPCA – ALAS – Colectivo Rebeldía – Casa de la Mujer – DNI Santa Cruz – Desafío -Colonia Piraí – Propuesta – Formasol – Fundación