La sociedad civil organizada respalda el proyecto de ley que propone debates públicos y obligatorios entre candidatos(as) a cargos públicos. Esta iniciativa busca promover una reflexión informada sobre las propuestas electorales, alineada con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

Más de 100 redes, instituciones y activistas consideran positiva esta medida para fortalecer la democracia, la circulación de ideas y el ejercicio del voto informado.