Este informe elaborado por organizaciones de seis países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) analiza los devastadores efectos de la minería ilegal de oro, especialmente los problemas de salud causados por el mercurio. Esta actividad afecta gravemente los derechos humanos y la biodiversidad en áreas protegidas, mientras que defensores ambientales enfrentan amenazas constantes.
La falta de aplicación de las leyes ambientales permite que la minería ilegal se intensifique, contaminando ríos y perjudicando la salud de comunidades indígenas que dependen de sus ecosistemas. Los Estados deben reforzar la regulación y supervisión de estas actividades mineras, así como implementar el Convenio de Minamata, que regula el uso de mercurio.
El informe enfatiza la necesidad de cooperar regionalmente, demarcar territorios indígenas y garantizar la participación de estas comunidades en la toma de decisiones sobre políticas ambientales. En conjunto, denuncia la urgente interrelación entre la minería ilegal, la destrucción ambiental y las violaciones de derechos humanos.
