El Decreto Supremo 28701 ha sido ampliamente criticado como un intento del gobierno del MAS de desviar la lucha popular por la nacionalización total de los recursos naturales hacia un proceso superficial que no afecta los intereses de las grandes transnacionales ni de la burguesía.
A pesar de las heroicas jornadas de lucha en 2003 y 2005, cuando las masas exigían la recuperación total de los hidrocarburos y el control estatal de las empresas estratégicas, el gobierno del MAS no cumplió con las expectativas de una verdadera propiedad social de los medios de producción.
En su lugar, se mantuvo el control de las transnacionales, con reformas que más bien buscaron asegurar la estabilidad del sistema capitalista y electoral del MAS, en lugar de avanzar hacia una verdadera emancipación social y política.
