El 13 de abril de 2004 marcó un hito en la presidencia de Carlos Mesa, cuando anunció la convocatoria a un referéndum que se consideró crucial para la democracia en Bolivia. Con una ceremonia en el Palacio Quemado, cuidadosamente preparada, Mesa presentó un decreto supremo que permitiría consultar al pueblo boliviano sobre diversas cuestiones clave.
En los 40 días previos, la ciudadanía aguardó expectante las preguntas del referéndum. Entre las cinco preguntas enviadas, la cuarta se destacó por su importancia: la consulta sobre la política de utilizar el gas como recurso estratégico para lograr una salida soberana al océano Pacífico, una estrategia que alineaba al gobierno con la histórica demanda de recuperación del mar, especialmente después del conflicto del «octubre negro».
El referéndum y la consulta pública sobre el uso del gas para la reivindicación marítima formaban parte de una política exterior más agresiva impulsada por el gobierno de Mesa. Esta propuesta de «gas por mar a Chile» buscaba cambiar la narrativa de la política exterior boliviana, buscando un acceso soberano al océano Pacífico, en línea con la oposición a la exportación de gas a través de Chile, una medida que los gobiernos neoliberales previos intentaban implementar.
De esta forma, el referéndum se convirtió en un vehículo para que el gobierno de Mesa reafirmara el compromiso con la soberanía nacional, particularmente en lo referente a la histórica demanda marítima de Bolivia.
