El reciente conflicto en Camiri resalta la necesidad de recuperar los recursos naturales y apoyar la lucha de la población. Aunque no se abordará aquí el completo pliego petitorio del Comité Cívico de Camiri, es esencial mencionar dos demandas clave. Primero, la exigencia de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se convierta en una empresa operativa, asumiendo la operación de los campos marginales. Segundo, la creación inmediata de una planta de separación de líquidos para iniciar la industrialización petrolífera.
Estas demandas buscan profundizar la nacionalización, transformando a YPFB de mera administradora de contratos a ejecutora real, superando la «maldición» del gonismo desde 1996. Sin embargo, la respuesta gubernamental se ha limitado a «cuestiones técnicas», lo que genera inquietudes sobre la posible protección de los intereses transnacionales, particularmente de Petrobrás y Repsol YPF.
Los representantes de Camiri han dejado claro que no apoyan a la oligarquía terrateniente de Santa Cruz ni sus intenciones separatistas, y condenan la represión desmedida del gobierno. Esperamos que esta situación se deba a una falta de coordinación y no a un alineamiento con intereses transnacionales.
