Las actividades de las petroleras en Bolivia se consideran ilegales, ya que sus contratos no cuentan con la aprobación del Congreso Nacional, tal como lo exige la Constitución. A pesar de un plazo de 180 días para adecuarse a la nueva Ley de Hidrocarburos 3058, las empresas no lograron adaptarse completamente a las nuevas condiciones contractuales. Sin embargo, la viabilidad de la nacionalización de los hidrocarburos no depende de aspectos legales, técnicos o económicos, sino de la voluntad política del Estado boliviano. Las empresas petroleras intentan frenar la nacionalización mediante procesos legales, arbitrales y electorales, aprovechando la influencia de bufetes internacionales y tribunales que suelen fallar a su favor.
Muchos sectores «legalistas» e «institucionalistas» en Bolivia han caído en la trampa de intentar declarar nulos los contratos, ignorando el poder económico de las transnacionales para prolongar los litigios. Las petroleras buscan que estos juicios se extiendan indefinidamente, mientras continúan explotando el gas de manera irracional. A lo largo del siglo XX, los países productores de hidrocarburos solo nacionalizaron sus recursos cuando adquirieron el poder político suficiente para imponer estas decisiones, algo que Bolivia intentó hacer en dos ocasiones. Las transnacionales nunca han renunciado voluntariamente a sus privilegios sobre los recursos energéticos, sino solo bajo la presión de movilizaciones sociales y políticas masivas que las obligaron a ceder parte de las rentas petroleras.
