ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES URBANAS
PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
MANIFIESTO
Diversas organizaciones populares urbanas de Santa Cruz, Tarija, Oruro, La Paz, El Alto, Potosí, Sucre y Cochabamba nos hemos reunido en esta ciudad los días 4 y 5 de Septiembre, para analizar y debatir la actual situación de la participación y el control social en Bolivia. Asimismo, hemos debatido y perfilado unos nuevos contenidos y alcances de lo que deberá ser un nuevo modelo de participación y control social, que supere los limitados esquemas de la Ley de Participación Popular del año 94 y permita una real participación política de las población en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Fruto de este análisis y debate, elevamos a la opinión pública el siguiente MANIFIESTO.
1º) En estos más de 15 años de vigencia de la Ley 1551 de Participación Popular (LPP), elaborada sin participación de la población durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada, la población más pobre de las ciudades hemos sido testigos que esta ley no ha resuelto los problemas de pobreza y desempleo. El desarrollo integral sigue postergado. Nuestras organizaciones se han visto fragmentadas, desarticuladas, sujetas a la subordinación y el clientelismo por parte de las autoridades de los gobiernos municipales. La corrupción en estos gobiernos ha campeado, trasladándose en muchos casos a muchos dirigentes y vigilantes. Los Comités de Vigilancia se han alejado de sus bases, han funcionado casi como apéndices subordinados a las autoridades municipales y no han cumplido en definitiva su rol de defender los intereses de la población, mucho menos de contribuir a una efectiva fiscalización de la gestión pública.
Asimismo, la LPP nos ha encerrado solamente en el ámbito local y no ha permitido una participación y control social en el nivel departamental y nacional. Y en el ámbito municipal, ni siquiera se ha permitido tener una real participación en la toma de decisiones sobre todos los recursos municipales, sino sólo sobre los de Co participación Tributaria. Mucho menos las organizaciones hemos podido tener incidencia en las políticas municipales ni en todas las decisiones más importantes de los gobiernos locales.
2º) Por ello, en un contexto de proceso de cambio, con una nueva CPE que nos abre mayor horizonte de participación, nosotros afirmamos que es necesario superar el estrecho modelo de participación al que nos sometió la LPP y la ley de municipalidades. Debemos partir de otro enfoque de participación que, para nosotros se centra en la capacidad de decidir y en la capacidad de ejercer poder popular para cambiar la realidad. La participación y el control social es un derecho inalienable de toda la población y es deber del Estado garantizar su cumplimiento. A partir de la nueva ley de participación y control social, es todo el pueblo organizado y articulado el que debe ejercer de manera directa y sin intermediarios la participación y el control social, y la ley no debe definir un sujeto específico, como hizo la LPP con las OTBs y los Comités de Vigilancia.
3º) Por ello, afirmamos que la Participación y el Control Social debe ejercerlo todo el pueblo organizado y para ello urge la necesidad de crear una estructura organizativa desde nosotros mismos y no desde el Estado. Somos todas las distintas organizaciones de base las que debemos articularnos desde nuestros barrios y distritos, creando nuevas estructuras amplias, horizontales, incluyentes, participativas y con control desde las bases. Es a partir de estos espacios que debemos generar UNA SOLA ESTRUCTURA de participación y control social que, partiendo de la base, alcance todos los niveles del estado: municipal, departamental y nacional, de manera transversal.
4º) El Estado en este nuevo modelo debe promover y garantizar el cumplimiento del derecho a la participación y control social de la población. Para ello no tiene que reglamentar nuestra participación, sino más bien generar espacios de socialización de información sobre la gestión pública, respetar a las organizaciones sociales y penalizar todo intento de cooptación y subordinación clientelar por parte de autoridades y funcionarios públicos de instancias nacionales, departamentales y municipales.
Debe asegurar que exista una ley única de participación y control social que defienda a la población de los intereses de grupos de poder que pueden tomar el control en los espacios públicos.
5º) Por tanto, el actual gobierno que representa las esperanzas de amplios sectores populares, debe y comprometerse a que el proceso de elaboración de la nueva ley de Participación y Control Social parta recogiendo ampliamente las propuestas de las organizaciones populares y no caiga en la tentación de elaborar una ley con algunos técnicos y consultores, al margen de la población.
6º) Por nuestra parte, a partir de este encuentro asumimos el compromiso de jugar un rol protagónico en la elaboración de una propuesta de ley de Participación y Control Social que represente los intereses y demandas de los sectores populares urbanos de nuestro país. Para ello comenzamos conformado una Comisión Coordinadora Nacional de organizaciones populares, que se encargará de recoger propuestas por organizaciones para este efecto. Al mismo tiempo, convocamos a todas las organizaciones populares del área urbana y rural del país a sumarse a este manifiesto.
Es dado en Vinto, Cochabamba, a los 5 días del mes de Septiembre de 2009.
89 participantes de varias organizaciones populares urbanas, entre Juntas Vecinales, OTBs, Comités de Agua, Comités populares de Salud, Juntas Escolares, agrupaciones de mujeres, agrupaciones juveniles, agrupaciones de comunicadores populares y vecinos y vecinas en general de Santa Cruz, La Paz, El Alto, Oruro, Tarija, Sucre, Potosí y Cochabamba.
