En la historia reciente de América Latina, el capital transnacional ha impulsado políticas que favorecen su hegemonía en la explotación de recursos naturales. En Argentina, la privatización liderada por Carlos Menem en 1989 permitió el saqueo de los recursos estratégicos, como el petróleo y el gas, lo que dejó a la nación sin control sobre sus riquezas y sumió al país en una grave crisis económica y social.
De manera similar, en Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada implementó un modelo económico que despojó al Estado de la propiedad sobre los recursos naturales, lo que también provocó una crisis estructural y la consolidación de un modelo neoliberal depredador. Estos procesos, que privatizaron sectores clave y liberalizaron las economías, generaron una creciente brecha entre ricos y pobres, empobrecieron a las naciones y consolidaron la dependencia económica del capital extranjero.
El impacto de estas políticas neoliberales ha sido devastador para los países de la región, que, bajo promesas de estabilidad económica, han visto cómo se incrementaban la pobreza, el hambre y la destrucción de sus estructuras productivas.
La liberalización de los mercados permitió al capital transnacional tomar el control de los recursos estratégicos, relegando a los Estados a un rol subordinado de productores de materias primas sin capacidad de influir en sus propios destinos. Esta estrategia ha consolidado un modelo económico que favorece a las élites extranjeras y ha mermado la soberanía de las naciones latinoamericanas.
