El proceso de auditoría de las empresas petroleras en Bolivia, establecido por el gobierno a través del Decreto Supremo 28701 de nacionalización de los hidrocarburos, busca asegurar que el Estado ejerza su derecho sobre los recursos petroleros y gasíferos.
Según el Ing. Enrique Marica, este proceso tiene como objetivo verificar que las empresas entreguen las cantidades de hidrocarburos correspondientes en el punto de fiscalización, para que YPFB los comercialice tanto en los mercados internos como externos. Además, se auditarán las inversiones realizadas por las empresas, evaluando los costos, gastos y la amortización de las inversiones, con especial énfasis en los costos asociados a la perforación de pozos y la construcción de plantas de separación de gas licuado.
