En Bolivia, la minería ha sido históricamente una de las principales fuentes de pasivos ambientales, especialmente en regiones como Oruro. Después de más de 400 años de actividad minera, se estima que la COMIBOL hereda 1,7 millones de metros cúbicos de residuos polimetálicos en 18 áreas de colas y desmontes.
Estos residuos contienen altos niveles de metales tóxicos como plomo, arsénico, cadmio, zinc, cobre y pirita, lo que representa un grave riesgo para el medio ambiente y la salud pública. Además, la minería ha dejado otros pasivos importantes, como la contaminación por mercurio en el proceso de amalgamación de plata, que dispersó más de 40,000 toneladas de azogue en el medio ambiente durante la época colonial.
El concepto de «pasivos ambientales» se refiere a los daños y residuos de actividades económicas, en este caso la minería, cuyos costos son asumidos por la sociedad en lugar de las empresas responsables. Estos daños incluyen tanto los materiales sin uso como los gastos que se deben destinar para la remediación. Las externalidades, en términos económicos, son los costos que las empresas imponen a la sociedad sin compensación, y en Bolivia, la minería ha generado una enorme cantidad de estos pasivos, afectando no solo a los ecosistemas, sino también a las comunidades que dependen de estos recursos naturales.
