Recientemente, Bolivia ha recibido créditos significativos, incluyendo mil millones de dólares del Banco Central para YPFB y 20,000 millones de dólares del Banco Mundial. Sin embargo, el destino de estos fondos es incierto, con un enfoque claro en un proyecto de urea y amoniaco que prioriza a las transnacionales sobre el autoabastecimiento interno.
Las compañías petroleras, como Petrobras, dominan la producción, lo que limita la capacidad de YPFB y pone en riesgo la economía nacional, especialmente ante la baja de precios de las materias primas. La dependencia de los ingresos del sector petrolero, que representa el 43% del presupuesto estatal, plantea serios desafíos para el futuro, y la discusión sobre la política hidrocarburífera se ha centrado en la distribución de regalías en lugar de buscar un modelo económico sostenible.
