La Agenda de Octubre 2003 en Bolivia impulsó la nacionalización de recursos naturales, especialmente hidrocarburos. Sin embargo, tras la desmovilización social, el poder se concentró nuevamente en los partidos políticos, limitando la nacionalización a una mera declaración. La nueva Ley de Hidrocarburos se centró en regalías, pero las transnacionales lograron mantener sus privilegios y exigir negociaciones favorables. YPFB quedó dependiente de estas empresas, sin capacidad para industrializar ni explorar efectivamente.
La escasez en el mercado interno fue utilizada como herramienta de presión, y ahora, con el agotamiento del petróleo, la industria enfrenta una fase de “no-industrialización”.
