Resumen revista Petropress 2
La Resolución 207/2006, destinada a recuperar el control estatal sobre la industria petrolera, provocó una reacción inmediata de PETROBRAS, lo que llevó a que el vicepresidente retrocediera y suspendiera la medida pocas horas después de su emisión.
Este episodio, que también contribuyó a la salida abrupta de Andrés Soliz Rada del gabinete, evidencia la limitada voluntad del gobierno para avanzar en la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos. Las transnacionales petroleras, que mantienen derechos consagrados en la Ley 1689 de Sánchez de Lozada, no están dispuestas a ceder en el control de la industria ni a reducir sus ganancias. Su enfoque se centra en maximizar ingresos sin preocuparse por la industrialización del gas natural o el consumo interno, dejando a la mayoría de la población sin acceso a los beneficios de estos recursos.
La reciente decisión del vicepresidente sugiere que el gobierno podría seguir las directrices de las empresas petroleras, lo que genera dudas sobre el verdadero impacto del Decreto Supremo 28701 y la posibilidad de lograr un control real sobre la industria.
Contenido
- La nacionalización se encuentra amenazada
- El regionalismo favorece a las transnacionales
- El misterio de la nacionalización
- La explotación del Mutún no beneficia a todo el país
- Cómo inviabilizar la industrialización del gas y la atracción de capitales al sector hidrocarburífero
- La prospección geológica en la región norte y occidental del país
- Ah, ¿Pero Repsol-YPF es española?
- Oruro, explotación minera y pasivos ambientales
- La política del «gas por mar»
- Incidencia de los hidrocarburos y la minería en la economía nacional
- Caricatura
- Cronología de los principales hechos entorno a los Hidrocarburos y Minería
