El fin de 2010 fue un punto crítico en la política de combustibles de Bolivia, marcado por la decisión del gobierno de liberalizar el mercado interno. Esta medida, que resultó en un aumento del 83% en el precio del diésel, fue presentada como una solución a la problemática del contrabando y la sostenibilidad financiera del país. Sin embargo, la lógica detrás de esta decisión es cuestionable, especialmente dado que Bolivia sigue dependiendo de las importaciones de combustibles.
La suspensión de la medida bajo la presión popular muestra el descontento generalizado y la falta de confianza en las políticas gubernamentales. En lugar de invertir en la capacidad productiva de YPFB, el gobierno ha optado por mantenerla en un rol regulador, lo que refuerza la dependencia de las transnacionales. Además, la propuesta de subsidios para las empresas extranjeras y el enfoque en la exploración, en lugar de fortalecer la producción interna, pone de relieve la naturaleza continuista de la política hidrocarburífera, que favorece a los intereses corporativos sobre las necesidades del país.
La situación plantea serias dudas sobre la viabilidad de una política energética independiente y sostenible en Bolivia, sugiriendo que las reformas necesarias son insuficientes para abordar los problemas estructurales del sector.
