Avances en el Reconocimiento de Derechos en Bolivia
Bolivia ha logrado avances significativos en el reconocimiento de derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente y los pueblos indígenas. La Ley N° 1257 (1991) ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) sobre la consulta previa a pueblos indígenas, tribales y afrodescendientes. Además, la Ley N° 3760 (2007) elevó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a rango de ley. Recientemente, la Asamblea Legislativa ratificó la Ley N° 1182 (3 de junio de 2019), que adoptó el Acuerdo de Escazú, el cual aborda el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Impacto de la Exploración y Explotación de Hidrocarburos
A pesar de estos avances legislativos, las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos afectan actualmente 28 millones de hectáreas en Bolivia, aproximadamente el 25% del territorio nacional. Once de las doce ecorregiones del país están comprometidas con actividades petroleras. Además, existen derechos mineros sobrepuestos en 1,848 ríos y 39 cuerpos de agua, que, considerando las microcuencas, impactarán al 64.5% del altiplano y al 50.6% de la Amazonía.
La frontera hidrocarburífera afecta el 37.64% de los territorios indígenas titulados. En la región amazónica norte, 13 de 15 territorios titulados están sobrepuestos por áreas hidrocarburíferas; en la región Chapare-Moxos, 5 de 6 territorios enfrentan la misma situación; y en la región del Chaco, todos los territorios indígenas están comprometidos. En total, 27 territorios indígenas sufren los impactos de la contaminación petrolera.
Falta de Implementación de Recomendaciones
La magnitud de estas actividades y los impactos negativos sobre los derechos humanos no se alinean con las recomendaciones recibidas por Bolivia en ciclos anteriores de evaluación. De las 315 recomendaciones, solo 4 se refieren al medio ambiente, 3 al agua y 3 a la consulta previa con los pueblos indígenas.
Desafortunadamente, estas recomendaciones no han sido implementadas adecuadamente. Las normas que promueven actividades altamente contaminantes, como la Ley de Minería (N° 535 de 2014) y los Decretos Supremos relacionados con la consulta previa en actividades petroleras (No 2298 de 2014), están mal formuladas y no se aplican efectivamente. Además, el Estado boliviano ha autorizado actividades petroleras en áreas protegidas (Decreto Supremo No 2366 de 2015) que son hábitats de pueblos indígenas, algunos en aislamiento voluntario. Estas legislaciones desvirtúan el principio de legalidad y vulneran los derechos de los pueblos indígenas.
Léelo en inglés: Indigenous peoples and environment – Report: EPU Third Cycle Bolivia 2019
