En los últimos 20 años, las industrias extractivas en América Latina han estado marcadas por fenómenos globales y cambios estructurales en las políticas económicas. A principios de la década de 1990, la sobreoferta de materias primas llevó a la caída de los precios internacionales, especialmente en el sector petrolero, lo que redujo las inversiones en exploración. Sin embargo, a partir de mediados de la misma década, la creciente demanda mundial impulsó los precios, sobre todo debido a la subproducción de los grandes monopolios internacionales.
Este escenario coincidió con la implementación de reformas jurídicas y cambios en las políticas de los Estados latinoamericanos, orientados a atraer inversiones extranjeras, mediante la privatización de empresas estatales y la creación de marcos legales favorables a las transnacionales.
Desde los años 80, los países de la región han experimentado una transformación en sus relaciones con la inversión extranjera en las industrias extractivas. La privatización de empresas estatales de minería, hidrocarburos y otros sectores energéticos ha sido una tendencia generalizada, aunque en algunos países se ha dado de manera parcial.
Mientras que en Argentina y Bolivia las empresas estatales han abandonado por completo el sector de hidrocarburos, otros países como Perú, Brasil, Colombia y Ecuador han reducido el monopolio estatal, permitiendo que las empresas privadas extranjeras operen bajo condiciones de competencia. A pesar de las diferencias nacionales, la privatización y el fortalecimiento de las transnacionales en la región han sido tendencias predominantes.
