l artículo discute por qué el gobierno «antiimperialista» de Bolivia apoya los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI fue creado en 1989 para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y desde entonces ha ampliado su enfoque para incluir la identificación de fuentes y métodos de financiamiento del terrorismo, sistemas financieros vulnerables y financiamiento de armas de destrucción masiva. Las cuatro fases del desarrollo del GAFI están estrechamente relacionadas con la política exterior de los Estados Unidos y sus efectos en el mundo.

Las regulaciones del GAFI tienen el potencial de someter a las organizaciones sin fines de lucro a una excesiva regulación y vigilancia estatal, lo que puede restringir el espacio operativo y político de las organizaciones de la sociedad civil. Esto se puede utilizar para suprimir la disidencia y restringir el espacio para las organizaciones de la sociedad civil, puede utilizarse para acusar a los pueblos indígenas que luchan por sus derechos territoriales, a los trabajadores que exigen sus derechos laborales y a otras voces críticas, lo que lleva a la violación de los derechos humanos. Además, los países que se niegan a adoptar los estándares GAFI pueden ser nombrados y avergonzados y, en última instancia, incluidos en una lista negra.